Hay una pregunta que pocas instituciones públicas chilenas se atreven a hacer en voz alta: ¿qué país queremos ser en el futuro cercano, en los próximos 15 o 25 años?

La respuesta es incómoda porque nuestro sistema político está calibrado para actuar en el corto plazo. Los ciclos electorales imponen una presión que termina afectando incluso las decisiones que, por su naturaleza, exigen horizontes largos. La formación de capital humano avanzado, la inversión en ciencia, la política industrial o la infraestructura hídrica requieren coherencia sostenida en el tiempo, y lamentablemente, todas ellas son particularmente vulnerables a los cambios de gobierno.

Chile ha pagado ese costo. Cada cuatro años las prioridades se reordenan, los equipos rotan y los programas se interrumpen o se rebautizan. Estamos pasando por alto el hecho de que los países que logran dar saltos de desarrollo construyeron antes instituciones capaces de pensar y actuar más allá del ciclo político.

Hoy, además, vivimos un momento de transformaciones simultáneas y aceleradas: la inteligencia artificial está reconfigurando mercados laborales completos, la transición energética está redistribuyendo el poder geopolítico y el cambio climático está alterando las condiciones básicas de producción de alimentos, agua y energía. Estos fenómenos no se mueven al ritmo de los gobiernos de turno, y los países que no se anticipan quedan rezagados.

Para Chile, con una economía pequeña, abierta y concentrada en la exportación de recursos naturales, la exposición es doble. El cobre y el litio son activos estratégicos globales, pero su valor futuro depende de si construimos o no capacidades propias de procesamiento, tecnología e innovación alrededor de ellos. Sin eso, está el riesgo de terminar como proveedores de materia prima en una cadena de valor cuya inteligencia está en otra parte.

En este contexto, nuestro Consejo CTCI cumple un rol singular. Nuestro mandato no es gestionar la contingencia, sino entregar orientaciones estratégicas de largo plazo al Estado chileno, para orientar el conocimiento y la innovación, con independencia del gobierno de turno. De hecho, la Estrategia Nacional 2026 ofrece una hoja de ruta para avanzar hacia un modelo de desarrollo donde la CTCI sea un pilar estructural.

Sin embargo, hay una dimensión que suele quedar fuera del debate: el valor concreto de esta estrategia. ¿Qué gana una empresa que invierte hoy en innovación? ¿Qué gana un investigador que decide quedarse en Chile? ¿Qué gana una región que apuesta por desarrollar capacidades propias? La respuesta es competitividad, acceso a nuevas oportunidades, mayor resiliencia frente a las crisis y, sobre todo, capacidad de incidir en su propio futuro. La ciencia y la innovación son herramientas que permiten mejorar la productividad, diversificar la economía y generar empleos de mayor calidad.

El problema de fondo es conocido. Chile invierte apenas el 0,41% de su PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de la OCDE. Esa brecha se cierra con compromisos sostenidos, instituciones que monitorean avances y políticas que sobreviven a las elecciones. También se acorta superando la fragmentación, porque durante años, universidades, empresas, Estado y regiones han operado de manera aislada, sin una articulación que multiplique el impacto.

La evidencia internacional muestra que los países que lograron transformaciones profundas lo hicieron sobre la base de acuerdos de largo plazo. Finlandia, Corea o Singapur no esperaron tener el gobierno perfecto, crearon instituciones capaces de sostener una visión en el tiempo. Chile hoy tiene una oportunidad concreta en la transición energética global, donde sus recursos tienen un valor estratégico sin precedentes. Aprovechar esa ventana implica cumplir con lo que más cuesta, pensar en décadas y no en ciclos políticos.

Y si pensar en décadas no fluye de manera natural, hay que orientar los esfuerzos deliberadamente a contar con instituciones con mandatos de largo plazo, que estén protegidos y sean legítimos para la ciudadanía. Porque en un mundo que se reorganiza a una velocidad inédita, pensar a largo plazo es una condición para no quedarse atrás.

Por Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo