La viralización en redes sociales de una serie de videos cuyo denominador común es el lenguaje prepotente de ciudadanos de este país que, ufanándose de un supuesto derecho de propiedad, sus redes o su reconocimiento profesional, nos muestra que en Chile la desigualdad sigue siendo un tema central. No se trata, por cierto, de la más evidente que tiene que ver con la desigualdad de ingreso, mal que mal, pese a que en Chile hemos superado los niveles de pobreza en casi 30%, seguimos aún con niveles de desigualdad relevantes, siendo uno de los peores países en política redistributiva de la OCDE. Estos episodios muestran un tipo de desigualdad que es también profunda en nuestra sociedad, que es la desigualdad de trato, aquella que se expresa en la vida cotidiana de las personas en forma de discriminación.

En efecto, el estudio (Des)Iguales de PNUD del año 2006 nos muestra que el 41% de la población encuestada (representativa a nivel nacional) ha experimentado malos tratos "muchas", "algunas" o "pocas" veces de: haber sido ofendido, pasado a llevar, mirado en menos, tratado injustamente, discriminado o tratado violentamente (sic). Esta discriminación se focaliza, además, socialmente, por cuanto el 50% de las personas pertenecientes a clases sociales bajas reporta haber sido víctima de alguna de estas formas de maltrato. A resultados similares llegó la encuesta de derechos humanos del INDH del año 2018, que señala los lugares donde más se discrimina es en la calle (espacio público), el lugar de trabajo y los lugares de estudio.

En esta perspectiva, no es menor que esté extendida en la sociedad chilena, particular, pero exclusivamente, en sectores de estrato social más bajo, la sensación de abuso de poder. Esto repercute en la manera de vivir juntos y en el espacio cotidiano de las personas. Luego, ello se transforma en desesperanza, frustración y una suerte de agresión contenida que siempre está a la defensiva frente a la posibilidad de una nueva vulneración de derechos. No es de extrañar, en esta perspectiva, que la desconfianza en muchas instituciones públicas y privadas esté instalada no sólo por varios escándalos que les han afectado o cuestionamientos que han enfrentado. Desde el mundo privado, un estudio de Criteria research del año 2018 nos muestra que existe una percepción de alto abuso y poco aporte a la ciudadanía sobre las AFP, las isapres, las compañías de seguro, las inmobiliarias, entre otras. Hay en ello un problema reputacional importante que dichas empresas debieran enfrentar y quienes toman decisiones debieran corregir.

Desde el mundo público, la cuestión del abuso debe ser enfrentado desde la política pública, porque efectivamente la desconfianza en las instituciones tiene que ver en parte con que entidades encargadas de velar por el bien común, se perciben poco efectivas frente a la hora de hacer frente al abuso. Por cierto, esta sensación se acrecienta cuando el mundo político es percibido por la sociedad como un "espejo roto", es decir, un lugar donde el país no puede reconocer su propia imagen (frase citada en el libro del PNUD y atribuida a León Gambetta para describir el Parlamento francés en el s. XIX).

El desafío que tenemos por delante como país es grande, porque en escenarios de desesperanza y desconfianza, donde la percepción de abuso se instala, la respuesta populista y fuera de la institucionalidad puede ser un camino fácil. El lado positivo es que, a juicio de lo que hemos visto en los últimos días, a propósito de la viralización y la denuncia de este tipo de abusos, existe en Chile una ciudadanía activa capaz de, a su modo, no tolerar más la prepotencia, el clasismo y la discriminación.