Hace quince años, Chile competía por la inversión con la naturalidad de quien se sabe campeón. La estabilidad institucional, una macroeconomía ordenada, un mercado de capitales relativamente profundo y un Estado de derecho que se hacía cumplir eran credenciales suficientes para sentarse a la mesa de los inversionistas globales. Hoy esa mesa se reorganizó y otros han puesto incentivos sobre el mantel, mientras nosotros debilitamos nuestra posición.

Hay que decirlo claramente: invertir en Chile se volvió caro y complejo. No es una queja superficial, sino que es un diagnóstico técnico confirmado por datos. El Monitor Prisma de Sofofa contabiliza proyectos esperando ser calificados ambientalmente por aproximadamente US$102 mil millones. Nos falta la velocidad para convertir ese capital en empleos, en ahorro y en oportunidades concretas para las familias chilenas.

Hay una paradoja que vale la pena mencionar. Mientras Chile pasó de la tasa del Impuesto de Primera Categoría del 10% en 1990 al 27% actual —la subida más pronunciada de la OCDE en veinte años —, el resto del mundo bajaba sus tasas. La ‘Comisión Marfán’, comité de expertos convocado por el gobierno anterior, sirvió de base para estimar que las alzas tributarias desde el año 2000 le costaron al país cerca de 8% del PIB en nivel, unos US$25.000 millones. Subimos impuestos para tener más; terminamos con menos. Menos inversión, menos empleo, menos competitividad y, paradoja final, menos recaudación de la que habríamos obtenido creciendo.

Cuatro industrias —minería, fruticultura, salmón y forestal— sostienen casi el 80% de las exportaciones chilenas. Si uno mira los volúmenes despachados al mundo, los números de la última década son lamentables: crecimientos marginales o negativos, mientras nuestros pares globales se expanden y crecen. No es que estas industrias estén agotadas: las hemos asfixiado con políticas públicas mal diseñadas. Si las hubiésemos dejado desarrollarse al ritmo del mundo, hoy Chile tendría un PIB mayor y estaríamos recaudando más sin necesidad de subir una sola tasa. Tendríamos también más empleo formal, más ahorro y menos costos sociales. Las industrias chilenas no están agotadas; el modelo de crecer por la vía del alza tributaria, sí.

Pero tenemos una oportunidad, actualmente se han instalado en el debate dos ideas que pueden cambiar el panorama, la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria, esa garantía contractual mediante la cual el Estado se obliga frente al inversionista a mantener el régimen impositivo durante un plazo determinado, con fuerza de contrato-ley. No es un invento: es el viejo y exitoso DL 600, derogado en 2016 sin que nadie lo reemplazara. La Secretaría General de la Cámara de Diputados acaba de recomendar la admisibilidad de esta iniciativa que repone la invariabilidad tributaria por 25 años.

Algunos, aquellos que creen que con la misma receta “recaudadora” el país saldrá del letargo, siguen sin entender que Chile necesita volver a ser elegido, y para que ello suceda, requerimos dar señales concretas en el sentido correcto.

Y es que los inversionistas no piensan en ciclos electorales de cuatro años. Los megaproyectos de inversión se planifican a varias décadas: un yacimiento minero suele proyectarse a treinta años, una línea de transmisión a veinticinco, una planta industrial a veinte. Por eso la estabilidad jurídica no es un capricho del business case, es la condición sin la cual no hay business alguno.

Chile necesita levantar una alianza política público-privada, técnica y responsable, que se ocupe de tres tareas concretas: destrabar los permisos, volvernos atractivos tributariamente y potenciar el desarrollo de aquellas industrias chilenas en las que somos competitivos a nivel global y podemos volver a ser campeón mundial.

La autora es de la columna es bogada y directora de empresas.