Para hacer cumplir la ley, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, entendió algo clave : un informe de auditoría tradicional no bastaba para cambiar conductas. Y por eso, para enfrentar el uso irregular de licencias médicas, se necesitaba algo distinto: evidencia difícil de refutar y una comunicación capaz de transformar un hallazgo en un cambio radical en el comportamiento de miles de funcionarios y médicos.

El instrumento elegido con pinzas fue la CIC -Consolidado de Información Circularizada-, una herramienta que permitió cruzar información de licencias médicas con salidas del país, visitas a casinos y otros registros administrativos. El resultado fue contundente: 53.933 situaciones observadas de eventuales irregularidades de funcionarios. De corregirse esos abusos, el ahorro potencial estimado para el Estado podría alcanzar cifras muy relevantes, del orden de US$600 millones.

Conviene recordar el contexto previo, en el que abundaban las explicaciones sobre el elevado número de licencias. Por ejemplo, en enero de 2025, el presidente de la ANEF, José Pérez, cuestionó un informe de Dipres sobre el uso de licencias, argumentando que, según sus “datos”, cerca del 70% de los funcionarios públicos presentaba problemas de salud mental.

En julio de 2024, la entonces presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, criticó el proyecto de ley que buscaba regular su uso, argumentando que “la mayoría de los médicos actúa con ética”. En el Congreso, algunos también relativizaban el problema: “pagan justos por pecadores”. Pero el resultado de la CIC fue letal y quedaron sin piso para sostener esas explicaciones.

Siguiendo esa fórmula, el solo anuncio del gobierno de publicar los nombres de deudores morosos con altos ingresos elevó significativamente la recaudación del CAE, entre ellos parlamentarios y altas autoridades. Hasta hace poco, la solución dominante era la condonación. Pero la ciudadanía entendió que es inaceptable que personas que pueden pagar no lo hagan. La vergüenza pública, acompañada de evidencia y de una comunicación eficaz, terminó por lograr lo que muchos consideraban difícil.

El contraste a estos ejemplos es cómo se conocieron los oficios, donde cada uno se convirtió en un hecho político. La discusión se concentró en los programas y no en las conductas de las personas que acceden a ellos y los ejecutan, lo que derivó rápidamente en consignas como “el gasto social no se toca”. Cuando la pregunta correcta debería ser otra: ¿qué parte del gasto social llega hoy a quienes no cumplen los requisitos? También conocido como “fraude social”.

En marzo, cerca de 17 millones de personas están inscritas en el RSH, lo que equivale a 8,9 millones de hogares. De ellos, 4,7 millones corresponden a hogares unipersonales. Una parte importante de estos datos son autodeclarados. La cifra contrasta con el Censo 2024, que registra 18,5 millones de personas y 6,6 millones de hogares, de los cuales solo 1,4 millones son hogares unipersonales. La discrepancia en los hogares unipersonales es demasiado grande como para ignorarla.

Hay rectores de universidades adscritas a la gratuidad que han señalado que los deciles inmediatamente superiores al corte de la gratuidad prácticamente han desaparecido.

En un reciente seminario en la Universidad de los Andes, Dorothy Pérez explicó que está aplicando la misma herramienta que la de las licencias médicas, la CIC, a una parte importante de los programas sociales y mencionó ejemplos que apuntan a eventuales problemas. Como en el caso de personas que acceden al programa de subsidio al arriendo, pese a tener una o más propiedades o a vivir en el extranjero.

Al finalizar el seminario, la Contralora hizo un llamado a que este trabajo no es solo responsabilidad de su institución, sino de todos: sean del sector público o del privado, formamos parte de lo que denomina el “Sistema Nacional de Control”. Y nos enseña, con su método, que cuando se combinan rigor técnico, comunicación clara y sobriedad institucional, sí se pueden “descontinuar” los abusos y cambiar las conductas para resguardar el buen uso de los recursos públicos.

Por eso, la próxima vez que “aplaudan de pie” a la Contralora por casos similares a los de las licencias médicas, debería incomodarnos: si su trabajo fue esencial para resolverlo, siendo la última línea de defensa, es porque hicimos mal nuestra parte del trabajo.

El autor es Académico Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de los Andes