SEÑOR DIRECTOR:

Una balacera con cuatro heridos durante una fiesta en un centro de eventos y una persona herida a bala en una estación del Metro, son la expresión más reciente de un flagelo que está afectando de manera grave al país y los ciudadanos: la violencia desatada.

En lo que va del año, se han registrado 370 homicidios, dando cuenta de que Chile atraviesa una verdadera crisis de seguridad pública, de la que el gobierno no se está haciendo cargo.

El recrudecimiento de estos hechos en los últimos meses responde a varios factores, entre ellos, las erráticas señales que ha enviado esta administración, como fue el retiro de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado a personas formalizadas por hechos de violencia grave en el contexto del estallido insurreccional de 2019, la presentación de un proyecto de ley para amnistiarlos y la incapacidad del Ejecutivo para frenar el incesante ingreso de inmigrantes ilegales, entre otras.

Aun cuando el tema de la delincuencia y la inseguridad es la principal inquietud de los ciudadanos, el gobierno del Presidente Boric parece no inmutarse. Hasta ahora no ha presentado una agenda robusta con medidas administrativas ni proyectos de ley que apunten a detener este grave problema. De hecho, son varias las iniciativas legales en materia de seguridad, que siguen bloqueadas en el Congreso y que en su momento fueron rechazadas por los mismos que hoy conducen el país.

Es más, el único anuncio que ha presentado el Ejecutivo es sobre control de armas, donde equivocadamente pretende desarmar a los civiles honestos que cumplen con la ley y arrebatarles el derecho a la legítima defensa.

Ya va siendo hora de que el Presidente Boric y los encargados de la seguridad en su gobierno se tomen en serio este tema.

Cristián Araya

Diputado del Partido Republicano