Con la discusión de la reforma constitucional en seguridad impulsada por el gobierno ya en curso, el Presidente José Antonio Kast aprovechó la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social para responder a uno de los principales cuestionamientos a dicha agenda: que el endurecimiento de las facultades del Estado para enfrentar el crimen organizado pueda abrir paso a medidas de corte autoritario.

La defensa de Kast tuvo como punto de partida la libertad de prensa, pero rápidamente se trasladó al debate que ya se abrió en el Parlamento. Ante representantes de los medios de comunicación, el Mandatario reivindicó su “compromiso irrestricto” con la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, y cuestionó que su administración sea caracterizada como “iliberal”.

“Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que uno o yo podría ser el representante de un gobierno iliberal. Y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas”, sostuvo.

El Presidente planteó que la forma de hacer frente a ese apelativo son los hechos y el respeto a las instituciones. Recordó, por ejemplo, que tras obtener el segundo lugar en la elección presidencial de 2021, fue el primero en comunicarse con el entorno del candidato ganador para ofrecer su colaboración.

“¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No. ¿Acaso he censurado algún medio de comunicación diciendo ‘este medio de comunicación no puede entrar’?”, aseveró el jefe de Estado.

Pero el punto central de su intervención estuvo en la manera en que su gobierno pretende avanzar en seguridad. Kast sostuvo que las medidas que considera necesarias para enfrentar al crimen organizado están sometidas al debate parlamentario y que será el Congreso el que determine hasta dónde pueden llegar las nuevas herramientas del Estado.

“Algunos podrán molestarse, y es legítimo, cuando uno plantea un estado de emergencia como el que estamos planteando ahora. Pero lo que planteamos es un debate parlamentario, legítimo, donde serán los diputados, los senadores, los que tendrán que determinar cuáles son las normas que necesitamos para enfrentar, por ejemplo, al crimen organizado”, afirmó.

Ese énfasis no es menor para La Moneda. La reforma constitucional que el gobierno ingresó al Congreso plantea modificaciones que buscan fortalecer las atribuciones del Estado frente a organizaciones criminales y establece un marco para eventuales afectaciones de determinados derechos en circunstancias específicas.

El proyecto ha generado reparos de sectores opositores y un debate dentro del propio oficialismo respecto de los límites que debe tener el Estado en nombre de la seguridad.

Frente a esas críticas, Kast puso el acento en los contrapesos institucionales. “Ahí estará establecido cuáles son los derechos fundamentales que hay que resguardar, y en qué casos algún derecho, pasando por el Senado, por el Parlamento, o por los tribunales, pueda ser afectado momentáneamente para combatir organizaciones criminales”, señaló.

Las aprensiones, de hecho, no se han limitado a la oposición. Desde Evópoli, el senador y presidente de la colectividad, Luciano Cruz-Coke si bien aseguró que la agenda de seguridad es una prioridad y que contará con el respaldo de su partido, cuestionó la amplitud de las facultades contempladas para el Ejecutivo en el nuevo estado de excepción.

El exministro del Interior y vicepresidente del mismo partido, Gonzalo Blumel, también puso el foco en los riesgos de ampliar las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia. En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, advirtió que el problema no está solo en quién ejerce esas facultades hoy, sino en el poder que se entrega hacia adelante.

“Siempre hay que tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías fundamentales, considerando que un buen gobierno las puede usar por buenas razones, y un mal gobierno las puede usar por malas razones”, afirmó.

Las advertencias se dan, además, en un contexto en que algunos gestos de integrantes del gobierno han alimentado la discusión sobre los referentes que inspiran su política de seguridad.

Entre ellos, las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien destacó el modelo carcelario impulsado por Nayib Bukele en El Salvador: “Si yo fuera preso, preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá”. Su planteamiento fue cuestionado por Blumel.

Por lo mismo, la intervención de Kast adquirió un matiz distinto. Por primera vez desde que llegó a La Moneda, el Presidente se hizo cargo directamente de las críticas que apuntan a un eventual “halo” de autoritarismo en su administración y en las herramientas que busca incorporar al ordenamiento constitucional.

El Presidente cerró su intervención insistiendo en que su administración defenderá la libertad de expresión, de manifestación, de opinión y de prensa.

“Vamos a luchar incansablemente por la libertad de prensa. En eso creo que no hay comparación con situaciones que se han dado en otras latitudes, en otros países”, selló.