Hace pocos días conocimos la “Operación Tokio”, una exitosa investigación entre las policías y el Ministerio Público que desbarató un grupo asociado al Tren de Aragua que, incluso con ejecutivos de conocidos bancos, movían cerca de 80 millones de dólares dentro y fuera de Chile, proveniente del narcotráfico y extorsión.

Esto reafirma que el crimen organizado no esconde el dinero en efectivo debajo del colchón y que los mercados formales son ampliamente utilizados para el lavado de dinero, como lo viene señalando la UAF en sus reportes. Por eso se ha avanzado en incluir más sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Sin embargo, seguimos al debe en temas clave para seguir la ruta del dinero. Uno es el registro único de beneficiario final. La OCDE, Gafilat y otras entidades nos indican que estamos muy rezagados en este punto, siendo un mecanismo eficiente tanto para prevenir como detectar ilícitos y cooperar internacionalmente. A pesar de ello, el proyecto de ley lleva más de dos años en el Senado y ha sido visto solo una vez por la comisión respectiva.

Una buena noticia es que el proyecto de inteligencia financiera, que busca fortalecer la cooperación entre instituciones clave, estaría cerca de despacharse. Llama la atención, sin embargo, la oposición que genera flexibilizar el acceso al secreto bancario por parte de la UAF —bajo estricta reserva y en casos muy específicos como personas jurídicas y funcionarios públicos, previo reporte de operación sospechosa—. Países con normas de privacidad y protección de datos personales incluso más estrictas que Chile contienen provisiones similares, y organismos internacionales nos han advertido que nuestro nivel de protección puede provocar que actuemos tarde, cuando los recursos ya salieron del país y que, además, esto ha afectado la cooperación internacional que de por sí actúa bajo la reciprocidad.

Es cierto que cada vez que la UAF ha solicitado acceso a la autoridad judicial éste ha sido aprobado, pero en estructuras complejas como la “Operación Tokio”, eso implica demoras y riesgo de filtración. El ex director de la entidad decía que solo el 2% del dinero que mueve el crimen organizado logra recuperarse. Una cifra escuálida.

Llama aún más la atención este excesivo resguardo de la privacidad -de personas jurídicas y de funcionarios públicos, que per se es más reducida- cuando recientemente se aprobó una norma que permite revisar mochilas de niños, niñas y adolescentes. También preocupa que uno de los anuncios que más ha dado que hablar luego de la Cuenta Pública fue la posibilidad de crear un Registro Único de Vándalos con sanciones especiales para “incivilidades”, asociadas a la pérdida de beneficios sociales vinculados al ejercicio de derechos fundamentales como educación, vivienda o salud. En materia de seguridad, el gran desafío país es frenar el avance del crimen organizado. Esa es la mayor incivilidad de la que debemos hacernos cargo. Hay que rascar donde verdaderamente pica.

Por María Jaraquemada, abogada