Hoy Chile inicia un nuevo ciclo político. Mientras el Presidente Kast asume el mando con una agenda volcada a la reactivación y a la revisión de la estructura del Estado, la atención suele centrarse en las reformas tributarias o sectoriales. Sin embargo, existe una herramienta que se alinea con la meta de dinamizar nuestra capacidad productiva: la sala cuna universal.

El diagnóstico técnico sobre el actual artículo 203 del Código del Trabajo es casi unánime. Obligar a empresas con 20 o más mujeres a costear la sala cuna y actúa como un “impuesto a la contratación femenina”. Esta normativa genera un quiebre en la demanda de trabajo: las empresas evitan contratar a la mujer número 20 para eludir un costo fijo significativo. Esta distorsión limita tanto la contratación como los salarios de las mujeres, ya que el costo del beneficio suele ser internalizado por el mercado mediante menores remuneraciones. El proyecto que hereda el Presidente Kast propone transitar hacia un sistema de financiamiento solidario y de acceso universal. Al desvincular el beneficio del número de trabajadoras contratadas, se elimina ese desincentivo y se “nivela la cancha”.

A este diagnóstico se suma la urgencia de abordar la crisis demográfica. Chile atraviesa un desplome en su tasa de natalidad sin precedentes. Según datos recientes del INE, la tasa global de fecundidad ha caído a niveles cercanos a 1,17 hijos por mujer, situándose muy por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, este escenario es crítico. Una población que envejece rápidamente presiona estructuralmente el gasto en salud y pensiones, al tiempo que reduce la base de contribuyentes futuros. En este contexto, la sala cuna universal actúa en dos frentes. Primero, en el corto plazo, ayudando a mitigar la contracción de la fuerza laboral, al facilitar la integración de miles de mujeres que hoy están fuera del mercado por motivos de cuidado. Segundo, aborda directamente una de las barreras operacionales que explican por qué las familias postergan o desisten de tener hijos. Si bien la provisión de cuidados no es una solución mágica para la natalidad, su ausencia es, sin duda, un desincentivo estructural para la formación de familias en Chile.

Para la administración del Presidente Kast, dar urgencia a la esencia de este proyecto no es solo un gesto de continuidad republicana; es una decisión estratégica que se alinea con pilares de su programa. Primero, el proyecto es funcional a la agenda procrecimiento: las estimaciones del informe “Zoom de Género” del OCEC-UDP,

ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago muestran que reformar la actual regulación del sistema podría aumentar la tasa de participación femenina en un rango de entre 0,2 y 1,9 puntos porcentuales, lo que, según el mismo informe, se traduciría en un incremento del PIB de entre 0,1% y 0,8%.

Si consideramos la brecha de participación entre hombres y mujeres, que en Chile sigue siendo de las más altas de la OCDE, este “dividendo” representa una oportunidad de expansión que surge, paradójicamente, de corregir una falla en nuestro propio marco regulatorio laboral.

En un Congreso que se prevé fragmentado, un trabajo mancomunado que logre un compromiso de financiamiento fiscal y privado podría constituir una “victoria rápida” y un hito de acuerdos transversales para el inicio del mandato. Iniciar la gestión promulgando la Sala Cuna Universal sería una señal potente de pragmatismo, capacidad de ejecución y compromiso con las mujeres trabajadoras.

La sala cuna universal es una política de Estado que ha madurado lo suficiente. Este es el momento para que la intención se convierta, finalmente, en una ley que habilite el talento de miles de mujeres chilenas. La mesa está servida; solo falta la voluntad de cruzar la meta.

*La autora de la columna es profesora asociada en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile