La entrega al Presidente Boric del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento abre un período de análisis con la esperanza, hasta ahora frustrada, que La Araucanía y las provincias de Biobío que sufren la violencia y el terrorismo puedan dejarlos atrás, para entrar a una fase de progreso.

¿Se logrará ese objetivo? Es pronto para decirlo y dependerá de que la comisión haya entendido cabalmente la clave del problema que se quiere resolver: los incentivos para mantener este conflicto.

Las reacciones han sido hasta ahora diversas: a la visión optimista de Alfredo Moreno, quien habla del “cambio de un modelo que genera división a uno que construye encuentro”, se contrasta la de parlamentarios que ven rasgos “octubristas” en proposiciones como la autogobernanza de las comunidades indígenas y la de reactivar el proyecto de ley de Bachelet que define formas de participación de los pueblos indígenas en órganos políticos del Estado. Hay que hacer segundas y terceras lecturas del informe para cerciorarse de que no hay prescripciones de la propuesta que insistan en una idea que los chilenos rechazaron por una gran mayoría: que haya grupos en Chile que se rijan por normas de gobierno, administración de justicia y/o creación de leyes a través de órganos que no estén subordinados a la nación.

Así, es prematuro pronunciarse de manera categórica sobre el informe, cuando no se han clarificado cuestiones como cuáles de sus propuestas estarían sometidas a consulta indígena. Importante también es que aquellas que requieran aprobación del Congreso tengan una tramitación acorde a la complejidad de los temas planteados más arriba y de otros a los que me referiré a continuación. La importancia de un asunto de tan larga data no soporta acuerdos o leyes aprobadas sin conocer ni discutir textos definitivos.

Otros temas sobre los que falta claridad son el costo fiscal que tendría la propuesta, en particular, en lo que se refiere a la entrega de tierras. Se ha mencionado un costo de 4.000 millones de dólares a gestionar por la Agencia de Reparación, un monto no menor en medio del desajuste fiscal que vivimos. Pero, además, esa cantidad pudiera crecer por la posibilidad de presentar nuevas demandas de tierras, lo que contradice la afirmación de que con esta solución se acota y pone fin al tema de las tierras. Seis nuevas agencias estatales para administrar el proceso y los incentivos que allí se crean levantan la sospecha de que el fin del conflicto por esta vía podría ser una quimera.

Finalmente, resulta interesante la idea de un programa de acompañamiento a nuevos propietarios, pero debe estudiarse la manera en que se prevé un aseguramiento del abastecimiento de la industria forestal, una de las mayores del país. En fin, cuestiones relevantes sobre las que no hay claridad.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo