Extensa es la bibliografía que reúne datos y análisis sobre la instalación del discurso de la securitización en distintos países. Extensa es también la lista de naciones donde el relajo en las normas de porte y control de armas ha derivado en grandes masacres. En ambos casos la conclusión es la misma: se trata de políticas ineficientes que, buscando una pretendida seguridad pública, terminan instalando el más peligroso de los juegos, aquel que reprime pero no soluciona. El costo de ese control es la profundización de la violencia en los mismos barrios y territorios que dice defender.

¿Por qué un país como el nuestro impulsa políticas ineficientes y dañinas frente a un problema tan relevante como la seguridad pública? Las razones son varias, interconectadas y diversas, pero una de ellas tiene que ver con el lugar y el peso que se le da a la política comparada, que a través del contraste con otros países busca responder ciertas preguntas: a los puntos de pertinencia y tensión en territorios concretos, y a los datos y evidencias —a todos, no solo a los que nos resultan útiles para demostrar lo que ya queríamos demostrar—. Con frecuencia escuchamos a la élite política invocar experiencias que, por haber funcionado en otros países, serían la solución a nuestros problemas. En seguridad, ese discurso ha sido permanente: lo escuchamos a propósito del debate sobre armas de electroshock, sobre políticas de armas y, recientemente, sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales y la eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En tanto seres sociales, toda experiencia humana implica comparación y, muchas veces, adopción de lo que vemos o escuchamos. Eso se reproduce naturalmente en los análisis políticos y sociales sobre políticas públicas. El problema es que, si bien esas experiencias pueden ser un punto de inspiración, no pueden adoptarse sin mayor análisis ni sin considerar los contrapesos que las sostienen en sus países de origen para que, en su conjunto, una política de seguridad sea consistente. Instalar políticas de seguridad sin esos contrapesos no solo es poco riguroso desde un punto de vista intelectual, es peligroso para la vida de las personas que habitan nuestro territorio.

Preocupa que las reformas y proyectos de ley que hoy se impulsan en el Congreso en materia de seguridad no estén considerando esos contrapesos. Nuestras policías actúan con poca transparencia —basta revisar las respuestas a las solicitudes de información pública de todo tipo—, sin agencias externas e independientes que fiscalicen y lleven adelante las investigaciones por hechos alejados de la doctrina institucional y sin rendición de cuentas real, como lo muestran los escuetos reportes que mensualmente se envían a la autoridad civil.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recientemente su informe de seguimiento de las recomendaciones hechas a nuestro país en 2022, tras la visita realizada en el marco de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. ¿Qué señala ese informe? Que se ha avanzado muy poco y, en varios aspectos, en sentido contrario al bien común.

En todo orden de cosas, necesitamos límites y equilibrios. La seguridad no es la excepción, y adquiere una importancia particular porque hablamos del uso de la fuerza, de armas y municiones que en algunas situaciones pueden salvarnos y, en otras, causar la muerte. ¿Qué garantiza que las políticas de seguridad sean legítimas y eficaces? Precisamente los mecanismos de control que la política comparada nos muestra. Por ejemplo: ¿uso de armas de electroshock? Sí, pero con responsabilidad, formación, certificación y carácter excepcional. ¿Incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de orden público? No, porque para eso está Carabineros. ¿Respaldo político a las policías? Por supuesto, pero para ello se requiere, como de todo funcionario público, que el agente policial cumpla su rol con la mayor certeza sobre sus actos y sus consecuencias: reglas claras sobre su margen de acción y reglas claras sobre lo que ocurre cuando se aleja de él. Todos estos elementos construyen sistemas de seguridad al servicio de todas las personas y no de unos pocos.

No tiene sentido seguir buscando inspiración en otros países si olvidamos importar elementos fundamentales de su éxito: esas experiencias no funcionan solo por las medidas aisladas que adoptaron, sino por la existencia de una serie de contrapesos, límites y equilibrio que las rodean y que hacen posible que se instalen con responsabilidad. Seguir impulsando medidas que debiliten o relativicen estos contrapesos solo alimenta una cultura de la violencia que suele terminar muy mal. Y lo peor es que no termina mal para todos por igual, menos en un país tan desigual como el nuestro.

Imaginemos policías que pueden hacer uso de su arma de manera permanente, sin los controles necesarios que les recuerden que deben usarla solo en ciertos casos y solo cuando no quede ninguna otra alternativa. Ahora, imaginemos esa escena en un barrio pobre y en uno rico. ¿Es la misma imagen? No, ¿verdad? De eso se trata: de entender que las soluciones en seguridad deben funcionar para todas las personas y en cualquier territorio. Lo contrario sólo alimentará más la violencia.

Que quede claro: nadie pone en duda la necesidad de avanzar en seguridad, eso sería absurdo. Lo que exigimos es que ello se realice de forma responsable, con fundamentación empírica comprobada y de manera integral. Sin grandes anuncios, sin frivolización, sin medidas efectistas que se aplican de manera desigual según el barrio donde vives.

Afortunadamente aún estamos a tiempo de reaccionar.

Por Viviana Cáceres D., directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional Chile