La reforma constitucional de seguridad que el gobierno anunció hace una semana llegará finalmente al Congreso con un alcance más acotado al que anticipaban los borradores que había publicado La Tercera.

En el comité político ampliado de este lunes, La Moneda informó a los presidentes de partido que la iniciativa, que ingresó este lunes, contemplará ocho modificaciones a la Carta Fundamental -en lugar de las 11 medidas que originalmente se habían planteado- y que varias de ellas tendrán una redacción que permita hacer cambios a través de nuevas leyes.

La definición ocurre después de una semana de ruido dentro del oficialismo por el alcance que tendría la reforma.

En particular, generó reparos la medida que establece que las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico quedaran inhabilitadas durante el cumplimiento de su condena y por 15 años posteriores para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales asociadas a derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social.

También se cuestionó que, de acuerdo al borrador, se agregaba en el numeral 2° del artículo 19, que en “ningún caso se considerarán arbitrarias las diferencias de trato que resulten, directa o indirectamente, de las inhabilidades y restricciones establecidas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 bis”.

Finalmente, el Ejecutivo hizo algunos ajustes, pero mantuvo aspectos polémicos del texto. Si bien eliminó lo que pretendían agregar en el numeral 2° del artículo 19, dejó la redacción de que las personas condenadas por delitos referidos a crimen organizado y conductas terroristas quedarán inhabilitadas para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales asociadas a derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social.

Eso sí, añadió que esas restricciones quedarán fijadas según lo establezca una ley de quórum calificado.

Otro de los puntos que sí elimina el Ejecutivo es que en el numeral 26° del artículo 19, establecían agregar el siguiente párrafo: “Se entenderá que las penas, medidas, inhabilidades y restricciones establecidas en conformidad lo dispuesto en el artículo 9° bis, no afectan los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".

Esos puntos habían sido cuestionados públicamente por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien el domingo, en entrevista con La Tercera, manifestó sus reparos a que una reforma constitucional estableciera restricciones de ese tipo. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, señaló, apuntando a las excepciones a los principios generales conocidas en los borradores.

Los reparos de Ramírez fueron abordados este lunes por el propio Presidente José Antonio Kast. En conversación con Radio Duna, el Mandatario sostuvo que el dirigente gremialista había fijado su posición a partir de uno de los borradores que circuló durante los últimos días y no sobre el texto definitivo que el Ejecutivo dará cuenta al Congreso.

“Es una cuestión muy apresurada decir que no cuenta con los votos”, señaló Kast, quien defendió que la iniciativa no corresponde a una nueva megarreforma constitucional, sino a una propuesta acotada a materias de seguridad pública.

Así, la discusión llegó este lunes a la tradicional reunión de los presidentes de partido con el comité político de La Moneda. Allí, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó a los dirigentes el contenido de la propuesta y los ajustes que había experimentado durante los últimos días.

Según indicó posteriormente el secretario de Estado, la reforma tiene tres objetivos principales: incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional y un deber del Estado, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo asociado a un régimen penitenciario especial y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

“Lo que establecemos es que, tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo -nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos, para ser director de escuela-, va a incorporar la posibilidad que a través de una ley especial las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares”, explicó Arrau.

El ministro enfatizó que aquello no implicará una restricción general de derechos. “No estamos hablando de cosas que son bien evidentes y burdas como se han dicho en último tiempo, sino que particulares de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos”, señaló. Esas restricciones, agregó, quedarán entregadas a la discusión de una ley particular, para la cual la reforma constitucional establecerá la habilitación correspondiente.

La explicación de Palacio fue valorada por los partidos oficialistas, que durante los últimos días habían planteado la necesidad de que el gobierno concentrara la reforma en aquellas modificaciones a la Carta Fundamental que fueran estrictamente necesarias para implementar la agenda de seguridad.

Así, a la salida del encuentro los parlamentarios estaban optimistas de que se acogieran las aprensiones del sector y estaban a la espera del texto final. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke confirmó, a la salida del comité político, que el Ejecutivo había reducido el número de cambios. “Hay al menos 11 medidas que se anunciaron por la vía de una minuta (...), que se han reducido”, afirmó.

El senador agregó que “no hay la idea de abrir un debate amplio respecto de la Constitución, sino de hacer reformas específicas precisamente para que se pueda llevar adelante la agenda de seguridad”. En esa línea, sostuvo que la posición de Chile Vamos es que “ojalá se toque exclusivamente aquello que es absolutamente imprescindible en términos constitucionales para que la agenda de seguridad pueda funcionar”.

En tanto, Ramírez aseveró que “salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales de la forma en que se estaban fraguando. Creo que, cuando el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, detalló que “lo que hizo el ministro de Seguridad (durante el comité) es explicar precisamente la reforma más allá de las distintas versiones de borradores en el fondo que han circulado”.

El timonel, además, despejó que no serán afectadas las prestaciones básicas de salud de los condenados, uno de los puntos que más debate generó tras la publicación de los borradores.

“Cuando uno lee la versión que efectivamente vamos a tener a la vista (este martes) en la cuenta en el Senado (…), entiende que lo que se está proponiendo acá es intenso, es duro, pero en ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud y en otro tipo de materias en donde no se hace distinción entre las personas que están privadas de libertad y las que no”, dijo Squella.

El senador, de todas formas, fue crítico de la postura que expresó Ramírez antes de conocer el documento definitivo. “Siempre hay aprensiones, prevenciones que uno va corrigiendo en el proceso. Me llamó la atención que (Ramírez) lo exteriorizara sin todavía tener a la vista el texto”, dijo a Radio Infinita este lunes.

El texto final

Cerca de las 19.00 horas, el Ejecutivo ingresó el mensaje presidencial. Si bien en el oficialismo estaban optimistas después del comité político, por la tarde varios seguían con reparos al texto final.

Otros de los puntos controvertidos del proyecto de ley tiene que ver con el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad. De acuerdo al escrito, este podrá invocarse “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.

Además, extiende el periodo a 120 días, a diferencia de los estados constitucionales actuales que son más acotados. “El estado de excepción de seguridad pública no podrá extenderse por más de ciento veinte días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.

Asimismo, dentro de las facultades están que “el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. Podrá, asimismo, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”.

A diferencia de los borradores, en el mensaje final, el gobierno no define quién queda al mando en el nuevo estado de excepción, solo afirma que será un oficial general, pero no especifica si será de las Fuerzas Armadas o Carabineros. Los borradores dados a conocer por este medio abrían la puerta a que las FF.AA. quedaran bajo el mando policial o, incluso, se dejaba a discrecionalidad del Ejecutivo pudiendo ser una autoridad política.