Apenas 63 horas separaron al recién investido presidente colombiano de su primer gran -e imprevisto- desafío en el cargo. A las 16.30 horas del viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial con la que se dio inicio a su mandato como presidente de Colombia.

Menos de tres días después, a las 7.34 de la mañana del lunes 10, la ambiciosa agenda del mandatario de extrema derecha fue truncada por el terremoto que, según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejaba 287 muertos, 3.975 heridos y 13.077 viviendas destruidas en 15 departamentos y 437 municipios afectados.

Este dato adquiere relevancia adicional ante la falta de experiencia gubernamental del mandatario. De la Espriella ejerció como abogado penalista y empresario en diversos sectores antes de asumir la presidencia y esta es la primera vez que ocupa un cargo público.

El terremoto, de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, se sintió en Bogotá, Quito y Ciudad de Panamá. Es, según medios locales, el de mayor magnitud registrado en el país durante este siglo. Cali, Pereira, Manizales y Quibdó concentran la mayor parte de los edificios colapsados.

De la Espriella canceló sus planes de viaje el lunes, se trasladó a Bogotá y luego recorrió Quibdó y Cali para coordinar la respuesta. Declaró el estado de emergencia económica, mecanismo que le permite ejecutar el presupuesto nacional por decreto sin pasar por el Congreso.

Pero la UNGRD arrastra una situación financiera precaria tras años de manejo cuestionado. Este miércoles, el gobierno designó al nuevo director de la entidad de respuesta ante desastres, David Tamayo. Tras asumir el cargo, el nuevo funcionario advirtió que no habría suficientes recursos ni personal debido al estado en el que quedó tras la administración del presidente izquierdista Gustavo Petro.

“La UNGRD está sin plata, endeudada y sin personal”, sostuvo Tamayo en una entrevista con Semana. “Estamos inquietos porque encontramos que la unidad solo cuenta con 30 mil millones de pesos (colombianos) para la atención de la emergencia por el terremoto. Estamos gestionando recursos adicionales de donaciones internacionales”, manifestó.

La disputa en Chocó

Desde la carrera presidencial, el programa de gobierno de De la Espriella, La Patria Milagro, instaló la recuperación del control territorial como su principal eje, con el respaldo de una línea de crédito internacional y de mil millones de dólares en asistencia anunciados por el Departamento de Estado norteamericano.

Pero la respuesta ante los daños provocados por el terremoto puede retrasar las promesas del presidente. Consultado por La Tercera, el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga (ICP), Carlos Chacón, explicó que la prioridad del gobierno entrante debe ser posicionarse en las regiones afectadas antes que las organizaciones armadas.

“La emergencia obliga a destinar capacidades logísticas, fiscales y de Fuerza Pública a la atención humanitaria, mientras el ELN y el Clan del Golfo pueden aprovechar el vacío institucional para consolidar corredores y economías ilícitas”, sostuvo.

Por su parte, el académico y profesor de Derecho Constitucional, Rodrigo Pombo, coincide en que el impacto fiscal inmediato que tendrá la respuesta ante el terremoto obligará a priorizar los recursos. Colombia tiene un déficit fiscal superior al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según The Economist Intelligence Unit. Además de una deuda pública bruta por encima de los 1.067 billones de pesos colombianos, equivalente a cerca del 60,3% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.

Al respecto, Pombo explicó que la línea de crédito internacional cercana a los 50.000 millones de dólares, los mil millones anunciados por Washington y una alianza renovada con Israel en inteligencia podrían compensar la falta de recursos propios. Sin embargo, “la seguridad requiere una plata inmediata para arreglos de naves y aeronaves, para cambio de equipamiento personal de los militares, para mejoramiento en infraestructura tecnológica”, detalló el académico a La Tercera.

El gobierno no demoró en ejecutar una fuerte ofensiva militar contra los grupos criminales y disidencias armadas. El fin de semana pasado, antes del terremoto, De la Espriella ordenó operaciones contra las FARC y el Clan del Golfo en distintas regiones del país. Las autoridades reportaron la muerte de un cabecilla de disidencias de las FARC en el Meta, la baja de dos integrantes del Clan del Golfo en Antioquia y la captura de cuatro presuntos financistas de esa organización en Urabá.

A propósito de lo anterior, el consultor político y exdiplomático, Hatem Dasuky, anticipa que el gobierno intentará mantener el ritmo de las operaciones contra las organizaciones criminales pese a la emergencia. “No creo que se aplace la agenda en cuanto a esa ofensiva”, afirmó Dasuky.

Sin embargo, el director del ICP matizó las expectativas sobre los plazos. De la Espriella prometió en campaña resultados de seguridad en 90 días, promesa que moderó antes de asumir el cargo. “Una emergencia de esta magnitud hace todavía menos realista medir el éxito exclusivamente por un cronograma de corto plazo”, planteó Chacón.

El departamento del Chocó reúne alrededor de 550.000 habitantes, en su mayoría comunidades afrodescendientes e indígenas. A pesar de estar ubicado en pleno Eje Cafetero, su economía depende de la extracción de oro y platino, la explotación forestal, la pesca y la agricultura de subsistencia. Es, según distintas mediciones, uno de los departamentos con mayor pobreza del país.

La región es cercana al océano Pacífico y a ríos como el Atrato, el San Juan y el Baudó, que conectan el interior del país con zonas fronterizas. Esta geografía convierte al Chocó en un corredor para el narcotráfico y el tráfico de armas destinadas a organizaciones paramilitares. El ELN mantiene presencia en el norte, el centro y las cuencas fluviales del departamento. También, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC disputan con esa organización zonas rurales y corredores estratégicos.

Así como otras zonas aledañas del suroccidente colombiano, Chocó es una región de baja densidad de población, selva húmeda y escasa presencia estatal. También, son regiones donde prima el voto de izquierda. En la segunda vuelta, el 80% del electorado de Chocó votó por el candidato de Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Pombo atribuye la persistencia del voto por el Pacto Histórico en el Chocó a dos factores. Uno, según el académico, es la presión de grupos armados sobre las comunidades. El otro sería el terreno que dejan la pobreza y el abandono estatal para las promesas políticas.

“Entrar con la Fuerza Pública es necesario, es el primer paso, pero no es suficiente”, sostuvo el constitucionalista. Atribuyó esa limitación a la descentralización del gasto público y a los niveles de corrupción en la institucionalidad local, factores que, según explicó, dificultan sostener presencia estatal más allá del despliegue militar inicial.

La respuesta al terremoto expuso la disparidad en el desarrollo regional. En Cali, capital del Valle del Cauca, equipos de rescate llegaron desde Bogotá por vía terrestre en horas. En el Chocó, la evaluación de daños en zonas rurales avanzó con mayor lentitud por fallas en las comunicaciones y por un acceso que, en buena parte del departamento, se limita a rutas fluviales o aéreas.

De la Espriella afirmó este viernes que tiene en mente un proyecto semejante al “Plan Marshall” para ayudar al departamento del Chocó. “Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo el mandatario a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional.

Petro, oposición desde el exterior

El lunes, el mismo día del terremoto, el exmandatario colombiano Gustavo Petro envió una carta a la mesa directiva del Senado pidiendo autorización para salir del país durante el año siguiente al fin de su mandato. A pesar de que la sesión fue aplazada, el miércoles el Senado aprobó la solicitud del expresidente.

Días antes de la entrega del mando, Petro había viajado a Cuba en un vuelo presidencial no programado y su esposa, Verónica Alcocer, apareció en Suecia. Petro perdió además su visa estadounidense el año pasado, después de protagonizar una protesta en Nueva York en la que pidió a soldados de Estados Unidos desobedecer las órdenes de Donald Trump sobre Israel.

Según los expertos consultados por La Tercera, la solicitud de ausencia de Petro se debe a la posibilidad de evitar procesos judiciales en el territorio nacional colombiano.

“Con toda seguridad”, el pedido de salida responde al temor de enfrentar un proceso judicial, afirmó Dasuky. Esto, mientras De la Espriella anunció ante Estados Unidos que documentará los actos de corrupción del gobierno saliente, a través de un comité de “empalme anticorrupción” liderado por el vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Pombo sostuvo una postura similar. Petro fue incluido en la lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos -conocida como lista Clinton-, señalado por vínculos con el narcotráfico, lo que limita sus operaciones financieras en el exterior. A eso se suman, según el académico, escándalos en distintos frentes de la administración saliente. “La posibilidad de que eso termine salpicándolo y redundando en responsabilidades personales del expresidente es extraordinariamente alta”, argumentó.

El desgaste de Petro por el manejo de crisis humanitarias previas erosiona, según Pombo, su capacidad de encabezar su oposición desde las regiones afectadas por el terremoto. “Nadie lo quiere, no lo respetan”, plantea el académico.

“Encuentran en él una incompetencia que deslegitima sus críticas, sus ataques, su capacidad de oposición”, comentó.

De la Espriella prometió en campaña llevar a Petro ante la justicia y ha dicho que buscará su extradición si algún tribunal internacional lo solicita. En la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso, el único órgano habilitado para investigar a expresidentes, Petro acumula más de 200 procesos en tramitación.