En 2022, Chile dio un paso decisivo al promulgar la Ley 21.430, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Se trata de un avance largamente esperado, que busca asegurar el ejercicio pleno de los derechos de más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Si bien este proceso aún no termina de completarse, urge dar cuenta sobre como ha ido su implementación.

El funcionamiento de las Oficinas Locales de Niñez (OLN) plantea desafíos institucionales significativos, derivados del cambio de paradigma hacia un enfoque integral, preventivo y universal de protección de derechos. Para consolidar un sistema de protección robusto se requiere de cambios en diferentes niveles que es necesario considerar. El cambio de paradigma busca superar el enfoque reactivo heredado de Sename, incorporando efectivamente la prevención y promoción de derechos en la lógica institucional y de equipos. Para esto, se requiere de una coordinación intersectorial y municipal que pueda ir evaluando la capacidad de las OLN para articularse con otros actores del sistema de protección, dentro y fuera del municipio, y operar como nodo articulador del sistema local de garantías. Además, el despliegue de la protección administrativa, facultad que representa una innovación sustantiva del modelo OLN, permitiendo que esta institución garantice derechos sin necesidad de pasar por el sistema judicial, salvo en casos excepcionales, implica un fortalecimiento de las capacidades resolutivas de la OLN y redefine su relación con otros actores del Estado. Asimismo, la atención social permite abordar directamente situaciones complejas de riesgo de vulneración sin necesidad de recurrir exclusivamente a derivaciones externas, sin embargo, su adecuada implementación requiere que los equipos puedan distinguir claramente cuándo corresponde activar este tipo de intervención, cuenten con herramientas técnicas y operativas suficientes, y dispongan de lineamientos normativos claros.

Bajo este nuevo modelo, la relación con la comunidad es esencial para contar con legitimidad social. Por ello, la confianza comunitaria es crucial para posicionarse como dispositivos de acompañamiento. De la misma forma, es importante ir evaluando las capacidades técnicas de los equipos para asegurar intervenciones de calidad, junto con la integración estructural al municipio, de manera que su estabilidad institucional y experiencias garanticen continuidad y articulación estratégica.

La evidencia ha sido clara, no basta con reaccionar ante la vulneración de derechos, es urgente prevenirla, para ello se requieren políticas públicas integrales, con enfoque territorial, intersectorial y con mayor capacidad de adaptación a las realidades locales. Lo que está en juego no es solo la implementación de una ley, sino la transformación de un sistema que se disponga efectivamente para proteger los derechos de la niñez y adolescencia, es el país entero el que debe estar a la altura para asumir este compromiso.

Por Francisca González C., coordinadora Estudios Infancia, Centro UC Justicia y Sociedad