A siete años del estallido social de octubre de 2019, solo 28 relaciones procesales terminaron mediante sentencia condenatoria en el marco de 1.885 causas judiciales por vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes durante ese período, según un nuevo informe de la Defensoría de la Niñez.

El documento, elaborado como parte del seguimiento de las garantías de no repetición, establece que las investigaciones comprenden 2.320 relaciones procesales, de las cuales 2.184 se encuentran concluidas, equivalentes al 94% del total. Sin embargo, apenas 28 finalizaron mediante sentencia condenatoria, lo que representa aproximadamente el 1,3% de las relaciones concluidas.

Entre las restantes, 1.061 terminaron mediante archivo provisional y otras 434 con una decisión de no perseverar, antecedentes que, según el organismo, evidencian la necesidad de profundizar en las dificultades existentes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades por las vulneraciones ocurridas durante las movilizaciones de 2019.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que “A siete años del estallido social, el Estado sigue teniendo obligaciones pendientes con los niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneraciones de sus derechos. Los antecedentes muestran que una parte importante de las investigaciones terminó sin alcanzar una sentencia judicial y que todavía existen situaciones que requieren atención en los procedimientos policiales actuales”.

Violencia institucional: 525 menores registrados como víctimas en 2026

El informe también aborda la situación actual de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según antecedentes del Ministerio Público analizados por la Defensoría, 525 menores fueron registrados como víctimas de presuntos delitos asociados a violencia institucional entre enero y septiembre de 2026.

La cifra equivale al 97% de lo registrado durante todo 2025, aunque la institución precisó que ambos períodos no son directamente comparables.

En sus labores de observación de procedimientos policiales, particularmente durante movilizaciones estudiantiles, el organismo identificó cuestionamientos a la fundamentación de controles de identidad investigativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y dificultades para que los adolescentes comprendan efectivamente sus derechos.

A ello se suman problemas relacionados con el acceso oportuno a defensa penal especializada y demoras en las instrucciones del Ministerio Público a las policías, que pueden prolongar innecesariamente la permanencia de adolescentes en recintos policiales.

El documento también reconoce prácticas favorables de protección observadas en la 48ª Comisaría de Asuntos de la Familia e Infancia de Carabineros, destacando la importancia de fortalecer y extender los procedimientos que resguardan adecuadamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En ese contexto, la Defensoría planteó la necesidad de examinar la aplicación de la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza, recientemente despachada por el Congreso, especialmente respecto del uso de armamento potencialmente letal y la protección reforzada de menores.

“Las garantías de no repetición no consisten solamente en dictar nuevas leyes o actualizar protocolos. Debemos asegurarnos de que, en la práctica, las instituciones actúen respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. La seguridad y el respeto de los derechos humanos deben avanzar juntos”, enfatizó Quesille.