Tras conocerse que la casa de Providencia en la que vivió Salvador Allende fue vendida en 1.000 millones de pesos a una empresa privada, desde la bancada de diputados de la UDI afirmaron que la transacción deja en evidencia que la familia del exmandatario siempre quiso vender la casa para obtener un beneficio económico y que el museo que buscó infructuosamente instalar el gobierno de Gabriel Boric en el domicilio solo fue “solo una excusa”.

Según se informó esta jornada, la casa de Guardia Vieja 392 aparece desde el 4 de agosto inscrita en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de la empresa Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA, cuyas oficinas colindan con la residencia del fallecido jefe de Estado socialista.

Así, la jefa y el subjefe de la bancada gremialistra, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente, afirmaron mediante un comunicado que la venta del inmueble “deja en evidencia que detrás de esta operación siempre existió un interés económico y que el museo no era más que una excusa”.

Cabe recordar que el polémico proceso de compraventa por parte de la administración del frenteamplista se convirtió en una de las controversias más graves de su período, luego de que a fines de 2024 el Ministerio de Bienes Nacionales informara que el Estado había adquirido la casa de Allende por cerca de $922 millones, omitiendo las infracciones constitucionales que implicaba concretar dicha operación.

En ese entonces, tras conocerse la transacción, fue la UDI la que lideró en Chile Vamos la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que la entonces senadora Isabel Allende (PS) -hija del expresidente y una de las propietarias de la vivienda- fuera destituida por transgredir la norma que prohíbe a los legisladores celebrar contratos con el Estado.

Finalmente, el TC terminó acogiendo la solicitud y decidió cesar en el cargo a la militante socialista, mientras que a nivel político la ex ministra de Defensa, Maya Fernández -también propietaria de la casa-, fue removida de su cargo, al igual que la titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

Por lo mismo, tras confirmarse que la familia Allende finalmente concretó la venta de la propiedad por $1.000 millones a una empresa del mismo sector, los diputados Weisse y Bobadilla aseguraron que tal transacción “nos confirma que nunca hubo un verdadero interés por preservar la casa ni por convertirla en un museo. Hoy los hechos terminan demostrando que la verdadera intención siempre fue obtener un beneficio económico, pretendiendo en un inicio que fueran todos los chilenos, con sus propios recursos, quienes pagaran alrededor de $922 millones por el inmueble. Y para ello intentaron pasar por encima de la Constitución, en una operación de tal gravedad que terminó costándole el cargo a una senadora”, manifestaron los parlamentarios.

Para reafirmar sus cuestionamientos, los diputados de la UDI sostuvieron que “si el verdadero propósito hubiese sido transformar la casa en un museo, perfectamente podrían haber donado la propiedad al Estado, pero no lo hicieron”, agregando que “por el contrario, insistieron en venderla hasta que finalmente lograron concretar la operación”.

Producto de lo anterior, Weisse y Bobadilla reivindicaron la decisión de haber recurrido al Tribunal Constitucional, reiterando que “la idea del museo no fue más que una excusa para justificar un negocio que pretendían financiar con recursos de todos los chilenos”, cerraron.