Luego de dos años de una accidentada tramitación, en un punto crítico se encuentra el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), una de las iniciativas centrales de la agenda de seguridad.

Esta reforma, impulsada en su momento por la hoy exministra del Interior, Carolina Tohá, establece un protocolo de cómo los policías y efectivos de las FF.AA. -en labores internas- deben actuar en tareas de orden público, de seguridad o en la persecución criminal. Es decir, en qué circunstancias deben usar el armamento (siempre en situaciones de orden público y seguridad interna, no en caso de guerra exterior que se rige por otras reglas).

Sin embargo, la discusión, según admiten varios parlamentarios, se enredó por razones ideológicas y semánticas.

Esta iniciativa se encuentra actualmente en tercer trámite en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado despachara un texto que dejó disconforme al oficialismo y al gobierno.

Por ejemplo, la alianza gubernamental lamentó, particularmente, que se haya rechazado el principio de proporcionalidad para el uso de la fuerza. En cambio, prosperó el principio de racionalidad que era defendido por la derecha.

Lo curioso es que ambos principios, en ningún caso, son antónimos o antagónicos.

“Principio de racionalidad: la fuerza debe ejercerse racionalmente por parte del personal, considerando las circunstancias, el lugar y el contexto”, decía la norma que logró ser aprobada por la oposición.

“Principio de Proporcionalidad: el grado de fuerza utilizado deberá ajustarse a la intensidad de la resistencia o agresión que enfrente el personal… La proporcionalidad no exige igualdad en los medios empleados y, en cualquier caso, se deberá asegurar la superioridad del personal, resguardando su seguridad y la de terceros”, señalaba la indicación impulsada por la izquierda que no alcanzó los votos en el Senado.

Tal como estaban redactadas ambas indicaciones en el Senado, se trataba de dos principios complementarios e indivisibles, ya que por ejemplo, no podría haber un uso proporcional de la fuerza irracional, ni un uso de la fuerza racional desproporcionado.

Pese a ello, no hubo acuerdo entre los senadores, aspecto que hoy es lamentado por diputados de ambos sectores políticos.

“Siento que la discusión se enredó en el Senado más que lo que salió desde la Cámara. Este proyecto de ley no era necesario como tal, puesto que el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden está absolutamente establecido en la ley. ¿Pero por qué se enredó todo esto y por qué llegamos a necesitar este proyecto de ley? Básicamente por los dictámenes judiciales en los últimos años", comentó la diputada Gloria Naveillán (libertaria).

Naviellán agregó que “se habla de la proporcionalidad, pero se confunde con lo que es la racionalidad. Básicamente son dos términos que a lo mejor no son iguales en la definición, pero que van absolutamente amarrados”.

La diputada Alejandra Placencia (PC), en tanto, sostuvo que “se ha dado este debate como si fuera antagónico la racionalidad y la proporcionalidad. Para nosotros son complementarios, porque todos los principios se requieren entre sí, unos con otros. Y mientras más claridad, más certeza jurídica, más garantías de protección para carabineros, que son los que cumplen probablemente las tareas más complejas en la calle todos los días, y más garantías para la ciudadanía”.

“Entonces, frente a eso, para nosotros es indispensable que pueda, con voluntad política, reponerse en una eventual comisión mixta el principio de proporcionalidad”, añadió Placencia.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también coincidió en que la discusión se tensionó innecesariamente. Incluso, señaló que aunque el Senado lo haya rechazado, la proporcionalidad es “inherente” al proyecto y está contemplada en las leyes orgánicas de las policías y en otras recientes normas aprobadas sobre modernización institucional.

Sin embargo, para evitar que estos factores ideológicos enredaran aún más la discusión, La Moneda decidió no apurar la votación y darle más tiempo a los diputados para que analicen el texto.

De hecho, la iniciativa será revisada minuciosamente por la Comisión de Seguridad de la Cámara hasta el martes, para que su discusión se inicie el miércoles en la sala. No obstante, la votación en tercer trámite quedaría para el próximo lunes.

Por ahora, el Ejecutivo no tiene muchas alternativas. La primera es tratar lograr una mayoría para que la reforma sea derivada a una comisión mixta de diputados y senadores con el fin de lograr una nueva redacción. Aun así, la proporcionalidad no podría ser repuesta porque ya fue rechazada por la Cámara y el Senado, salvo que haya unanimidad en la comisión.

La otra alternativa es esperar que culmine la tramitación ordinaria para presentar un veto presidencial que corrija el contenido. El problema de esa medida es que requiere de una mayoría que el gobierno no tiene en el Senado. Por lo tanto, el veto solo sería viable siempre y cuando La Moneda llegue a acuerdo con la oposición.