En las últimas semanas, la violencia escolar ha vuelto a estar en el centro de la agenda pública y legislativa. Recientemente, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa que da un paso en la dirección correcta al reconocer la urgencia del problema, que la violencia no puede tener cabida en el espacio escolar, fortalecer la autoridad docente y entregar más herramientas a los establecimientos educacionales para abordar la violencia escolar. Precisamente por ello, este avance abre una oportunidad para seguir poniendo en el debate elementos esenciales para el sistema educativo.

Durante el último tiempo, hemos olvidado el rol que la escuela debe cumplir y, con ello, el de quienes enseñan. La autoridad docente no es un capricho, sino una condición necesaria para que los aprendizajes tengan lugar. Sin respeto, reglas claras y orden, difícilmente es posible que los estudiantes aprendan de manera adecuada. Hoy, poco más del 33% de los profesores en Chile reporta experimentar ruido y desorden disruptivo frecuente en sus clases, cifra significativamente superior al promedio de la OCDE (TALIS, 2024).

Este fenómeno no es reciente. Ya en 2005 se evidenciaba una creciente tensión en torno a la autoridad docente: un 67% de los profesores señalaba que una de las conductas más frecuentes de los estudiantes era no aceptar sus solicitudes y faltarles el respeto (UNESCO, 2025). A ello se suma que, según la Encuesta Nacional de Autoridad (USACH-UDP), solo un 3% de la población asocia espontáneamente al profesor con una figura de autoridad, cifra que baja a un 1% cuando se consulta por palabras vinculadas a este concepto. La misma medición indica, además, que los docentes son percibidos como quienes enfrentan mayores dificultades para ejercerla.

Bajo una lógica de creciente desconfianza, proliferación normativa y fiscalización detallada, la autoridad de docentes y directivos se ha visto progresivamente debilitada, junto con la autonomía de los establecimientos para conducir sus proyectos educativos. Cada comunidad enfrenta desafíos particulares, lo que hace necesario que los equipos directivos cuenten con tiempo —hoy absorbido en buena parte por tareas administrativas— y con espacios reales para desarrollar capacidades, tomar decisiones, definir prioridades y aplicar criterios acordes a su realidad.

En esa misma línea, la responsabilidad de las familias adquiere especial relevancia. La educación de niños y jóvenes es, en primer lugar, responsabilidad de los padres y, junto con el colegio, una tarea compartida. La adhesión al proyecto educativo supone un compromiso activo con las normas, valores y objetivos que cada establecimiento promueve. Cuando ese vínculo se debilita, las reglas pierden sustento y la convivencia se vuelve más difícil de sostener en el día a día.

La evidencia reciente muestra, además, que las políticas implementadas en la última década no han logrado mejorar la calidad del sistema. Los establecimientos particulares subvencionados, aun con las restricciones introducidas por la Ley de Inclusión, continúan siendo los más preferidos por las familias. A su vez, los resultados del SIMCE 2025 dan cuenta de un estancamiento en los aprendizajes, mientras que el creciente gasto en educación superior, a pesar de la evidencia, da cuenta que las prioridades de los últimos años no han estado alineadas con los desafíos del sistema.

Relevar la autoridad docente, resguardar la autonomía de los establecimientos, promover la responsabilidad de las familias, mantener el foco en los aprendizajes y corregir el gasto en educación superior constituye una oportunidad para enmendar el rumbo y volver a poner en el centro aquellos elementos que hacen posible el adecuado desarrollo del proceso educativo y, con ello, mejorar las oportunidades de nuestros niños y jóvenes.

Por Constanza Lara, Directora Legal de Acción Educar