“No puedo firmar el proyecto en estas condiciones”. Ese fue el mensaje que le transmitió el ministro de Defensa, Fernando Barros, a La Moneda al ver el contenido de la reforma a la Constitución que “Fortalece el sistema nacional de seguridad pública y crea un nuevo estado de excepción constitucional”, el que fue ingresado este lunes en la tarde.

Los ejes generales de la iniciativa apuntan a establecer la seguridad pública como un mandato constitucional y un deber del Estado, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo asociado a un régimen penitenciario especial y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Además, considera inhabilidades en derechos sociales a condenados por terrorismo y crimen organizado.

Las primeras redacciones del texto, que es el “corazón” de la nueva agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), dejaban a las FF.AA. bajo el mando de un general de Carabineros en lo que se proponía que fuera un nuevo estado de “Seguridad Pública”.

Para el mundo militar, donde ya existe resistencia a desplegar tropas en tareas internas, aquello era una línea roja que no estaban dispuestos a aceptar. Y Barros fue el encargado de transmitir el recado, que generó uno de los momentos más tensos en la gestación de este nuevo cambio constitucional.

La alerta que levantó Defensa fue una de varias en el gobierno, donde algunos personeros resienten el hermetismo con el que Seguridad trabajó el texto. De hecho, al ministro de la Segpres, José García Ruminot, le llegó la versión final el jueves de la semana pasada y logró frenar que Martín Arrau lo ingresara al día siguiente, el viernes, como tenía estipulado.

Según fuentes del Ejecutivo, García Ruminot pidió que el escrito fuera revisado por las otras carteras vinculadas al área. Así, se les envió a Barros y a su par de Justicia, Fernando Rabat, quien -según al menos tres versiones del gobierno- también levantó reparos por el contenido del escrito. En su entorno, en todo caso, lo descartan.

El titular de la Segpres, por su parte, también elaboró una minuta con sus aprensiones, la que llevó al comité político de este lunes. En la cita, además, advirtió que no estarían los votos en el Congreso para aprobar una reforma de ese tipo.

Una de las materias que le preocupaban a García era que el texto consideraba “establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad”.

Las objeciones de Defensa y Segpres dieron resultado. El borrador fue corregido y el mensaje que ingresó por el Senado incluía la firma de Barros y García. Además del mandatario, también suscribieron los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau, quien en su calidad de titular de Seguridad Pública será el encargado de gestionar la reforma.

Sin embargo, el texto quedó con un estado de excepción que puede llegar hasta 240 días sin control del Congreso, el que contempla, entre otras medidas, la interceptación de las comunicaciones. En Palacio, si bien algunas autoridades consideran que fue un descriterio la medida, al menos dos fuentes aseguran que ninguno de los firmantes se opuso a esa medida. Es más, transmitieron que era algo que podrían revisar durante la discusión legislativa.

Ese punto, sin embargo, fue el que más levantó críticas. En la oposición apuntaron a que Kast inició un tránsito hacia un gobierno “iliberal”, denominación de la que él mismo intentó desmarcarse esta semana. Mientras que en las filas de derecha también consideran que se traspasó un límite y que se pone en riesgo la institucionalidad.

En el Ejecutivo, en su ala más conservadora, defienden que el texto presentado va acorde a las demandas ciudadanas y que su ingreso responde a esa convicción. También recuerdan que desde el primer momento se planteó que el proyecto podía ser perfeccionado durante su tramitación, una lógica que -dicen- tampoco fue distinta a la discusión que acompañó a la reforma económica, donde inicialmente se cuestionó su alcance.

En los primeros borradores de la reforma, la pluma del Partido Republicano era notoria. Según fuentes de esa colectividad y del gobierno, el senador y presidente de la colectividad, Arturo Squella, con apoyo del académico y constitucionalista Jorge Barrera, quien está en Estados Unidos, habían estado detrás del texto inicial que coordinaba el equipo de Arrau. Por lo que la edición final dejó un sabor amargo a los republicanos.

No fue el único retoque. La UDI, a través de su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, dijo en una entrevista en La Tercera el domingo pasado que no apoyarían un proyecto que dañara a la “institucionalidad”. La presión gremialista también obligó a que los asesores jurídicos de ministerios de La Moneda intervinieran para moderar el texto.

Pese a los ajustes -que transformaron el documento que firmó el Presidente Kast en una ceremonia en La Moneda, el lunes 3 de agosto-, la iniciativa no ha logrado salir de una zona de riesgo. El proyecto hoy está al borde del precipicio, ya que no tiene los votos para ser aprobado ni siquiera en su idea de legislar.

Por tratarse de un cambio a la Carta Fundamental, la reforma de seguridad -que contiene ocho medidas- requiere de 29 votos en la Cámara Alta.

Sin embargo, al menos hay cuatro de los 26 senadores aliados (los independientes Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, la libertaria Vanessa Kaiser y el republicano Ignacio Urrutia) que hoy no aprobarían el texto.

En la oposición, quienes fueron cartas de diálogo para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la megarreforma económica ya no están en la misma disposición. El PDG, los libertarios, la DC, el senador Pedro Araya (PPD) y el independiente Karim Bianchi se han ido atrincherando en el rechazo, junto a otras fuerzas, como el PS. A ello se le sumó la resistencia inicial de RN, la UDI y Evópoli, que, aunque mantienen ciertos reparos, al menos aprobarían en general.

En Palacio, en todo caso, hay quienes transmiten que todo el enredo develó un problema de fondo: el diseño político y comunicacional de Kast. En las carteras políticas transmiten que el director de Comunicaciones y Contenidos, Cristián Valenzuela, junto al Segundo Piso, presionan para puestas en escena de iniciativas y empujar la agenda de manera rápida, y eso impide que haya una buena revisión de los textos y trabajo prelegislativo.

Al rescate

En vista de que la iniciativa no comenzará a discutirse hasta septiembre, esta misma semana Arrau, Alvarado y García iniciaron un plan de salvataje, ya que aún en la misma derecha hay quienes sostienen que haberse embarcado en esta reforma fue un paso en falso. Para algunos legisladores y asesores jurídicos del sector, la agenda de seguridad no necesitaba un cambio a la Carta Fundamental.

Con esa mochila sobre los hombros, Arrau se reunió, el martes, con los diputados libertarios en la oficina de la Secretaría General de la Presidencia, ubicada al costado de la sala de la Cámara. Y el miércoles en la noche lo hizo con los legisladores republicanos en Santiago.

El jueves recibió a primera hora a parlamentarios de RN y luego a los diputados de la UDI, quienes al menos ratificaron que con los últimos ajustes apoyarían todos los pasos que adopte el Ejecutivo. En la tarde, también se juntó con el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Lo que más llamó la atención a quienes estuvieron en estas reuniones es que Arrau estaba entregado para cambiar el proyecto. De hecho, los senadores Squella (republicano) y Andrés Longton (RN) comenzaron a trabajar un paquete de indicaciones para tratar de suavizar la propuesta.

A partir del lunes comenzarán reuniones de equipos técnicos de parlamentarios y el gobierno.

A diferencia del ministro Quiroz, quien desde un principio señaló que no cedería en lo que fuera el “corazón” de su megarreforma económica, el titular de Seguridad dijo a los parlamentarios estar dispuesto a atenuar cada uno de los puntos más controversiales, en la medida en que se mantenga el diseño de un estado de excepción.

Incluso, según la versión de algunos libertarios, habría admitido que la reforma estaba “con el tejo pasado” y que en medio de las tensiones que ha generado esta reforma, apostaría por concentrarse en otras prioridades de su agenda. Algunos, de hecho, interpretaron que el ministro estaba asumiendo una carga que otros habían ideado.

En la UDI y en RN también creen lo mismo. Incluso, en la reunión que sostuvo Arrau con los diputados UDI, uno de ellos le planteó que lo respaldarían en la tarea de sacar adelante un bulto que probablemente fue articulado desde el equipo de asesores del presidente, en el llamado Segundo Piso. Según algunos presentes, Arrau guardó silencio ante ese comentario.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad descartan que el secretario de Estado no comparta el objetivo de esta reforma. Además, señalan que durante las citas con parlamentarios, si bien se abrió a realizar ajustes, recalcó un mensaje: que lo hará en la medida en que entreguen contrapropuestas.

Otras autoridades de La Moneda precisan que si Arrau no estaba de acuerdo, desde un principio debió plantear sus reparos, cosa que no hizo. La prueba final es que firmó el texto que ingresó por el Senado.