Tal como dio cuenta un artículo publicado por este medio, uno de los fenómenos más notorios del decenio que terminó ha sido la manifiesta erosión en la confianza hacia las principales instituciones del país. Fuerzas Armadas y Carabineros, Congreso, Tribunales de Justicia y Ministerio Público acusan en distinto grado el desapego ciudadano, lo que ciertamente debe ser una voz de alerta porque el deterioro de las instituciones implica que los conflictos y desacuerdos que hay en un país tenderán a resolverse por vías extrainstitucionales y no a través de ellas, como en cierto modo ya ocurre con el Congreso -con apenas un 11% de confianza, ubicándose al final de la tabla-, que peligrosamente tiende a volverse en mera caja de resonancia de la calle.

Las razones detrás del fenómeno son diversas, pero ciertamente los casos de corrupción o encubrimiento de situaciones irregulares en algunas instituciones ayudan a explicar por qué en los últimos años la pérdida de confianza se ha acentuado. Es el caso de Carabineros, que de ostentar un 61% de confianza en 2010 -y de ser una de las instituciones más valoradas-, para fines de 2019 había caído a 35%, donde el millonario desfalco que quedó al descubierto al interior de sus filas ha sido devastador. Los escándalos de abusos sexuales contra menores al interior de la Iglesia Católica la han llevado a un fuerte retroceso, ubicándose en apenas 19%. Ello probablemente explica el débil rol -cuando no inexistente- que le ha tocado desempeñar en la actual etapa de convulsión social que afecta al país, sin capacidad de arbitrar situaciones complejas, como ocurrió en el pasado reciente.

También debe ser motivo de preocupación que los tribunales de justicia (18%), o el Ministerio Público (19%) hayan descendido con fuerza, si bien a comienzos de la década tampoco mostraban índices especialmente elevados, lo que probablemente se conecta con la elevada percepción que existe respecto a la inseguridad frente a la delincuencia, fenómeno de larga data.

El deterioro de nuestras instituciones no parece, sin embargo, despertar la inquietud que de ello cabría esperar, ni de la ciudadanía ni tampoco de quienes tienen la responsabilidad sobre la conducción de las instituciones. No se ha sopesado el grave daño que se le puede estar haciendo a la propia democracia cuando sus habitantes pierden confianza en la capacidad de las instituciones, porque en esa misma medida se va debilitando el estado de derecho, y la pérdida de eficacia de aquellas inevitablemente afecta a todo el sistema. Estudios del Pew Research Center muestran que más de la mitad de la población estudiada en una veintena de países siente insatisfacción con la democracia, riesgo que no nos debería resultar ajeno.

Los delicados procesos que enfrentará el país este año y los venideros, exigirían especial robustez del sistema institucional, y de allí que resulte central que sus responsables se empeñen en mejorar su eficacia y transparencia de cara a la ciudadanía, evitando actuaciones populistas o alejadas del estado de derecho, el excesivo protagonismo personal o la mantención de privilegios insostenibles. La adecuada formación cívica de los ciudadanos también es una tarea ineludible.