Hace casi dos años nos hicimos la siguiente pregunta en este espacio. ¿Qué diablos harán los gobernadores con tantos recursos y tan pocas atribuciones? El escándalo de las fundaciones demostró que esta combinación podía ser fatal, pero la cosa puede empeorar cuando se produzca el traspaso de competencias desde el nivel central. Esto elevará la burocracia a niveles insospechados mientras dure la transición, lo que puede tomar años.

Esto ya está ocurriendo en el Gobierno Regional (GORE) dirigido por Claudio Orrego. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo le traspasó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que define cómo y hacia donde deberá crecer la capital en los próximos 40 años. A diferencia de la mayoría de las tareas del gobernador, el PRMS es un asunto serio. Sus definiciones tienen peso legal y pueden impulsar o frenar inversiones claves.

Veamos algunos ejemplos. El PRMS define hasta donde puede extenderse Santiago y qué sectores deben excluirse al desarrollo urbano, lo que impacta directamente en la disponibilidad de terrenos y el precio de las viviendas. El PRMS define las densidades (habitantes por manzana) que deben respetar los planes reguladores comunales, una norma que mal diseñada generó el desastre de las torres de Estación Central y que hoy es clave para densificar los corredores de Metro. El PRMS también define las zonas industriales molestas, los polos de distribución logística, las fajas de reserva para futuros caminos o los terrenos que deberán ser destinados a parques y áreas verdes.

El PRMS fue diseñado en 1994, y ha experimentado más de 120 modificaciones parciales desde entonces, dejando un Frankenstein normativo, obsoleto para los desafíos actuales de la metrópoli. Este era el momento de hacer un plan nuevo y en eso estaba el Minvu, cuando Orrego pidió hacerse cargo. Como el GORE no tiene equipos ni experiencia, tuvo que mandar a hacer las bases para licitar los estudios que le darán forma al nuevo PRMS. La mala noticia es decidió abocarse solo al “diagnóstico”, que equivale a la foto del problema.

Gastaremos dos años en ese diagnóstico pese a que existen decenas de estudios similares, algunos realizados por el propio GORE. ¿Por qué no se ocupó esa información para ahorrar tiempo y recursos?. Nadie ha dado una explicación lógica.

Recién en 2027 se comenzará a trabajar en las propuestas, que tardarán cuatro años si el GORE se mueve rápido, lo que como supondrá, es altamente improbable. Por lo tanto, recién en 2031 podría entrar en vigencia un plan que se requiere para ayer. En este período de siete años cualquier modificación para corregir asuntos urgentes del PRMS –que abundan-, deberá ser resuelta por el GORE, con los problemas de equipos y experiencia ya descritos.

A esto debemos sumar los líos judiciales de Claudio Orrego. Al escándalo de Procultura que lo tiene en calidad de imputado, se suma una grave denuncia de la Contraloría General de la República, que detectó un desvío de fondos del GORE para actividades de la campaña de reelección del gobernador. De comprobarse este hecho gravísimo, Orrego podría ser imputado por otro delito, similar al que mandó presa a la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo que usó plata del municipio para pagar una encuesta de su campaña a la reelección.

¿Es razonable que una autoridad con tantos problemas se haga cargo de la planificación metropolitana de Santiago? Por supuesto que no. Incluso si Orrego sale libre de ambos casos, su cabeza estará en otro lado por un buen tiempo.

Hasta ahora la irrelevancia del gobernador era relativamente inocua. Pero otra cosa es teniendo a su cargo el principal instrumento de planificación territorial de Santiago. Por lo mismo, la primera tarea del próximo presidente será devolverle el PRMS al Minvu y acelerar su actualización, para afrontar los enormes desafíos que existen en materia de vivienda, conectividad o seguridad.

Por Iván Poduje, arquitecto.