Con el desempleo en 9,6% y cerca de un millón de personas buscando trabajo sin encontrarlo, la discusión sobre si el Estado debía actuar ya estaba zanjada. Quedaba por ver cómo. El plan que el gobierno presentó esta semana responde a esa pregunta con bastante más sensatez de la que sus críticos le reconocen.

Las objeciones llegaron desde dos frentes. Unos dicen que es poco: $1,3 billones y una meta de 100 mil empleos frente a un millón de desocupados. Otros, que es un parche que distrae de lo importante, que es volver a crecer. Ambas críticas confunden el propósito del plan con el de una reforma estructural.

Lo que se anunció es un puente. Acelera la ejecución de inversión pública ya presupuestada en obras y vivienda, amplía en 75 mil los cupos del subsidio a la contratación, capitaliza el Fogape para que las pymes accedan a crédito y adelanta pagos a proveedores del Estado. No pretende explicar por qué el país crea tan poco empleo, sino evitar que quienes perdieron el trabajo pasen dos años más esperando que la inversión privada despierte.

Esa espera tiene costos que no se recuperan. Quien pasa mucho tiempo desocupado pierde habilidades, redes y, al final, las ganas de buscar. Los jóvenes que no consiguen un primer empleo formal arrastran peores salarios por años. Y cada trabajador que se refugia en la informalidad deja de cotizar y de tributar. El desempleo prolongado también es un problema fiscal, solo que llega con rezago.

Por eso el diseño importa tanto como el monto, y aquí el plan acierta. Buena parte de los recursos corresponde a gasto ya aprobado que se ejecuta antes, y el esfuerzo adicional de este año cabe dentro de la meta fiscal vigente. Los subsidios tienen cupo y plazo. Son medidas que se encienden ahora y se apagan después, sin dejar gasto permanente amarrado a ingresos transitorios. El presupuesto recién ingresado al Congreso sigue la misma lógica: el gasto total crece apenas, pero lo destinado a reactivación sube 8,1%, con 241 obras públicas que parten en enero. Y con los intereses de la deuda absorbiendo más del 5% del gasto, pedir un paquete más grande suena generoso; financiarlo es otra conversación.

También acierta en los instrumentos. El subsidio a la contratación premia solo a quien contrata a alguien que llevaba al menos tres meses sin cotizar, justo donde está el problema. El Fogape multiplica cada peso fiscal en varios de crédito. Y adelantar pagos a proveedores no cuesta un peso adicional: solo cambia el calendario de una deuda que el Estado ya tenía. Es difícil encontrar una combinación con mejor relación entre impacto y costo fiscal.

La meta es exigente y pondrá a prueba a ministerios y municipios. Esa es razón para exigir velocidad y cuentas mensuales, no para rechazar el plan.

El plan tampoco pretende sustituir la agenda de fondo, y sería un error pedírselo. El empleo que dura lo crea la inversión privada, y esa depende de permisos que demoren menos, reglas tributarias estables y un Estado que cumpla plazos. El puente sirve precisamente para llegar a esa otra orilla sin dejar a nadie en el agua ni quemar la caja fiscal en el intento.

Por eso vale la pena defenderlo tal como viene: acotado, financiado y transitorio. Es poco para quienes esperaban una solución mágica y demasiado para quienes creen que el mercado se arregla solo. A las familias que hoy no llegan a fin de mes les sirve más que cualquiera de esas dos posturas. Al puente se le pide una sola cosa: que aguante el cruce.

Por Carlos Smith, Docente investigador CIES UDD