Pasadas las 09.00 de la mañana, el Presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley destinados a enfrentar la violencia escolar, a raíz de los últimos hechos registrados en establecimientos educacionales.

Si bien desde el Ejecutivo han señalado que siempre se ha querido dar respuesta a este problemática en general, el asesinato de una inspectora por parte de un estudiante en Calama, los hizo acelerar en esta dirección.

Así las cosas, tal como lo adelantó La Tercera, las dos iniciativas que se ingresarán al Congreso están enfocadas en establecer medidas de control en los colegios y en endurecer sanciones por hechos delictuales cometidos en recintos educacionales.

En concreto, el primer proyecto tendrá cinco medidas. Una de ellas establece la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior: entre los requisitos para ser beneficiario está no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

La segunda es la revisión de mochilas o pertenencias de estudiantes y profesores. Otra de las acciones contempla la posibilidad a los profesores de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias con el fin de resguardar el normal desarrollo de las clases.

La cuarta medida busca sanciones por interrumpir clases, apuntando a episodios como las “salidas” convocadas en liceos emblemáticos. Y, la última, contempla la prohibición del uso de gorros, capuchas, pasamontañas o aquellos que no permitan la identificación facial, haciendo salvedad en casos justificados.

Por otro lado, el otro proyecto de ley busca es modificar el Código Penal para establecer una agravante por delitos cometidos en recintos educacionales.

Presidente pide colaboración del Congreso

Previo a la firma, el Mandatario entregó un discurso para justificar el envío de las iniciativas. “Estas son medidas que el gobierno tiene la voluntad de concretar y por eso le solicitamos al Congreso legislar con prontitud. Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrió Chile y Calama”, señaló.

“Esto es una convicción que tiene el gobierno y que tiene la inmensa mayoría de los chilenos. Necesitamos la colaboración de todos los sectores políticos, porque la violencia en las escuelas no tiene color político”, pidió.

Por su parte, las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert; y de Educación, María Paz Arzola, también abordaron las medidas.

“Como ministra de Seguridad Pública sé que debemos adoptar todas las medidas para propender al bienestar, protección y seguridad de los niños, jóvenes e integrantes de la comunidad educativa. Es por eso que hoy se va a incorporar un agravante de responsabilidad penal, es decir, aumentar las penas por los delitos que se cometan al interior de los establecimientos de educación o en sus traslados”, acotó Steinert.

Luego, Arzola señaló: “Hoy en día, la educación y el derecho a la educación se está viendo amenazado por la inseguridad, por hechos violentos, incluso por delitos que no debieron tener cabida en el espacio escolar”.

“Estos proyectos buscan recuperar las condiciones de seguridad en los colegios y, de esa forma, dar tranquilidad a las comunidades educativas, tal como nos están pidiendo”, culminó.