“Esta no es una declaración de intenciones más. Esto está planteando una dimensión operativa con la que estamos comprometidos quienes estamos acá”. La frase del canciller boliviano Fernando Aramayo, al cierre de la cumbre de seguridad convocada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y en la que participaron Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, con miras a coordinar un plan de acción conjunto contra el crimen organizado transnacional, reflejó bien uno de los principales desafíos de la iniciativa impulsada por la Cancillería chilena y que este jueves dio su primer paso.

Desde fines de enero, a pocos días de haber sido designado por Kast como futuro canciller, que el exejecutivo del Grupo Quiñenco Francisco Pérez Mackenna comenzó a elaborar en la Oficina del Presidente Electo (OPE) propuestas en materia de seguridad fronteriza -uno de los tres pilares que le encomendó el mandatario como parte de su gestión como jefe de la diplomacia chilena-. Estas debían transformarse en acciones concretas y no quedar simplemente en la elaboración de diagnósticos compartidos y declaraciones de buena voluntad.

La preocupación de que esta iniciativa, que compromete a cinco países sudamericanos para actuar de manera conjunta y coordinada frente al crimen organizado que afecta a la región, termine convertida en una “linda foto”, pero sin resultados concretos, rondó hasta último momento entre los cancilleres y ministros responsables de la seguridad de los cinco países que se juntaron el jueves en Santiago, en el Salón O’Higgins, en el segundo piso de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, para concordar las prioridades que debía contener la hoja de ruta que suscribieron y que los obliga, con plazos y responsables definidos, a seguir avanzando de manera conjunta.

En el recuerdo estaba la cumbre de seguridad convocada por el gobierno de Gabriel Boric el 18 de abril de 2024, en el marco del llamado Consenso de Brasilia, y que reunió en Santiago a representantes de los países sudamericanos y del Caribe con el mismo objetivo: “Establecer mecanismos efectivos para el combate conjunto del crimen organizado”.

Una cumbre que congregó en esa oportunidad a un alto número de países, con visiones y líneas políticas muy diferentes, pero que compartían un diagnóstico similar y que se mantiene vigente hasta hoy: que ningún país por sí solo es capaz de enfrentar los delitos cometidos por las bandas de crimen organizado transfronterizo. El problema es que, en esa oportunidad, no se fijaron sistemas de seguimiento a los acuerdos, ni tampoco objetivos ni metas específicas que tuvieran medidas de accountability para evaluarlas en el tiempo.

Una falla que había tendido a repetirse en distintos niveles. “Tenemos muchos mecanismos de coordinación y cooperación internacional en materia de seguridad y persecución policial y judicial, pero no existe una institucionalidad que facilite el trabajo conjunto”, explican en privado fuentes del Ministerio Público. Lo mismo pasa en las policías.

Involucrar a los organismos intermedios

Desde hace varios años, por ejemplo, el Ministerio Público chileno tiene acuerdos con otros países para enviar al extranjero a personas que entran al sistema de protección a testigos y que, por motivos de seguridad, no pueden permanecer en Chile. El número de chilenos que está bajo esta modalidad se mantiene en secreto, pero, señalan fuentes de Fiscalía, ha ido aumentando en los últimos años. “Todo esto se facilitaría mucho si es que se lograra coordinar una normativa común entre los distintos países”, señalan las fuentes de dicha institución.

Algo que ahora esperan corregir. Lo mismo respecto del trabajo de las policías. Esta semana en Santiago se selló el compromiso para hacer más fluido el traspaso de información y de inteligencia entre los diferentes países y buscar mecanismos para que policías y fiscalías puedan realizar investigaciones y operativos coordinados contra las bandas de crimen organizado. Con esto se evitaría uno de los problemas que se generan en la lucha contra este flagelo: que a medida que son perseguidos en un país, los miembros de la organización delictual se trasladan a otros países vecinos para seguir delinquiendo.

Otros temas complejos fueron saliendo en las conversaciones preparatorias de la cumbre, como regular el intercambio de bases de datos entre distintos países, el uso coordinado de registros biométricos entre un país y otro, el uso de IA para facilitar la trazabilidad de las armas que son contrabandeadas a través de las fronteras o para combatir el lavado de dinero, y el fortalecimiento de las medidas de control fronterizo, fueron algunas de ellas.

Por lo mismo, otro de los desafíos pendientes tras la cumbre de seguridad en Santiago es que el compromiso adoptado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile involucre no sólo a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad, sino que también a las instituciones intermedias: Ministerios Públicos, policías, servicios de Aduanas, organismos responsables de fiscalizar y recaudar tributos, etc.- y que estas últimas se involucren activamente en la elaboración de las medidas específicas que contemplará la hoja de ruta acordada por los cinco gobiernos que suscribieron este jueves la Declaración de Santiago.

Recién el 30 de abril pasado, cuando la organización de la cumbre ya estaba avanzada, el canciller Pérez Mackenna le comentó al fiscal nacional, Ángel Valencia, la realización de este encuentro. Fue la primera vez que el jefe del ente persecutor pudo plantear de manera informal algunos puntos que eran esenciales a ojos de la Fiscalía.

Pérez Mackenna había manejado este tema con su equipo de confianza dentro de la Cancillería y él mismo se había encargado de sociabilizarla en busca de apoyos entre sus pares, primero con los cancilleres de Bolivia y Perú, luego con el de Argentina y finalmente con Ecuador, país que se sumó a exigencia de los peruanos, que plantearon desde un inicio que para ellos no tenía sentido conversar sin meter a Ecuador en el debate.

No fue la única concesión que tuvo Pérez Mackenna en la previa a la cumbre. A fines de marzo, señalan fuentes de la Cancillería chilena, ya tenía el respaldo de los otros cuatro países para realizar el encuentro de alto nivel en Santiago. Pero no estaba definido el contenido de la hoja de ruta que se buscaba suscribir.

El gobierno de Kast esperaba sacar un texto lo más específico posible. Algo que respaldaban las autoridades bolivianas. Sin embargo, el canciller argentino, Pablo Quirno, los convenció de lo contrario. Para el representante de Javier Milei era mejor no ser tan ambicioso y concentrarse en una primera etapa en aquellas acciones que realmente pudieran ser ejecutadas rápidamente por los cinco países.

Fue por eso que, finalmente, optaron por sellar un compromiso de trabajar coordinadamente en la lucha contra el crimen organizado en cinco grandes áreas: intercambio de información, coordinación fronteriza, trazabilidad de flujos financieros transfronterizos, cooperación institucional y en el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta. Y definieron la creación de una mesa de trabajo técnica que en 90 días proponga medidas concretas, medibles y verificables en cada una de esas áreas.

Ese, afirman en Cancillería, será el momento en que participen más activamente las demás instituciones y servicios de los Estados involucrados en temas de seguridad.

El acuerdo también fija normas de seguimiento de los compromisos. De hecho, en 180 días más volverán a reunirse, esta vez en Buenos Aires, para evaluar las medidas técnicas propuestas.

Sumar más países

En sectores de la oposición, aunque valoraron la relevancia de esta cumbre, también advierten la necesidad de que se sume a otros países de la región que no tienen la misma afinidad ideológica ni cercanía política con la actual administración, pero que son claves a la hora de hablar de crimen organizado y de sus efectos en toda Sudamérica.

La ausencia de Colombia, incluso, para algunos de los participantes en esta cumbre era un tema complejo a la hora de abordar la expansión del sicariato en la región.

“Tengo serias dudas de que los esquemas basados principalmente en la afinidad política tengan posibilidades reales de funcionar más allá de la foto del encuentro inaugural. Ese es un gran riesgo. Que esto se transforme nada más que en la coincidencia de voluntades de gente que piensa igual, pero que técnicamente no tenga ninguna bajada”, señala un exsubsecretario de Relaciones Exteriores.

Desde las cancillerías de Chile, Bolivia y Perú destacan que la cumbre fue sólo “un primer paso” y que esperan que otros países se vayan sumando a esta iniciativa. De hecho, fuentes diplomáticas aseguran que Paraguay está muy interesado en participar y que su ingreso se podría concretar muy pronto.

Se trata de un respaldo que es clave. “Uno de los temas que se discutieron mucho el jueves entre los cancilleres y ministros de Seguridad fue el corredor bioceánico que uniría la costa del sur brasileño con el norte chileno y cómo fortalecer las medidas de control aduanero y de fiscalización, no sólo en los puertos, sino también en las fronteras terrestres”, señalan diplomáticos chilenos. “Mientras no se incorpore Brasil a este esfuerzo de coordinación, tener a Paraguay dentro es indispensable si estamos hablando de medidas que sean eficaces”, resaltan las mismas fuentes.

En esa misma dirección apunta la decisión que tomaron hace tiempo los cinco cancilleres, a iniciativa de Pérez Mackenna, de no cerrar la Declaración de Santiago a los cinco países que asistieron el jueves a la cumbre en el edificio Carrera, sede de la diplomacia chilena. Por el contrario, el jueves refrendaron presentar este compromiso de luchar de manera coordinada contra el crimen organizado a la próxima sesión de la Asamblea General de la OEA, prevista del 22 al 24 de junio en Ciudad de Panamá. Pese a que, para entonces, aún no estarán definidas las medidas concretas que definirá la mesa técnica recién creada.

Para Pérez Mackenna, afirman sus cercanos, el paso dado el jueves es sólo un punto de partida y su anhelo sería sumar a otros países grandes de la región. Convencer a México es parte de su apuesta de mediano plazo.

Por lo mismo, en la Cancillería chilena generó algo de desconcierto la declaración que hizo el canciller de Milei, Pablo Quirno, al término de la cumbre, cuando celebró que “el compromiso de Santiago puede aportar una pieza valiosa para una arquitectura más amplia de cooperación en las Américas, en línea con los objetivos del Escudo de las Américas”, en referencia a la iniciativa lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump el 7 de marzo pasado en Florida y al que sólo adscribieron 11 países del hemisferio, todos ellos de derecha y ultraderecha.

Cercanos a Pérez Mackenna aseguran que la decisión de partir las conversaciones con Bolivia, Perú y Argentina se debió principalmente a razones prácticas y a la presión que le puso el entonces presidente electo José Antonio Kast por mostrar resultados concretos en los primeros 90 días. Y, ya como mandatario en ejercicio, para tener avances que mostrar antes de la Cuenta Pública de mañana lunes, en un tema prioritario de su agenda como es la seguridad, más aún tras el fracaso en la gestión de la exfiscal Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad y la polémica que se armó en torno a la falta de un plan en la lucha contra la delincuencia.

“No se podía ser muy ambicioso, era mejor hacer algo simple, muy concentrado en los países fronterizos”, señalan las fuentes del edificio Carrera.

Las primeras conversaciones las tuvo el 26 de enero pasado, cuando se reunió por primera vez con Fernando Aramayo, aprovechando la visita que realizaba a Chile el canciller del primer gobierno de centroderecha en llegar al poder en Bolivia tras más de 20 años de administraciones de izquierda e indigenistas en Bolivia.

Ese día, ambos se juntaron a cenar y de inmediato hubo cercanía entre ellos y coincidencia en fortalecer el comercio, atraer inversiones y capital humano como palancas para el desarrollo, en el acercamiento a Estados Unidos y en la importancia de una relación pragmática entre La Paz y Santiago. Ambos compartían, además, el haber cursado estudios de posgrado en Chicago, aunque en épocas distintas, y tenían una mirada similar respecto de la urgencia de avanzar en una mayor cooperación contra el crimen organizado.

Pasarían casi dos meses para que ambos volvieran a reunirse. Esta vez el encuentro se dio en Bogotá, el 21 de marzo pasado, en el marco de la Celac. Para entonces la idea de hacer una cumbre de seguridad de los países vecinos ya estaba sobre la mesa. Lo que no esperaban era el interés que despertaría la iniciativa en otros actores. A esa cita en la Celac se integró el entonces canciller peruano Hugo de Zela, quien se comprometió de inmediato a impulsar también la idea. Un empeño que mantuvo la Cancillería peruana en abril pasado, cuando tras la inesperada decisión del presidente interino José María Balcazar echó por tierra la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, pese a que el decreto para la adquisición de las aeronaves ya había sido suscrito. El bochorno diplomático frente a la Casa Blanca llevó a De Zela a renunciar, siendo remplazado en el cargo por el exembajador de Perú en Chile Carlos Pareja, quien pese a no haber participado en las negociaciones iniciales, dio continuidad al trabajo que desde Santiago impulsaba la Cancillería chilena.