Buena parte del deterioro de la democracia en Chile y en el mundo tiene que ver con una idea que, por incómoda, es mejor no eludir: en nombre de sus principios, muchos ciudadanos perciben que el Estado abandona su deber, particularmente en materia de seguridad. Así, reducida a obstáculo, aumenta la disposición popular hacia soluciones fuera de los límites democráticos liberales. A quien teme ser despojado de sus bienes, de su vida o que sus hijos lo sean, difícilmente se le podrá exigir que en su temor medite sobre el valor de la democracia. Por eso, una cuestión esencial de la política es la pregunta sobre hasta qué punto el Estado debe perseguir el bien o evitar el mal. En este caso, de cuántas herramientas debe disponer el Ejecutivo para combatir el crimen y cuántas restricciones deben oponerse a ese poder para que no devenga en abuso.

El asunto es que las facultades que permiten hacer el bien son las mismas que permiten hacer el mal. Lo que necesita un buen gobierno para combatir el crimen puede ser igualmente útil a uno autoritario que aspira a ampliar su poder. Por eso, antes de proponer la disposición de semejantes atribuciones al Ejecutivo, todo gobierno haría bien en preguntarse si se sentiría tranquilo entregando esas mismas atribuciones a sus adversarios. El proyecto permite, por ejemplo, crear un nuevo estado de excepción que podría extenderse por largos meses antes de exigir un control político del congreso, habilitar importantes restricciones a la libertad personal e intromisiones a la privacidad. Buenas herramientas en manos prudentes, virtud que la Constitución nunca debiera suponer.

El gobierno probablemente asumió que pocas fuerzas políticas se opondrían a cualquier iniciativa que pareciera un avance en seguridad. Sin embargo, ignoró que, en ausencia de una coalición, quienes considera como aliados o cercanos, permanentemente buscarán oportunidades para diferenciarse. Y así pasó. El propio PNL, a priori más proclive a criticar el proyecto por insuficiente, ha mostrado una cara moderada al poner en la balanza las libertades personales frente a la incuestionable necesidad de dotar al Estado de mejores capacidades. El proyecto también le entregó material fresco a quienes buscan presentar al gobierno como un riesgo para la democracia bajo la etiqueta de “ultra”. La discusión va a empeorar si sus defensores insisten en un encuadre de duros contra garantistas.

El problema de esta reforma es que desconoce lo más importante, esto es, lo que un mal gobierno podría hacer con ella. Una lección importante de los dos procesos constitucionales recientes es que el consenso es más accesible respecto de lo que queremos evitar y menos sobre lo que queremos promover. Por eso, la Constitución está llamada principalmente a protegernos de quienes se tienten con abusar del poder, más que a fortalecer las facultades de quienes lo ostentan confiando en que ese poder tributará a la virtud.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP