La Corte Suprema rechazó la querella de capítulos que presentó la Fiscalía de Ñuble en contra de la jueza de Garantía de Los Ángeles Cherie Palomera.

Palomera estaba siendo investigada por su presunta responsabilidad en un delito de prevaricación, en el marco de una trama de corrupción en el sistema de persecución penal en Los Ángeles, que involucra a la Defensoría, el Ministerio Público y el Poder Judicial y que se relaciona con el crimen organizado.

El Ministerio Público presentó la querella de capítulos para poder solicitar medidas cautelares ante una eventual formalización de la jueza.

La Corte de Apelaciones de Concepción no acogió la presentación y el máximo tribunal del país confirmó esa decisión.

En la sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema conocida este jueves -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Mireya López y Dinko Franulic- se ratificó la sentencia del tribunal de alzada penquista que no halló mérito para acoger la querella, tanto en cada uno de sus seis capítulos como en el planteamiento global.

“Los antecedentes reunidos no proporcionan mérito bastante de una sentencia manifiestamente injusta dictada en causa criminal por negligencia o ignorancia inexcusables, presupuestos que tampoco emergen del reproche a la corrección jurídica de decisiones que, además, no fueron oportunamente recurridas, de modo que la insuficiencia constatada no obedece a un problema de encuadre típico salvable por esta vía, sino a la ausencia del sustrato indiciario mínimo de los elementos objetivos y subjetivos de las conductas delictuales que le han sido atribuidas a la capitulada”, dice el fallo.

En esa línea, se plantea que “la sentencia recurrida examinó los seis capítulos separadamente y también en su conjunto, y concluyó que los antecedentes, aun ponderados unitariamente, no proporcionan indicios serios de los elementos típicos de los ilícitos invocados”.

“La seriedad general de la investigación y las bases de probidad e imparcialidad de la función judicial —que esta Corte comparte— no eximen de verificar la correspondencia de los antecedentes con cada tipo penal, no pudiendo eludir la concurrencia preliminar de los presupuestos que la ley exige para la prevaricación penal”, expuso la Suprema.

De esta forma, el máximo tribunal manifestó que comparte las apreciaciones de la sentencia apelada, indicando que “examinados los seis capítulos separadamente y en conjunto, no configuran mérito bastante de que la capitulada haya fallado a sabiendas contra ley expresa y vigente, dado auxilio o consejo a una parte en perjuicio de la contraria, o intervenido con una inhabilidad manifiesta que conociera y no comunicara”.

“No se alcanza el mérito requerido por el artículo 425 del Código Procesal Penal, resultando así desestimadas las alegaciones formuladas por los apelantes”, concluye el fallo.

La investigación del Ministerio Público apunta a delitos que se habrían registrado entre 2017 y 2024 en el marco de actuaciones de las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy.

La jueza mantenía una relación de cercanía con las imputadas y fallos que favorecieron a los clientes de ambas levantaron las sospechas del Ministerio Público.

En la investigación, además está imputado el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán, pareja de Romero.

La querella de capítulos en contra de Durán fue acogida parcialmente por la Suprema.

Otro imputado es el exdefensor penal público jefe de Los Ángeles Patricio Gutiérrez Marinado, marido de Cortés.

También son investigados el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles Nelson Sáez Reyes; Paola Jara González, secretaria del estudio jurídico de las abogadas; Claudia Castillo Urrutia, procuradora de la misma oficina; y Moisés Bastardo Bastardo, sicario venezolano de la banda de Los Corbatas que está en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago condenado por dos homicidios consumados y que era cliente de las abogadas.