Existe una idea ampliamente compartida, aunque pocas veces llevada a sus últimas consecuencias: no hay mejor política social que una economía capaz de generar empleo. A lo largo de la historia, los países que han logrado elevar sostenidamente la empleabilidad y los ingresos de sus ciudadanos son aquellos que lo han construido a partir de mejorar su capacidad de crecimiento, o mejor dicho, aumentar su PIB tendencial.

Si bien en teoría es una convicción transversal, en la práctica, las diferencias aparecen cuando se discute cómo alcanzarla. Mientras algunos ponen el énfasis en el rol del Estado, otros destacan la capacidad del sector privado para movilizar capital, innovación y empleo. Lo cierto es que ambas dimensiones son indispensables: Mientras que el Estado debe garantizar reglas claras, seguridad y confianza institucional, el rol del sector privado es fundamental como motor de creación de oportunidades.

La experiencia chilena ofrece una lección elocuente. Durante los primeros años de la década de los noventa, el país logró expandir su capacidad productiva a tasas superiores al 7% anual. Más allá de los ciclos internacionales favorables o desfavorables, existía una economía que aumentaba su productividad, acumulaba capital y generaba expectativas positivas sobre el futuro.

Hoy la situación es muy distinta. Lenta y progresivamente, la capacidad de crecimiento estructural (PIB tendencial) bajó sustantivamente de un 7% hasta un 1,9% que refleja un problema estructural que se ha incubado durante décadas: menor productividad, debilitamiento de la inversión y una creciente dificultad para impulsar nuevos proyectos. Esta realidad no constituye únicamente un desafío económico, sino que agrava un problema político y social. Una economía que crece poco limita la movilidad social, restringe los recursos públicos y aumenta la frustración de las expectativas ciudadanas. Por ello, la discusión de los próximos años no debiera centrarse exclusivamente en la distribución de un crecimiento escaso, sino en la capacidad del país para recuperar una trayectoria de expansión más ambiciosa. Los gobiernos pasan, pero las consecuencias de las decisiones que afectan la productividad permanecen por generaciones. Los liderazgos que generan los grandes aportes no son necesariamente aquellos que aprovechan un buen ciclo externo, sino los que crean con audacia las condiciones para que el crecimiento sea sostenible incluso en escenarios adversos.

En ese contexto, la reciente aprobación de la reforma miscelánea representa una señal positiva porque puede constituir el inicio de una agenda más amplia orientada a recuperar la confianza y destrabar el potencial de crecimiento del país. En pocas palabras, hay que mirar la película y no la foto en donde el verdadero desafío está por delante: promover un entorno seguro, facilitar la inversión habilitante, modernizar el mercado de capitales, adecuar las normas laborales a las nuevas dinámicas productivas y promover mejoras concretas de productividad debieran transformarse en objetivos permanentes de la política pública.

La gran pregunta no es si Chile puede volver a crecer más, sino si existe la voluntad política para construir acuerdos que permitan viabilizar razonablemente una capacidad de crecimiento tendencial del 4% o más. De hecho, la evolución virtuosa es un proceso permanente que se construye visibilizando siempre el rol de creación de oportunidades que aporta el sector privado, cuya coherencia da pie a la verdadera confianza de las personas que la sostienen.

En resumen, la capacidad de crecimiento no debería entenderse como una bandera ideológica o técnica, sino como un objetivo a nivel de política de Estado habilitante y atemporal con fuerte impacto en la empleabilidad cuya construcción en el tiempo es la mejor receta para abrir un ciclo de confianza y calidad de vida de las personas.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa