Por Eduardo Toro, director ejecutivo de Fundación Conecta Mayor UC

La pandemia aceleró la incorporación de la tecnología en nuestra vida diaria, mediante el teletrabajo, la telemedicina, y las clases en línea, entre otros. Esta semana, en el marco del balance sobre la estrategia de transformación digital del Estado, el gobierno aseguró que el 86% de los trámites se pueden realizar de manera online y cerca de 14 millones de chilenos ya cuentan con Clave Única. Tras dos años de crisis sanitaria, la digitalización se ha convertido en una condición para el ejercicio de la democracia y para la participación social de los chilenos. Pero no para todos.

El informe “Perspectivas de la Economía Digital” de la OCDE arroja que si bien el Covid-19 acentuó nuestra dependencia a las tecnologías digitales, también expuso aún más la desigualdad digital entre los países, en cuanto al acceso y uso de Internet con motivo de la edad del usuario y su nivel de ingresos. Una realidad que se venía arrastrando y que comprobamos a través de los casi 80 mil usuarios que desde Fundación Conecta Mayor recibieron en el último año un aparato móvil con nuestro software e interfaz adaptada: el 31% nunca había tenido un teléfono celular y para el 61% éste era su primer smartphone.

Por su parte, el estudio “Calidad de Vida de las Personas Mayores durante la pandemia” (2021) de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Santiago, arroja un aumento significativo, producto de la crisis sanitaria, en el uso del celular inteligente para mantener contacto con conocidos a través de llamadas, videollamadas y chat. Sin embargo, respecto a la participación en la comunidad, solo el 14% de las personas mayores lo usa para hacer trámites y entre los mayores de 80 años, solo uno de cada cinco es usuario de Internet.

Un reciente informe del BID respecto a brecha digital sugiere incluir a las personas mayores tomando en cuenta principios de diseño universal y asequibilidad, junto a la promoción de investigación y desarrollo de tecnologías amigables con este grupo etario. En esa línea, es fundamental tener en cuenta las situaciones y necesidades de las personas mayores, haciéndolas parte del diseño de nuevas tecnologías para fomentar su accesibilidad y garantizar resultados que les sean útiles, intuitivos y funcionales. La hoja de ruta del BID incorpora, además, la necesidad de desarrollar marcos legales nacionales para garantizar dichas directrices. Esto debiese ser un pilar clave si consideramos que usar un aparato móvil es crucial para acercarnos a los servicios de salud y del Estado, y nos brinda seguridad y cohesión social.

Así, se requiere de programas integrales que aborden tanto el acceso a dispositivos tecnológicos como la adquisición de habilidades digitales para hacer uso de esas herramientas, y también la disposición de mecanismos de conectividad gratuita o de bajo costo para su correcta operación. El solo acceso a una herramienta tecnológica no resuelve el problema, pues los smartphones, generalmente, no son inclusivos, lo que produce ansiedad y rechazo cuando no se acompaña de una capacitación adecuada.

Fortalecer la inclusión y fomentar la integración de las personas mayores a esta sociedad altamente tecnologizada requiere de un compromiso colectivo de todos los actores de la sociedad, y somos muchos los que estamos a disposición de las nuevas autoridades para sumarnos y trabajar juntos hacia un Chile digital sin discriminación por edad.