Política

Guillermo Ramírez: “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”

Aunque está de acuerdo con algunos ajustes a la Carta Magna -como fijar un nuevo estado de excepción-, el presidente del gremialismo se desmarca de un cambio más profundo a nivel constitucional. Plantea que se debe hacer vía leyes. "El día de mañana la izquierda podría decir que no constituye expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones", advierte.

14.08.2026 Guillermo Ramírez Diez Presidente partido UDI Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

En estos cinco meses de gobierno, la UDI ha intentado posicionarse como el partido “más leal” de la administración del Presidente José Antonio Kast, por lo que había evitado desmarcarse de cualquiera de sus iniciativas. Eso, hasta ahora.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en esta entrevista, advierte que algunas de las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo en su agenda de seguridad -que están contenidas en el borrador que dio a conocer La Tercera- debilitan la institucionalidad del país. Por lo mismo, sostiene que, de mantenerse así, no estarán los votos de su partido.

Es más, el diputado sostiene que deben avanzar en fortalecer la Carta Magna y que un camino para eso es volver a subir los quórum para reformas.

“No podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución, solo porque temamos que el TC lo declare inconstitucional”, argumenta.

Y agrega: “La institucionalidad está por sobre cualquier gobierno”.

Esta semana hubo descoordinación en el gabinete, la salida de Duco, el fallo del TC. Pareciera que la instalación no ha concluido. ¿Cuál es su evaluación?

Estoy totalmente en desacuerdo. Esta fue una gran semana. El fallo del TC ratifica la norma más importante del proyectos de reconstrucción: la invariabilidad. Empezó la agenda de seguridad en el Congreso con todo, aprobando proyectos en un día. Y, además, el traslado de los reos a la cárcel de Talca dejó claro a toda la población que aquí la mano va a cambiar. Las señales son positivas y eso probablemente quede refrendado en las encuestas de las próximas semanas.

Pero se vio empañado por lo que le menciono. En el oficialismo transmiten que sigue la sensación de que están en rodaje.

No creo que sea así. Los gobiernos tienen cambios durante los cuatro años. En el caso del Presidente Kast, él ha tomado la decisión de que, cada vez que cree que necesita un cambio, lo hace y no lo dilata para corregir rápidamente el rumbo. Esto contrasta con el expresidente Boric, que confesó que cometió errores al nombrar su primer gabinete y, sin embargo, se demoró alrededor de seis meses en cambiarlo.

¿La vara de medición es Boric?

Estoy comparando estilos. Uno es hacer el cambio de inmediato, el otro es ir acumulando cambios para luego hacer solamente un gran cambio de gabinete.

Hace unos días planteó que la aprobación de la megarreforma no se había aprovechado bien comunicacionalmente. ¿Espera que no les pase lo mismo en seguridad?

La reforma de reconstrucción fue un golazo del gobierno, que se aprobó en tiempo récord. Lamentablemente, en vez de comunicar todo esto, muchas veces nos entrampamos en discusiones que eclipsan el mensaje que deberíamos transmitir. De estas cosas va aprendiendo el gobierno y parlamentarios oficialistas. Espero que en la agenda de seguridad gritemos más los goles.

14.08.2026 Guillermo Ramírez Diez Presidente partido UDI Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Algunos dicen que, comunicacionalmente, la reforma de seguridad es una cancha más cómoda que la megarreforma para la derecha, pero que es más compleja a la hora de conseguir votos. ¿Cómo lo ve?

Es una cancha más cómoda porque son temas más fáciles de comunicar que una reforma tributaria. Creo, eso sí, que para la izquierda va a ser más difícil oponerse ahora, porque la gente sabe exactamente de qué estamos hablando.

¿Van a intentar traspasar los costos políticos a ellos si se rechaza?

No creo que se vaya a rechazar ninguna de las normas, porque casi todas, individualmente consideradas, tienen casi un 70% de aprobación. Pero si finalmente llegan a rechazar, vamos a hacer la pega de comunicar por qué se rechazó.

Que asuman los costos políticos ante la ciudadanía…

Más que los costos políticos, cada uno tiene que hacerse responsable de sus votos.

Pero no en todas las iniciativas hay consenso. El borrador de la reforma constitucional de seguridad ha generado diferencias entre ministros y una fuerte disputa entre senadores sobre si deberían hacerse o no cambios a la Constitución. ¿En qué lado está usted?

No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar.

¿Por qué?

La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente. También así fue como se fue fraguando la reforma agraria. Primero, el presidente Alessandri estableció que, excepcionalmente para estos casos, no era necesario pagar al contado, sino que se podía diferir el pago de los terrenos que fueran expropiados, y luego en el gobierno de Frei Montalva se estableció la excepción para predios de un cierto valor. Así, finalmente, las normas constitucionales que protegían la propiedad privada terminaron siendo inaplicables y, por lo tanto, eran imposibles de contener esta reforma agraria.

¿No están los votos de la UDI con las condiciones actuales de la reforma?

En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad.

De todas las reformas constitucionales que se plantean en el borrador, a su juicio, ¿qué daña la institucionalidad?

Hay reformas constitucionales que se tienen que hacer, como por ejemplo el establecimiento de un nuevo estado de excepción. Eso se hace en la Constitución y sobre eso no tenemos objeción.

¿No tiene objeción tampoco en que quede, por ejemplo, carabineros sobre Fuerzas Armadas?

La discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco me representa un problema. El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado. Si tú pones eso en la constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable.

¿De qué forma puede repercutir eso?

Voy a dar un ejemplo. Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación y nacionalización de los fondos de pensiones? Cuando tú estableces en la Constitución excepciones que son de orden legal, abres una puerta para que la Constitución termine siendo igual que la del 25, una Constitución ineficaz, capaz de detener o de contener iniciativas políticas contingentes que van en contra de los principios de la Constitución. Algo parecido ocurrió con los retiros de fondos de pensiones, que a través de una norma de carácter transitoria se permitió algo que claramente estaba prohibido por la Constitución por ser de iniciativa exclusiva del Presidente.

Siguiendo ese criterio, ¿restringir derechos del artículo 19 a condenados por ciertos delitos, tampoco le parece el camino adecuado? Se plantea para evitar un nuevo fallo desfavorable como ocurrió con el TC en escuelas protegidas.

Yo estoy de acuerdo con el fondo de la propuesta, y entiendo que se está intentando modificar la constitución para intentar evitar lo que ocurrió con Escuelas Protegidas y el Tribunal Constitucional (...). Pero no podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución, solo porque temamos que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Además es una hiperconstitucionalización tan típica en Latinoamérica y tan típica del primer proceso constituyente en Chile que nosotros rechazamos.

¿Pero le parece bien incluir como reforma constitucional inhabilidades a condenados?

Esos temas son sanciones por delitos que se cometan y, por lo tanto, no es arbitrario. Normas como esas existen en todo el mundo y no son controvertidas.

El TC lo rechazó…

Sí, y por eso es un mal fallo. Pero nosotros no podemos debilitar nuestra Constitución sentando el precedente de que podríamos pasar por encima de normas generales de la Constitución a través de excepciones. Insisto, el precedente que se genera es terrible. Porque el día de mañana la izquierda podría decir que no constituye expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones.

¿Intentarán hacerlo por ley, pese a lo del TC?

Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer estas normas en la ley y argumentar de buena forma por qué no son inconstitucionales y si es que finalmente esto se da al TC, hay que ganarlo en el TC. Las sanciones por conductas o delitos están siempre establecidas en la ley. Entonces, no es argumento suficiente el tener la razón para debilitar la Constitución. Nosotros en vez de debilitarla deberíamos fortalecerla.

El senador Macaya también levantó la alerta de que las inhabilidades no pueden afectar prestaciones básicas como salud, por ejemplo. ¿Cómo lo ve con usted?

Esa es la discusión que se dará en el Congreso, pero tiene que darse en virtud de la presentación de un proyecto de ley, no de una reforma constitucional.

Quienes defienden estas reformas sostienen que es legítimo, si tienes mayorías en el Congreso, poder cambiar la Constitución.

Es legítimo intentar cambiar la Constitución, pero con normas o principios que sean propiamente constitucionales. Establecer en la Constitución excepciones que son legales o normas que son de índole legal, al final, insisto, terminan por transformar a la Constitución no en la norma suprema que genera estabilidad, sino en una norma como cualquier otra que puede ser cambiada gobierno a gobierno. Y por eso tenemos que fortalecerla volviendo a subir los quórums a como era antes.

¿A cuánto? ¿A dos tercios?

Es que depende de la norma: cuatro séptimos, de tres quintos y de dos tercios.

¿No es contradictorio que quienes se opusieron a los cambios a la Constitución, y después de que la ciudadanía rechazó dos procesos, ahora quieran reformas?

Cuando uno hace cambios acotados, como son los que la UDI defiende, no se está cayendo en una inconsistencia respecto a nuestra postura en los procesos constitucionales. No hay una contradicción.

Usted cuestionó el fallo del TC, diciendo que era malo. ¿No daña eso a las instituciones?

Yo acato el fallo, pero tengo todo el derecho del mundo a decir que fue un mal fallo.

Pero lo importante es que se ciña a si es que era constitucional o no.

No, lo que se le exige a cualquier ciudadano es acatar los fallos, no estar de acuerdo con ellos. Para corregir las instituciones hay que apuntarlas con el dedo cuando fallan.

¿Hay que corregir el TC?

Hay que mirar el TC en temas que pueden ser más fomes, como limitar las fuentes que el TC puede citar a la hora de redactar un fallo. Estoy absolutamente abierto a discutir reformas al TC. Las instituciones siempre pueden mejorar, pero hoy día la discusión que me preocupa es la de no ser los causantes de un debilitamiento de nuestra Constitución.

Ustedes han querido instalar que son el partido más leal al gobierno y dijo que la izquierda no podrá oponerse a la agenda por el alto respaldo ciudadano que tiene. ¿En qué pie los deja este desmarque?

Nosotros hemos apoyado al gobierno, como todo el mundo ha podido ver con nitidez, no tanto por lealtad, sino por responsabilidad con el país. Y es justamente esa responsabilidad la que nos hace entender que hay que defender la institucionalidad. La institucionalidad está por sobre cualquier gobierno.

“Habiéndo cometido este error, ya se han corregido los protocolos internos”

14.08.2026 Guillermo Ramírez Diez Presidente partido UDI Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Respecto de las descoordinaciones entre ministros, ¿fue un error que Alvarado reconociera que no sabía que se ingresó un requerimiento al TC?

No reconocerlo habría sido mentir.

Pero lo dejó en una situación de debilidad...

Lo dejó en una situación incómoda en ese momento frente a los medios de comunicación. Pero al no ser suyo el error, por supuesto que no afecta su ascendencia y autoridad al interior del gobierno.

¿El error de quién fue?

No tengo claro quién debería haberle comunicado.

¿Daño al gobierno este tipo de descoordinaciones?

Genera ruido e impide que una reforma tan importante como la reforma de reconstrucción se pueda celebrar y comunicar con total nitidez.

¿No hace falta ningún ajuste de diseño?

Tenemos que acostumbrarnos a la nueva institucionalidad en que ya no habrá ministro vocero. El Presidente Kast le ha entregado esa función al ministro del Interior y él no ha cometido ningún error y ha funcionado perfectamente bien. Lo que ocurrió esta semana es un problema de comunicación interna, no de vocería.

Pero ese error de comunicación interna, se externalizó. Si se hubiese comunicado previamente como gobierno, se podrían haber ahorrado esa descoordinación…

Insisto, el problema es de comunicación interna, no es de diseño de vocería.

¿Qué falta ajustar? ¿Que el Presidente apriete más?

Hoy día no falta nada porque, habiéndo cometido este error, ya se han corregido los protocolos internos.

¿Cómo se corrigió?

Básicamente, los ministros tienen que comunicar todo, aunque ellos consideren que quizás no es tan relevante, al Ministerio Secretaría General de Gobierno y será el biministro el que decidirá qué se comunica y qué no a través de la vocería.

¿Todo tiene que llegar a Alvarado?

Todo.

Hay quienes apuntan que el ministro García no está cumpliendo bien sus funciones. ¿Cuál es su evaluación?

La Segpres tiene la misión de relacionarse con el Congreso. Y en el Congreso hemos ganado absolutamente todas las votaciones. Si yo miro los números, la Segpres ha hecho un gran trabajo.

¿Es bueno ese criterio de que solo importan los resultados y que en paralelo cada partido haga y presente lo que quiera?

Cuando termine el gobierno nadie se va a acordar del ruido. Pero las leyes que se hayan aprobado van a quedar.

Pero usted mismo dijo que se genera ruido innecesario…

Por supuesto que yo preferiría tener menos ruido.

La UDI también tiene su propio ruido. Las críticas de Pablo Longueira a María José Hoffmann. ¿Se extralimitó?

Las declaraciones de Pablo Longueira fueron inadecuadas. Pero me quedo tranquilo con la aclaración que hizo Jorge Alessandri, que espero persevere en su idea de ser el próximo presidente de la UDI, de que en su directiva y en el ejercicio de sus funciones no va a haber veto alguno.

Dice “espero que persevere”, ¿está en duda?

No. Él jamás ha manifestado una duda. Pero me encantaría, es la persona indicada.

¿Y Longueira sigue siendo la persona adecuada para la secretaría general?

Ni para bien ni para mal, voy a opinar de ningún candidato a secretario general que ponga algún presidente a la UDI.

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