Es fácil salir hoy a condenar a los jóvenes que agredieron a la ministra Lincolao en un campus universitario. Es la manera de no asumir responsabilidad alguna por haber traído de vuelta la violencia política a nuestra convivencia; una responsabilidad que no es de los jóvenes, sino de la sociedad adulta que romantizó y justificó esa violencia, convirtiéndola en un medio legítimo para denunciar abusos e injusticias, y para provocar cambios políticos.

Desde que la alternancia en el poder se reinstala en 2010, una de las claves culturales usadas por la izquierda y la centroizquierda fue darle un manto de legitimidad a la violencia, convertirla en la respuesta natural a una sociedad marcada por injusticias y desigualdades. Dichas injusticias, vendidas como violencia intrínseca al modelo impuesto por Pinochet, serían el mar de fondo de la violencia propia de este ciclo histórico, razón por la cual no sólo es relativizada, sino también mirada con empatía.

Esa fue la tecla que permitió al movimiento estudiantil de 2011 instalar una agenda de movilizaciones, ocupar por la fuerza escuelas y campus universitarios, impedir que los estudiantes que quisieran seguir asistiendo a clases pudieran hacerlo. La violencia, el supuesto derecho a incumplir las normas, la ausencia de responsabilidad por las consecuencias de sus actos, no sólo fue el marco impuesto por los dirigentes estudiantiles, sino el imaginario validado por un sector importante de la sociedad. Y fue ese trasfondo el que dio sentido a la violencia del estallido social, a la imposición del proceso constituyente y al intento de destituir a Sebastián Piñera. En dicho contexto, el presidente del Senado -Jaime Quintana- llegó a advertir que, si el jefe de Estado quería llegar al final de su periodo, debía aceptar un “parlamentarismo de facto”.

Son algunos de los destellos de esta historia de legitimación de la violencia política impuesta voluntaria y conscientemente por un sector de la sociedad. La que hizo posible que no hubiera una ola de repudio cuando ardieron estaciones de Metro, se vandalizaron comercios y supermercados, se quemaron iglesias y escuelas públicas. Al contrario, se justificó o se guardó silencio, porque había supuestas causas legítimas que lo explicaban. La misma violencia y las mismas causas legítimas que misteriosamente desaparecen cuando ese sector accede a los beneficios del poder.

Antes de cumplir un mes del nuevo gobierno, esa violencia ya está de nuevo en las calles, escuelas y campus universitarios. E irá avanzando poco a poco, paso a paso, arropándose en frustraciones que volverán a ser instrumentalizadas. Porque sus instigadores no conocen otro repertorio. En rigor, la única interrogante a estas alturas es si el resto de la sociedad volverá a caer en la trampa, seducida por el encantamiento de un idealismo mal entendido, de la rabia y el resentimiento hábilmente orquestados. Porque todo lo demás en el guion de esta historia repetida, ya está escrito.

Por Max Colodro, filósofo y analista político