Gobierno da apretón a lobistas-influencers: reforma plantea que transparenten columnas y entrevistas cuando representan intereses

La propuesta gubernamental, ingresada en mayo al Congreso, genera nuevas obligaciones a representantes de intereses para declarar sus acciones, incluyendo, su participación en medios de comunicación.


A pesar de que el mensaje presidencial que modifica la Ley del Lobby ingresó hace dos semanas, el texto que hoy está en manos de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aún no se empieza a discutir.

La iniciativa tampoco tiene alguna urgencia otorgada por La Moneda. Simplemente el Ejecutivo está esperando el momento oportuno para iniciar el debate que podría salpicar a agencias, panelistas y columnistas de medios de comunicación y a más de un grupo de interés, no solo empresarial, también sindical o de índole social. De hecho, las nuevas obligaciones que propone el proyecto abarcan la participación de lobistas en medios de comunicación.

Uno de los objetivos de la reforma enviada por el Presidente Gabriel Boric es hacerse cargo de una serie de vacíos y deficiencias que se han detectado desde que entró en vigencia la Ley del Lobby, en marzo de 2014. Entonces, la norma buscaba regular y transparentar la gestión de intereses, para prevenir e inhibir el tráfico de influencias y la corrupción, en general.

El problema es que, además de los vacíos del texto, el avance de las tecnologías y la evolución y sofisticación que ha adquirido el lobby para influir en la toma de decisiones de autoridades, también ha ido dejando obsoleta la ley a diez años de su publicación. Una muestra de ello fue la polémica que se dio con las reuniones en la casa del exalcalde y lobista Pablo Zalaquett, que no fueron declaradas, pero que tampoco la Contraloría pudo sancionar.

En el detalle, la propuesta gubernamental genera nuevas obligaciones a los propios lobistas y gestores de intereses para declarar y transparentar sus acciones, en vista de que la actual ley dejaba ese deber esencialmente en las autoridades (llamados “sujetos pasivos” en la norma).

En otras palabras, hoy es el ministro, el embajador o el parlamentario, el que está obligado a registrar las actividades en que fue objeto de lobby por parte de terceros, ya sea agentes profesionales y remunerados (lobistas) o activistas no pagados o dirigentes gremiales y sindicales que representan a un grupo (gestores de intereses).

Para evitar la distinción, que al final complejizaba la aplicación de la ley, la propuesta gubernamental parte por unificar los conceptos de lobistas y gestores de intereses en uno solo: “representantes de intereses”.

Además, le otorga un mandato al Consejo para la Transparencia para definir quiénes son “representantes de intereses calificados”, así se evita que algunos agentes traten de sortear las obligaciones simplemente no autodefiniéndose como lobistas o gestores de intereses.

Quiénes sean “calificados” con ese concepto, estarán obligados a informar semestralmente al mismo Consejo para la Transparencia toda acción sostenida que tenga por objeto el lobby, “incluyendo las publicaciones en medios de comunicación y plataformas digitales”, dice el mensaje presidencial.

Esto implicaría que, además, de registrar reuniones o comunicaciones como llamados telefónicos o mensajes de WhatsApp, quienes traten de incidir en decisiones estatales deberían sincerar, por ejemplo, que escribieron columnas, dieron entrevistas o participaron como panelistas en radio o TV promoviendo intereses particulares.

“(Deben declarar) todo evento o manifestación pública, publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos, así como toda publicación o difusión que hayan realizado en medios de comunicación social, sean pagadas o no, con el objeto de promover los intereses de las personas que representen”, dice el articulado.

A juicio de la abogada María Jaraquemada, experta en temas de transparencia, esta norma solo aplica para los representantes de intereses “calificados”, es decir, “los habituales del lobby”.

Adicionalmente, la iniciativa gubernamental plantea una obligación a los propios medios de comunicación: indicar y declarar al Consejo de Transparencia, “en cada ocasión que resulte aplicable, si el mensaje que transmiten, divulgan, difunden o propagan corresponde a una comunicación pagada, identificando al patrocinador del mensaje”.

Jaraquemada -quien integra el Consejo para la Transparencia y lideró una comisión asesora presidencial- dijo que, a título personal, “el proyecto de ley busca modernizar la regulación actual sobre la base de las recomendaciones de la OCDE y de las debilidades detectadas en estos 10 años de implementación, siguiendo lo que han hecho otros países más desarrollados, busca transparentar los ejercicios de ‘influencia indirecta’ que se dirigen a la opinión pública, en general, de modo que los medios informen y den publicidad a propaganda pagada”.

La abogada explicó que “se trata de un tema complejo en el que hay que buscar el equilibrio de dar transparencia a esta materia, pero jamás inhibir el libre debate de ideas ni la libertad de información y expresión”.

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