La olla a presión por los indultos a uniformados condenados por el estallido social se ha hecho sentir en La Moneda.

Aunque en el Ministerio de Justicia llevan varias semanas estudiando la entrega del beneficio presidencial “caso a caso”, el anuncio del Partido Nacional Libertario (PNL) -con el respaldo de republicanos- de impulsar un proyecto de indulto general agregó un ingrediente adicional a la presión que tiene el gobierno.

Pese a que fue el propio Presidente José Antonio Kast, quien al llegar a La Moneda abrió la posibilidad de otorgar indultos particulares en algunos de los casos del estallido, tanto en republicanos como libertarios resienten que todavía no se haya anunciado ninguno de los beneficiarios, por lo que han subido la presión.

El gesto hacia el oficial de Carabineros Pablo Carvajal, quien la semana pasada fue acompañado al Centro de Justicia de Santiago por diputados de esas colectividades tras ser condenado por apremios ilegítimos calificados durante el estallido, evidenció la inquietud en los partidos.

Pero en La Moneda la respuesta es clara: el Ministerio de Justicia sigue estudiando las solicitudes de forma particular y eso se debería mantener en las semanas que vienen.

En ese contexto -afirman fuentes de gobierno- no está contemplado, hasta ahora, involucrarse en la discusión por un indulto general, ni tampoco que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, profundice al respecto, pues -advierten- se trata de un debate más político que debe resolver el Congreso.

“Todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política”, dijo durante el domingo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. En esa línea, agregó que “vamos a tener que seguir con mucha atención esa discusión”.

El titular de Seguridad, Martín Arrau, en tanto, evitó adelantar una postura y recalcó que los indultos “son una facultad exclusiva del Presidente, así que será él quien se refiera a esta materia”.

En La Moneda ven con inquietud como el tema ya ha empezado a generar nuevas fricciones al interior del oficialismo y, por lo mismo, temen que pronunciarse por el tema pueda enredar la relación con algunos partidos del sector.

Durante el fin de semana, por ejemplo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó la postura de su par de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseguró que el análisis del beneficio tiene que ser caso a caso.

“Uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo”, planteó.

“Me cuesta contener la ira al leer esto. Es una vergüenza y solo una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados”, le respondió Kaiser a través de sus redes sociales.

A Ramírez, también se sumaron figuras como los presidentes de Evópoli y RN, Luciano Cruz-Coke y Andrea Balladares, respectivamente, quienes también tomaron distancia de un eventual indulto general.

“Cuatro leyes de indulto general se han dictado desde 1990. En este caso es acotado a los uniformados condenados por “delitos” cometidos en el cumplimiento de su deber de defender nuestra democracia. Fue al gobierno de Chile Vamos al que le salvaron el pellejo y ahora pagan así?“, volvió a responder Kaiser.

Con esos antecedentes sobre la mesa, en La Moneda apuestan por marginarse de esa discusión con el objetivo de evitar un nuevo conflicto en el oficialismo. Esto, después de varias semanas marcadas por la tensión en torno a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

En Palacio recalcan que si es dieran señales en contra de la iniciativa se les abriría un flanco con libertarios y republicanos, mientras que si la apoyan podría generar un conflicto con Democrátas.

En concreto, la iniciativa firmada por la senadora Vanessa Kaiser establece un artículo único para conceder el indulto a los uniformados “que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieren participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del día 18 de octubre de 2019 con motivo de la alteración del orden público”.

Tanto figuras de Chile Vamos como del mundo ligado a Demócratas, advirtieron que se trata de un proyecto inadmisible, pues el indulto es una atribución exclusiva del Presidente.

En ese sentido, el senador Matías Walker, aseguró que “yo espero que el gobierno no se involucre en esta discusión” y recalcó que “hay compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile que impiden otorgar indultos generales en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”.

Entre los libertarios, en tanto, mantienen su postura de avanzar con la iniciativa. Según plantean en privado, la intención es acelerar la discusión una vez termine la semana distrital, para lo que ya se están juntando las firmas para su presentación.

Respecto al rol del gobierno, llaman a que el Ejecutivo fije una postura que avance la iniciativa.

“Espero que el Gobierno fije una posición clara. Hasta ahora ha optado por la cautela, pero una iniciativa de esta relevancia no admite ambigüedades. Si considera que existe una injusticia respecto de estos uniformados, debiera decirlo y actuar en consecuencia y si no comparte el proyecto, también debiera transparentarlo”, dijo el diputado y vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski.