Tras años de tramitación, este viernes fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza. El objetivo era dar certeza sobre cuándo y cómo puede el Estado recurrir a la fuerza, a quienes la ejercen y a quienes deben respetarla. Nadie discutía esa necesidad. Gran parte de la derecha y otros sectores presentaron la ley como el respaldo que hacía falta a policías y militares. Pero el texto final no da esa certeza, se legisló a su nombre, no a su favor.

El problema más grave es la exclusión del principio de proporcionalidad. El artículo 3 consagra legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad, dejando fuera el principio que ordena cualquier régimen democrático de uso de la fuerza y que Chile ya aplicaba tanto para policías como para militares. No fue un descuido: estaba en el proyecto original y esos mismos sectores lo rechazaron una y otra vez, hasta el último trámite.

Bajo su argumentación, en su lugar quedó la “racionalidad”, que considera “las circunstancias, el lugar y el contexto”. No es lo mismo. La racionalidad pregunta si la reacción tuvo sentido; la proporcionalidad, si el daño causado guarda relación con el que se quería evitar. Tampoco es simetría: nadie le pide al policía enfrentar al agresor en igualdad de condiciones, sino que su respuesta tenga un límite.

Lo curioso es que la ley no logra deshacerse del principio que rechazó. Su arquitectura es proporcional: los artículos 6, 7 y 9 gradúan la resistencia y ajustan a ella la fuerza. Se conservó la lógica y se borró el principio que la interpreta. Además, el artículo 3 obliga a respetar los tratados vigentes, donde la proporcionalidad es la regla. Sacarla del texto no la elimina; solo traslada su definición del legislador al juez.

Donde más pesa es en la fuerza letal, que la ley regula con dos varas. Para las policías, el artículo 7 la permite para detener a quien “oponga resistencia a la autoridad” o “para impedir su fuga”, sin exigir peligro para la vida de nadie, como sí lo exigen los estándares internacionales. Para los militares, el artículo 12 la reserva como regla general a amenazas contra la vida, pero la abre también contra quien “se niegue a desprenderse de un arma”, sin decir qué se entiende por tal. Ambos regímenes advierten que la fuerza no sigue un “orden secuencial”, pero sin un criterio de proporción esa flexibilidad deja de ser un margen y se vuelve un vacío.

¿Cómo se ve ese vacío? Un carabinero y un conscripto, ambos en su primer año, frente a alguien que no suelta un fierro y retrocede. ¿Pueden disparar? El carabinero debe preguntarse si eso es “resistencia” o “fuga”; el conscripto, si un fierro es un “arma”. Tienen segundos para decidir; el fiscal tendrá meses para revisar.

Ahí está la paradoja. El artículo 15 ampara con la eximente de cumplimiento del deber a quien “cumpliere las reglas”, y suma otras del Código de Justicia Militar. Más eximentes no son más certeza: el funcionario sabrá qué régimen se le aplica cuando un juez lo decida. De poco sirve que deba “acreditarse el incumplimiento” si lo que se discute es qué decía la regla. Queda entre dos riesgos: actuar de más y ser juzgado con estándares que la ley calló, o no actuar por no saber qué le está permitido.

Los límites esenciales del uso de la fuerza son materia de ley: ningún reglamento puede suplir lo que el Congreso excluyó. Hace falta un proyecto que reponga la proporcionalidad y fije con precisión el umbral de la fuerza letal. Mientras tanto, esa tarea quedará en manos de los jueces, caso a caso.

Legislar a nombre de alguien no es legislar a su favor. Policías y militares merecían reglas claras. Recibieron un presente griego.

Por Ricardo Montero Allende, coordinador del Área Seguridad de Horizonte Ciudadano