La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que busca establecer “un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos”.

La propuesta contó con la aprobación de 132 diputados, el rechazo de otros 5 y 5 abstenciones.

Durante la instancia se aprobó el artículo 8, del cual solicitaron su votación separada los diputados Irací Hassler (PC) y Jorge Brito (FA), por 111 votos a favor, 3 en contra y 28 abstenciones.

El artículo, relacionado al método de financiamiento de la iniciativa, contó con abstenciones de parlamentarios del PC, FA, PS, PL y el PNL.

Con esta votación, ahora el proyecto deberá ser revisado en el Senado.

Tras la aprobación, la bancada impulsora destacó el beneficio económico que traería a las familias.

“Este beneficio podría significar para una familia $200.000 anuales. Eso significa pagar la calefacción, varios cilindros de gas o, por qué no, la movilización para el trabajo. Hoy día la clase media no está llegando a fin de mes y necesita un salvavidas para poder seguir subsistiendo en esta situación económica muy compleja”, sostuvo el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.

El detalle del proyecto

La iniciativa impulsada por el Partido de la Gente (PDG), y que adquirió notoriedad cuando se transformó en una de las cartas de negociación de la colectividad para que sus parlamentarios aprobaran la megarreforma del gobierno, busca entregar una bonificación equivalente al reembolso del IVA a la compra formal de bienes esenciales, entendido en este caso como “pañales infantiles y de adultos y determinados medicamentos utilizados para patologías crónicas de carácter permanente”.

El universo de beneficiarios se extenderá a tres grupos pertenecientes al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH):

• Madres, padres, representantes legales o personas que tengan legalmente a su cuidado de niños y niñas de hasta 24 meses de edad.
• Personas mayores de 65 años de edad que presenten alguna de las condiciones de salud establecidas en el reglamento.
• Personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que presenten alguna de las condiciones de salud establecidas en el reglamento.

La entrega del beneficio estará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS), por medio de transferencia electrónica directa al Bolsillo Familiar Electrónico de los beneficiarios.

El pago de beneficio se realizará en los 30 días corridos siguientes a la aceptación del reembolso, según estableció el artículo 9 del proyecto de ley.

Según detalló la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda el pasado 15 de mayo de 2026, el beneficio no podrá tener un costo fiscal superior a los 100 millones de dólares durante los primeros 12 meses de su entrada en vigencia. Esta cifra se irá ajustando conforme a la tasa de crecimiento de los ingresos estructurales del Fisco.