La casa de Guardia Vieja 392 en la que vivió Salvador Allende en Providencia hasta 1971, tiene nuevo dueño. Desde el 4 de agosto de este año, la empresa Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA figura en el sitio del Conservador de Bienes Raíces como propietaria del inmueble.

Según dio a conocer ExAnte y acorde a lo que pudo confirmar este medio, la transacción se desarrolló a cambio de 1.000 millones de pesos. Es decir, $ 78 millones más de los $ 922 millones que el Estado le pagaría a la familia Allende por una transacción que abrió una de las polémicas más bulladas de 2025.

La misma terminó con la destitución de la senadora Isabel Allende (hija del expresidente), la salida de las ministras de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, de Defensa Maya Fernández (nieta del exmandatario) y una causa penal abierta.

La venta se produjo menos de un mes después de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago cerrara esa investigación, luego de que el Ministerio Público comunicara su decisión de no perseverar en la causa, solicitud acogida por el tribunal. El camino quedaba llano para vender el inmueble.

De esto se enteraron los dueños de Linkapsis Geodesia & Ingeniería, empresa dedicada al rubro de la topografía y quienes tenían hace largo rato visto el inmueble. De hecho, su empresa está ubicada en Guardia Vieja 408 hace años y es colindante con el 392 de la ahora excasa de Allende. Eso facilita toda su proyección.

Y es que conocedores del movimiento señalan que la empresa necesita ampliar sus oficinas y como las casas son pareadas y para ellos esta era una oportunidad inmejorable tras finalizado todo el fallido proceso de venta anterior. La familia Allende, además, también estaba dispuesta.

Linkapsis Geodesia & Ingeniería, vale mencionar, es una empresa con 14 años de vida e incluso figura como proveedor acreditado hasta mayo de 2027 en Mercado Público.

El polémico intento de venta

El martes 31 de diciembre de 2024 el Ministerio de Bienes Nacionales (BB.NN.) informó que el gobierno había logrado uno de los anhelos más sentidos del expresidente Boric, quien lo venía planteando desde 2022. Ese día la cartera comandada por Marcela Sandoval envió un comunicado en el que informaba que se habían adquirido las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende. Esta última, por un valor aproximado de $ 922 millones.

Los primeros cuestionamientos, sobre todo desde la vereda de la oposición, fueron en relación al valor que se pagaría, a pesar de que la familia Allende pretendía incluso más dinero. De hecho, dos semanas antes de valorar el inmueble en 922 millones de pesos, BBNN lo había cifrado en $ 828.920.942, lo que no dejó satisfechos a los vendedores y que, conocidos los antecedentes, también le valió cuestionamientos al Ejecutivo: en 14 días la casa había aumentado casi en $ 100 millones su precio. Hoy, dicho está, finalmente se vendió incluso más cara que eso.

En cosa de días el anuncio se transformó en uno de los principales dolores de cabeza que tuvo el gobierno anterior durante toda su administración.

Tras severos cuestionamientos, una denuncia ante el Ministerio Público y reproches -incluso internos- sobre la constitucionalidad de la operación al haber autoridades del Congreso y el gobierno involucradas en la transacción como herederas del inmueble, todo se echó pie atrás mediante un decreto de resciliación que terminó siendo firmado en junio de 2025. Por ley, tanto Isabel Allende como Maya Fernández tenían restricciones en celebrar contratos con el Estado.

Hacia fines de enero, Sandoval perdería su puesto en el gobierno, asumiendo la responsabilidad política del hecho y, más tarde, la senadora sería destituida por el Tribunal Constitucional y la exministra Fernández terminó renunciando ante una inminente acusación constitucional. Para Gabriel Boric, en tanto, el hecho significó uno de los principales y más significativos traspiés de su mandato.