Sin lugar a dudas, el sistema de justicia penal actual se enfrenta a una multiplicidad de desafíos no previstos hace 25 años, cuando entró en vigencia la reforma procesal penal, como la magnitud o masividad de los casos investigados, o el cambio en las modalidades de ejecución de determinados delitos.

En particular, el incremento de hechos asociados a la criminalidad organizada ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar reformas sustantivas. Si bien se han observado avances importantes en esa línea, aún existen ámbitos donde es posible —y necesario— implementar mejoras.

Entre los aspectos positivos, en los últimos años se han aprobado cambios normativos que han dotado al sistema de mayores herramientas para enfrentar delitos complejos. Un ejemplo significativo es la sustitución del antiguo tipo penal de asociación ilícita por el de asociaciones delictivas o criminales, especificando con mayor claridad cuáles son los elementos del tipo penal, facilitando así, probablemente, su aplicación.

También se han fortalecido las capacidades investigativas, se efectuaron modificaciones en la regulación de interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos, reveladores e informantes, entregas vigiladas y se incorporó del acceso remoto a equipos computacionales e informáticos, entre otras. Además, es destacable que la Fiscalía emplee, casi como regla general, la investigación patrimonial, elaborando perfiles financieros de los sujetos investigados, a través, por ejemplo, del análisis de productos bancarios, información disponible en el Servicio de Impuestos Internos, análisis de compraventa de bienes muebles e inmuebles, etcétera, permitiendo con ello “seguir la ruta del dinero”. En esta línea, también podría considerarse una contribución positiva el trabajo a desarrollar por la Fiscalía Supraterritorial, encargada de investigar delitos de alta complejidad, y aquellos en que existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, o de delincuencia transnacional.

Ahora bien, no todo son avances. Quedan pendientes reformas relevantes, como el fortalecimiento y la modernización del sistema de Inteligencia del Estado, actualmente en tramitación legislativa. En paralelo, en el marco del Subsistema de Inteligencia Económica, se discuten ajustes a los requisitos para el levantamiento del secreto bancario, lo que podría reforzar la eficacia de las investigaciones patrimoniales.

Sin embargo, más allá de las reformas legales o la creación de nuevas instituciones, es fundamental garantizar resguardos adecuados. Esto implica proteger a los operadores del sistema de amenazas o represalias, así como prevenir posibles actos de corrupción, ya sea provenientes del crimen organizado u otros sectores.

En esta línea, cuando el sistema se enfrenta a casos como el de la “liberación del sicario” o del tráfico de drogas al interior de las Fuerzas Armadas, cabe preguntarse si, más que reformas legislativas, lo que se requiere es un esfuerzo de carácter institucional, para concientizar a los integrantes de cada una de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal sobre la importancia del rol que desempeñan, de lo relevante de la información que manejan, en definitiva, del poder que tienen, y, por ende, de las repercusiones que sus errores o sus delitos puedan tener, sobre todo en el escenario actual.

Por Angélica Torres F., académica e investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP