El gobierno de José Antonio Kast retiró de Contraloría la Toma de Razón del Decreto N°10 que buscaba modificar el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo bajo la Ley Karin, promulgada hace dos años.

Las modificaciones al actual reglamento fueron elaboradas por la Subsecretaría del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric tras un proceso de monitoreo del primer año de implementación de la ley, cuyo diagnóstico fue un escenario de “tensión” en los procedimientos institucionales a raíz del alto volumen de denuncias.

Consultado por La Tercera, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, apuntó que la normativa “sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación”, declaraciones que provocaron reacciones inmediatas en la oposición ante una eventual modificación del reglamento.

Reacciones desde la Comisión del Trabajo

El diputado subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, advirtió que, si bien apoyan la revisión del proyecto, no permitirán que “se incorporen modificaciones al reglamento que debiliten la protección a las víctimas”.

Adicionalmente, sostuvo que “esperamos que tanto el ministro como el subsecretario de Trabajo asistan a la Comisión (de Trabajo) a explicarnos los alcances de esta medida”.

Sus cuestionamientos coinciden con las declaraciones de personeros de la administración anterior, quienes sostuvieron que el principal riesgo del retiro del decreto radica en que “eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes”.

Por otro lado, el diputado Erich Grohs del PNL, fue categórico en su respaldo al freno de la modificación: “Es claramente una señal de responsabilidad por parte del Gobierno, porque cuando hay observaciones técnicas a un reglamento, lo correcto es retirarlo, corregirlo y reingresarlo bien hecho. Hoy lo que se requiere es certeza jurídica y un reglamento sólido, que garantice una correcta aplicación de la ley y dé confianza tanto a trabajadores como a empleadores”.

En esta línea enfatizó que la ley no puede implementarse con errores o vacíos, al ser “una herramienta fundamental para proteger a los trabajadores frente al acoso y la violencia laboral”.

Desde RN, Ximena Ossandón, quien es co-autora de la normativa, señaló que “de acuerdo a la experiencia que ya tenemos desde que se promulgó la ley y entró en vigencia, hay cosas que podrían adecuarse para su mejor efectividad. Yo creo que tenemos que terminar en algo: tenemos que parar de hacer escándalo, de rasgar vestiduras por cada cosa que el Gobierno retira”.

Constanza Hube, parlamentaria de la UDI, expresó que “el retiro de los reglamentos no es un capricho, es una responsabilidad del Gobierno: revisar su constitucionalidad, legalidad, mérito y pertinencia. Eso es lo que corresponde en un cambio de administración, y bien hecho, no tiene por qué significar retrasos”.

El diputado Mario Olavarría, también de la UDI, se mostró de acuerdo con que el gobierno haga revisión de los reglamentos que estén pendientes. “Me parece que es lógico”, indicó al respecto.

Sin embargo, si bien reconoció que actualmente no son una coalición política, mostró sus reparos respecto a que el Ejecutivo no “nos informe de lo que se va a hacer y el por qué. Eso me parece que no está bien y, en ese sentido, opino que no corresponde y que eso lo debe tener en cuenta el gobierno en el futuro”.