La derrota de diciembre fue categórica, pero antes ya se había producido un debilitamiento más profundo. El Socialismo Democrático llegó al gobierno como el ala responsable, contribuyó a corregir los excesos de la fase refundacional y asumió buena parte de sus costos. Sin embargo, la dificultad no estuvo en participar de esa experiencia política, sino en hacerlo sin haber resuelto previamente la relación con su propia historia.

Se participó de un gobierno que construyó parte de su legitimidad cuestionando los treinta años, presentando la transición como una renuncia y la gestión del modelo como una forma de complicidad. Y en lugar de defender la obra realizada, se terminó aceptando buena parte de ese relato. Se llegó a La Moneda en posición penitente, como si pertenecer a la nueva alianza de gobierno exigiera pedir perdón por lo construido y la renovación requiriera tomar distancia de la propia trayectoria.

Y la ciudadanía suele castigar más la falta de convicción que los errores. No castiga haber gobernado durante décadas. Castiga la sensación de que quienes lo hicieron dejaron de creer en las razones que justificaron hacerlo. Toda tradición política necesita autocrítica. Lo que ninguna tradición puede permitirse es reemplazar la autocrítica por la deslegitimación de sí misma.

Quizás por eso la discusión sobre la identidad se volvió tan incómoda. Cada cierto tiempo reaparece la afirmación de que el Socialismo Democrático ya no existe. Pero esa discusión confunde dos cosas distintas. Existen partidos, dirigentes, parlamentarios y alcaldes. Lo que se debilitó no es la existencia orgánica de esta tradición, sino su existencia política como proyecto reconocible para la ciudadanía. No desapareció. Perdió nitidez. Y cuando una tradición política deja de ofrecer una identidad reconocible y una lectura propia de la sociedad, su capacidad de representación comienza inevitablemente a erosionarse.

Sin embargo, sería demasiado cómodo atribuir toda la responsabilidad a los errores propios. También cambió el país que se intentaba representar.

Reconocer ese cambio tampoco exige ignorar las limitaciones que alimentaron el malestar ciudadano. La persistencia de desigualdades, los abusos que erosionaron la confianza en mercados e instituciones, y la percepción de que los beneficios del progreso no alcanzaban de igual manera a todos los sectores fueron problemas reales. Sería un error minimizar esas tensiones. Pero reconocerlas no obligaba a renunciar a la legitimidad de los avances alcanzados ni a asumir como propio un relato que convirtió toda una etapa en una experiencia fallida.

La Concertación gobernó un Chile que aspiraba a ingresar a la clase media. El país actual está compuesto mayoritariamente por sectores medios que viven con el temor permanente de retroceder. Durante décadas la política organizó sus promesas alrededor de la movilidad social. Hoy gran parte de las preocupaciones ciudadanas se organizan alrededor de la fragilidad: fragilidad económica, fragilidad laboral, fragilidad territorial y fragilidad vital.

La incertidumbre ya no es solamente una condición económica. También es una experiencia cotidiana. Se expresa en el temor frente a la delincuencia, en la sensación de pérdida de control sobre los barrios, en la desconfianza hacia instituciones que antes ofrecían certezas. El problema ya no consiste únicamente en avanzar, sino en saber si aquello que se ha logrado podrá mantenerse mañana.

Pero hay algo todavía más incómodo: el país que esa tradición ayudó a construir ya no produce automáticamente la demanda política que antes la sostenía. No se trata sólo de que el Socialismo Democrático haya dejado de entender a los sectores medios; el punto es más profundo: esos sectores medios cambiaron. Ya no se ordenan sólo en torno a la promesa de ascenso, sino también en torno al miedo a perder lo alcanzado, a la desconfianza frente a las instituciones y a la exigencia de respuestas inmediatas. La paradoja es evidente: una tradición que contribuyó decisivamente a ampliar la integración social hoy enfrenta dificultades para representar a una sociedad que ya no se reconoce en las promesas que hicieron posible esa integración.

Las categorías con las que se interpretó exitosamente el Chile de la expansión parecen insuficientes para comprender el Chile de la incertidumbre. Y cuando una tradición política deja de ofrecer una lectura convincente de la realidad, termina debilitando su capacidad de representación incluso entre quienes comparten buena parte de sus valores.

La dificultad ya no es solamente identitaria. También es interpretativa.

Porque una tradición política puede sobrevivir largos períodos de derrota electoral. Lo que resulta más difícil es sobrevivir cuando deja de comprender con precisión a la sociedad, y no sólo al nicho, que busca representar.

La identidad histórica del Socialismo Democrático nunca estuvo asociada a la confrontación permanente. Su principal fortaleza fue otra: la capacidad de transformar gobernando. Sus reformas más relevantes no surgieron de la épica de la barricada, sino de la capacidad de construir mayorías, administrar complejidades y convertir aspiraciones sociales en políticas públicas capaces de sobrevivir a quienes las impulsaron.

Pero también cambiaron las formas de representación política. En una sociedad más fragmentada e individualizada, la impugnación, el conflicto y la simplificación emocional han demostrado una capacidad creciente para construir identidad y movilizar adhesiones. No se trata sólo de redes sociales: las reglas contemporáneas de visibilidad penalizan precisamente aquello que esta tradición consideró siempre su fortaleza: la construcción de acuerdos, la administración de complejidades y la búsqueda de soluciones sostenibles en el tiempo.

El Socialismo Democrático confundió autocrítica con renuncia, renovación con desapego y amplitud con pérdida de identidad. El resultado es una fuerza política que conserva experiencia, dirigentes e influencia institucional, pero que fue perdiendo progresivamente claridad respecto de sí misma.

Y quizás ahí reside la verdadera discusión sobre su existencia. No en si mantiene partidos, parlamentarios o alcaldes, sino en si conserva todavía la convicción suficiente para explicar qué representa, por qué merece seguir existiendo y qué tiene para ofrecerle a un país muy distinto de aquel que ayudó a construir.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos de Feedback.