El exministro del Interior Gonzalo Blumel contradijo este martes la comparación realizada por el ministro de Seguridad Martín Arrau respecto al estado de las cárceles chilenas y el funcionamiento del modelo penitenciario de Nayib Bukele en El Salvador.

La idea surgió tras el despliegue comunicacional desarrollado la semana pasada en el contexto de la llamada Operación Cancerbero, con la que se inició el traslado de reclusos hacia el nuevo recinto penal de La Laguna, en Talca.

El ministro Arrau profundizó en esta idea la noche del lunes en una entrevista con Tolerancia Cero, donde reconoció a la experiencia salvadoreña como importante de analizar y donde además realizó una comparación con el estado de abandono de las cárceles chilenas.

“Es triste de ver. No es que defienda la política del presidente Bukele y sus cárceles, pero si yo fuera preso, preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá”, remarcó el titular en Seguridad.

En ese contexto, el otrora ministro durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera abordó con Desde la Redacción de La Tercera esta idea y también el eventual vinculo que tendría con las reformas constitucionales en seguridad que estaría impulsando el Ejecutivo.

Primeramente, descartó que las reformas del gobierno se asimilen al modelo de El Salvador.

“No estoy de acuerdo por una razón, porque cuando uno lee el mensaje y lee también el articulado que se propone, es muy claro en establecer ciertos principios que tienen que compatibilizarse: democracia, libertad, estado de derecho, seguridad. Y en segundo lugar, finalmente en aquellas materias que son más relevantes, van a seguir siendo los tribunales y los órganos jurisdiccionales quienes establezcan las responsabilidades que puedan tener las personas, los individuos, en la comisión de ciertos delitos”, explicó Blumel.

En ese sentido, detalló que en el caso de El Salvador “es el poder político finalmente que encierra y encarcela sin control de una judicatura independiente. Entonces, me parece que esa línea no se ha cruzado y en eso, como corresponde, se preservan esos principios en las propuestas”.

Por lo anterior, se distancia precisamente de la idea señalada anoche por el actual titular de Seguridad: “Yo preferiría mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos antes que por los tribunales de El Salvador, eso es indiscutible”.

“En Chile hay un Estado de Derecho y El Salvador es un régimen que ha sido criticado por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Hay dudas serias y fundadas respecto a su ordenamiento jurídico, a la separación de los poderes y al Estado de Derecho”, añadió respecto a sus dudas sobre el modelo del país centroamericano.

A pesar de lo mencionado previamente, Blumel enfatiza: “No me complica tanto el tema comunicacional como sí me preocupa mucho más que el ordenamiento jurídico, institucional de las normas de la seguridad sean sólidas, sean fuertes, pero respeten de manera muy estricta al Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas”.

Reforma constitucional de Seguridad

Finalmente la noche del lunes, el Ejecutivo ingresó al Senado su reforma constitucional en Seguridad, que involucra un total de ocho modificaciones a la Carta Fundamental, entre las que se mantienen la instauración de un nuevo estado de excepción constitucional y también las inhabilidades en derechos para condenados por terrorismo o crimen organizado.

Consultado sobre estas medidas, Blumel detalló que mantenía ciertas preocupaciones sobre las modificaciones que propone el Ejecutivo.

“Siempre hay que tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías fundamentales, considerando que un buen gobierno las puede usar por buenas razones, y un mal gobierno las puede usar por malas razones”, señaló.

En particular, respecto al nuevo estado de excepción mostró su preocupación por la extensión propuesta por el gobierno de hasta 240 días con prórroga y la interceptación de comunicaciones sin control jurisdiccional.

“Obviamente, uno quiere hacer interceptaciones y uno quiere intervenir comunicaciones del crimen organizado, de grupos terroristas, pero hoy día existe una norma que funciona razonablemente bien, que es básicamente solicitar autorizaciones de los jueces. Eso se ha usado y ha funcionado en un montón de investigaciones en el último tiempo”, remarcó sobre la interceptación de comunicaciones.

Revisa la entrevista completa acá: