Este domingo culminó una audiencia de carácter reservado que marca un hito en la persecución del crimen organizado en el país.

Entre el 1 y el 4 de octubre, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó por asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico a 19 sujetos que conformaban una célula del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil y una de las más grandes del planeta.

Nueve imputados quedaron en prisión preventiva. Otros 10, en tanto, ya estaban privados de libertad por medidas cautelares o condenas por otros delitos.

Hasta hace un año, pese a que se sabía de su presencia, no había información de actividad criminal directa de la banda en Chile.

El Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional, entregó, en octubre del año pasado, un detalle de 16 organizaciones delictivas transnacionales que estaban operando en el país.

La megabanda brasileña no figuraba en ese listado.

El informe, sin embargo, sostenía que en Chile “se identifican organizaciones con vínculos con el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, ambos de Brasil, dedicados al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay”.

En la mira de EE.UU.

En mayo de este año, el PCC y sus rivales del Comando Vermelho fueron catalogados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como terroristas globales especialmente designados (SDGT).

“Estas organizaciones terroristas brasileñas representan una amenaza creciente para la paz y la seguridad en todo el mundo, y el gobierno brasileño necesita urgentemente tomar medidas enérgicas para enfrentarlas y derrotarlas antes de que se extiendan y crezcan”, señaló el gobierno de Donald Trump en un documento enviado por la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos conocido en septiembre.

En Brasil reconocen que existe la posibilidad de que Estados Unidos utilice fuerzas militares en su territorio en acciones contra la banda.

“Bautizos” y la información de la triple frontera

El PCC se formó tras el motín en la desaparecida prisión de Carandiru, en Sao Paulo, en octubre de 1992, que provocó una intervención policial que dejó 111 presos muertos.

Desde la cárceles, el grupo se fue constituyendo como una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del continente, enfocada en múltiples mercados ilícitos, los que denominan “sintonías”, incluyendo contrabando y tráfico de drogas, además de la comisión de homicidios, robos violentos, secuestros y otros delitos de alta connotación.

De ese modo, operan con un modelo de estatuto, considerando bautismos, fichas de miembros, adoctrinamiento y catastro, lo que registran en el denominado “Libro blanco”, existiendo además un “Libro negro” en el que incluyen a exmiembros, a los que incluso decretan su muerte.

En 2022 el Ministerio Público recibió desde Carabineros uno de los primeros informes que detectaba que delincuentes chilenos estaban pagando membresías al CPP para labores de cobertura en delitos.

Francisco Javier Rivera Galaz, alias el Francis, prófugo por el crimen del carabinero Alejandro Ortiz, baleado en Renca mientras trabajaba de repartidor, habría sido bautizado por el PCC.

En marzo de 2024, en tanto, la Fiscalía Brasileña constató conexión entre el PCC y delincuentes chilenos luego de incautar teléfonos en cárceles de Sao Paulo.

Por entonces, el director de la unidad especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, confirmó que se desarrollaba una investigación ante la eventual presencia y operatividad del PCC en Chile.

La indagatoria sobre la célula recientemente formalizada, que desarrolla el Ministerio Público chileno en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), se inició principalmente, a partir de instancias de cooperación internacional.

Entre otros antecedentes, hubo información originada en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, que daba cuenta de la existencia de integrantes del PCC en Chile, lo que durante la audiencia contra los 19 imputados se acreditó con diversas evidencias reunidas en la causa.

“Chile creyó durante muchas décadas que éramos inmunes, pero nuestro país opera el crimen organizado internacional”, advirtió el ministro de Seguridad, Martín Arrau, al conocerse la desarticulación de esta célula.

Advertencia por corredor bioceánico

El exministro del Interior de Perú Rubén Vargas Céspedes había alertado hace un año que esta megaestructura criminal junto al Comando Vermelho, bandas incluso “más violentas que el Tren de Aragua”, podrían llegar a asentarse en Chile.

Esa información fue refrendada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, persecutor caratulado como el “zar antidrogas” chileno, en junio de 2025, durante una jornada de trabajo que reúne en Santiago a equipos especializados del Ministerio Público, policías y agencias internacionales.

“Lo que nos tiene que preocupar es el PCC, porque le vamos a dar un tremendo acceso a través del corredor bioceánico, sobre todo por la influencia que tiene en la triple frontera y los fenómenos que ahí se dan, contrabando, lavado de activos, comercialización de drogas, corrupción, crimen organizado”, apuntó Castro Bekios, entonces.

En mayo, en tanto, en entrevista con La Tercera, ya había manifestado su preocupación por el proyecto que conectará el océano Pacífico con el Atlántico a través de una carretera que cruzará Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

“Podría ser la puerta de entrada de nuevas organizaciones criminales si no se toman las medidas adecuadas”, advirtió.

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolita Sur, Héctor Barros, por su parte, al dar cuenta de la detección de la célula, hizo ver la importancia de esta investigación.

“Si hubiésemos esperado cinco años más o no nos hubiésemos percatado de esto antes, habríamos tenido un nuevo flagelo como nos ocurrió con el Tren de Aragua”, reconoció.

El mayor grupo criminal de Brasil tiene presencia en otros 27 países, incluido Chile.