A las 10.12 horas del pasado 24 de marzo, la fiscal judicial de la Corte de San Miguel, Carla Troncoso, se sentó frente a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para entregar su testimonio en el marco de la causa en la que se indagan presuntos delitos de tráfico de influencias en los nombramientos judiciales.

La declaración de Troncoso, en calidad de testigo, fue requerida por el Ministerio Público porque la fiscal judicial fue la encargada de instruir el sumario en contra del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

Por lo mismo, la declaración de la abogada -a la que accedió La Tercera- partió hablando de Yáber, aunque también terminó con la exposición de una serie de antecedentes que dan cuenta de las presuntas influencias en el sistema de nombramiento.

Una realidad, dice Troncoso, que pudo confirmar a través de una minuciosa investigación, la que incluyó la elaboración de una detallada cronología “de hechos que en mi concepto permitían establecer vínculos entre personas que por relación de amistad, compadrazgo y utilitarias confluían en estos procesos, existiendo denominadores comunes que para mí no tenían explicación, más que en la devolución de favores o promesas en un quid quo pro, ‘doy para que me den’”.

En el caso de Yáber, la fiscal judicial comenzó detallando que era hijo de un notario y tiene un importante arraigo en la “familia judicial”, lo que le permitió concluir que el conservador de Puente Alto siempre “conocía las claves sociales de este sistema de nombramiento”.

Troncoso abordó la relación de Yáber con Gonzalo Migueles, expareja de la otrora ministra de la Corte Suprema, Ángel Vivanco. La fiscal judicial duda de la versión que ha entregado el conservador respecto a que conoció a Migueles en un antiguo trabajo en la Región de Valparaíso. “Debió ser Antonio Ulloa quien hizo el contacto entre Yáber, Vivanco y Migueles”, afirmó respecto a la cronología de los hechos basándose en la versión que ha entregado el exministro de la Corte de Santiago.

La nominación de Yáber

Troncoso profundizó respecto a cómo Yáber llegó a ser conservador de Puente Alto, una zona que contaba con una amplia expansión inmobiliaria que requería de tramitación de aquel oficio.

La fiscal judicial detalló que durante dicho proceso, en el que Yáber terminó 9º, hubo 112 oponentes: “El hecho que se concentrara la votación en tres o cuatro personas indica que había gestiones, un lobby intenso para conseguir votos, particularmente para aquellos que no estaban en los primeros lugares”.

Respecto al mismo proceso, Troncoso detalló que Yáber fue elegido con los votos de los ministros Roberto Contreras, María Estela Elgarrista, Carolina Catepillán, Sylvia Pizarro, Carlos Farías, Soledad Espina, Luis Sepúlveda y Dora Mondaca. La gran mayoría jubilados, excepto algunos ejemplos como Contreras o Catepillán, esta última magistrada suele ser ministra suplente en la Suprema y además es cercana a Ulloa.

A juicio de la fiscal judicial “Yáber tenía un apoyo muy sólido de ministros antiguos sin haber trabajado nunca en la jurisdicción. La terna es de julio de 2018 y en septiembre ya está nombrado, lo que es muy corto el tiempo para cualquier nombramiento, especialmente de un cargo a conservador. Antes de esta fecha estaban los viajes de Ulloa al departamento de Yáber en La Serena. Además, cuando Yáber es nombrado invita a sus amigos Ulloa y su pareja, Vivanco y Migueles a Argentina, lo que comentan en sus chats Verónica Sabaj y Luis Hermosilla como una imprudencia, que son de público conocimiento”.

Pese a que los involucrados han descartado cualquier vinculación entre el proceso y la cercanía de amistad, la fiscal judicial sostiene que aquello no se relaciona a la cronología de los hechos.

Además de eso, agrega, está el antecedente de que Yáber contrató a Migueles para hacerse cargo del área de recursos humanos. Según Troncoso, de su investigación pudo concluir que “Yáber creó un Departamento de Recursos Humanos como forma de justificar la contratación de Migueles e Isabel Ponce, cónyuge del exministro Luis Sepúlveda”.

“Lo que los empleados sintieron era que Yáber estaba muy bien contactado, que tenía amistades con las se encerraba en la oficina y que traía a los amigos a trabajar al conservador”, agrega destacando que el trabajo de Ponce tampoco constó en su investigación pese a mantener una remuneración.

Posterio a eso, la fiscal judicial detalló ante el Ministerio Público la red de funcionarios con cercanía que contrató Yáber, los que, incluso, no tenían ni las calificaciones profesionales requeridas.

La reflexión de la fiscal judicial

Al término de su declaración, y luego de detallar con lujo de detalles toda la red de cercanía que descubrió en el oficio de Puente Alto, Troncoso entregó sus conclusiones a Perivancich.

“Como corolario de mi investigación solo pude clarificar lo que siempre hemos intuido, que el sistema de nombramientos de estos cargos, que generan utilidades tan exorbitantes en algunos casos, y que tienen un componente en el Poder Judicial y otro en el Ejecutivo, es un ambiente fértil para que pululen operadores que fortalecen vínculos con autoridades judiciales y políticas, ganan votos o nombramientos que claramente son retribuidos de alguna manera por estas personas que son favorecidas por estas redes”, dijo inicialmente.

Según detalló, “la forma más burda es el pago directo como es el caso del exministro Ulloa, quien recibía una mensualidad de Yáber y que participó en su votación, otra más indirecta es la contratación de familiares como en el caso del exministro Sepúlveda”.

Además de eso, agregó: “Tengo entendido que el notario Francisco Leiva y Luis Maldonado, en su nómina de personal, mantienen vínculos con familiares de personas que deben conocer y resolver sus sumarios, calificaciones y reclamos varios”.

“Esto es algo a vista y paciencia de todos, que se ha tolerado porque finalmente nadie está dispuesto a asumir el costo de evidenciar esta práctica corrupta porque ello trae como consecuencia el temor que nadie votará por ti si quedaste en una terna, o nadie votará por ti para ascender en el caso de los judiciales”, agregó.

Pero no fue lo único que comentó ante el Ministerio Público. Troncoso relató a las investigadores que “valdría la pena chequear los parientes de estos ministros en el oficio de Leiva. Entiendo que un hijo del exministro Ulloa trabaja con el notario Leiva, que paga muy buenos sueldos a todos sus empleados”.

Una factura

Durante la misma declaración, la fiscal judicial también narró al ente persecutor una serie de hallazgos que conoció durante su investigación sumaria. Se trata de recursos pagados por el notario Rodrigo Ortúzar a Migueles por una supuesta asesoría en medio de un proceso de nombramientos en notarías.

“Ortúzar describe a Yáber como su gran amigo y hermano. Consta en los antecedentes bancarios que me entregó Ortúzar que le transfirió $15.000.000 a Migueles, entre el 4 y 8 de marzo de 2021, razón por la que Migueles le extendió una factura por consultoría en gestión inmobiliaria”, explicó Troncoso.

Además de eso, agregó que “durante el plenario Ortúzar no ofreció ninguna explicación complementaria a este pago, pero alegó la falta de tipicidad de esa conducta para fines sancionatorios administrativos pues el pago se efectuó en una época en que ambos eran privados y yo por esa razón lo absolví de ese cargo en el informe final porque no tenían la calidad de funcionario público a la fecha y por lo mismo, sólo propuse censura por escrito”.

“Yo no pude vincular a Vivanco con su nombramiento ni en Salamanca ni en la Primera Notaría de San Miguel, únicamente Ortuzar tiene que justificar qué fue lo que realmente le pagó a Migueles con esos $15.000.000 porque Ortúzar se asila en la existencia de una factura para validar un pago sin ningún antecedente sobre la naturaleza de los servicios ni su efectividad”, concluyó.

Ese antecedete está en manos de los investigadores quienes han tratado de unir los hilos ya que solo después de esa factura, Ortúzar participó de los concursos y luego empezó a oficiar en el sistema notarial.