Las claves de la disputa por el río Silala y cómo Bolivia cambió su postura durante el juicio

Indígenas aimaras caminan en las orillas del río Silala en el altiplano andino.

En 2016, el presidente de Bolivia acusó a Chile de robar las aguas del Silala. Por este motivo, Chile presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, donde solicita que se declare que este es un curso de agua internacional y existe derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas. Bolivia concuerda con que sería un río transfonterizo, pero acusa que una parte de ese flujo es artificial. El 1 de abril empiezan los alegatos en Países Bajos.




Este viernes 1 de abril comienzan los alegatos ante La Haya por el Caso Silala, que surgió -en marzo de 2016- cuando el exmandatario boliviano amenazó con denunciar a Chile por el supuesto robo de las aguas del río del mismo nombre.

Tras esas declaraciones de Morales, expresadas en la conmemoración de la Batalla de Calama-Topáter del 23 de marzo de 1879, durante la Guerra del Pacífico, el Estado chileno decidió adelantarse a la advertencia y demandar primero a Bolivia, exigiendo el derecho al uso equitativo de ese curso de agua. Motivo por el que Bolivia presentó una contrademanda en 2018.

El río Silala, que según la versión inicial de Bolivia era solo un manantial, nace en dos puntos del altiplano boliviano, a más de 4 mil metros de altura y a unos tres kilómetros de la frontera con Chile.

Debido a la pendiente y fuerza de gravedad, sus aguas solo pueden fluir hacia territorio chileno. Tiene un largo de 10 kilómetros, de ellos, unos 4 km están en territorio boliviano y 6 km en tierras nacionales.

A pesar de esas características -a la fecha de presentación de la contrademanda- Bolivia negaba su carácter transfronterizo y aseguraba que era dueño del 100% de esas aguas.

Además, acusaba que Chile había desviado artificialmente las aguas, mientras que nuestro país defendía que estas caían naturalmente por la pendiente y que no se había hecho trabajos de canalización para modificar su curso. Pero la postura boliviana comenzó a cambiar en los últimos años.

Ya en 2018, Morales afirmó que en realidad “Bolivia tenía soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala”, haciendo una distinción implícita de que habría un flujo natural que sí llegaba a Chile.

“Autoridades bolivianas han reconocido públicamente que existe un flujo natural del Silala que cruza hacia Chile”, dijo en febrero de 2019 el entonces canciller chileno Roberto Ampuero.

Tras la renuncia de Evo Morales en 2019, el 13 de febrero de 2020, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia confirmó públicamente que ese giro, en el que se reconoce que al menos una parte de las aguas del Silala fluyen hacia Chile, se manifestó también en los escritos presentados ante la Corte Internacional de Justicia.

Esa revelación, que fue celebrada por el Presidente Sebastián Piñera y el entonces canciller Teodoro Ribera, generó una polémica en Bolivia, donde esa información era desconocida. Las mismas reglas de la misma Corte de La Hayan obligan a que la documentación del caso se mantenga en secreto hasta la fase de alegatos.

El 23 de marzo de 2022, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien encabeza el equipo jurídico de la defensa chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también afirmó en una entrevista que el argumento boliviano “cambió para beneficio de Chile”. “Hoy el argumento boliviano es que una parte de ese flujo del río Silala sería, lo que llaman ellos, flujo artificial”.

¿En qué consiste la demanda?

El 3 de julio de 2017, el equipo jurídico, liderado por la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, entregó la Memoria de Chile en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, iniciado el 6 de junio de 2016.

En esta demanda, Chile solicita a la CIJ que juzgue y declare que el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. Además, señala que el Estado chileno tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala

Hace más de un siglo, el Silala es utilizado por Chile para la minería, agricultura y consumo doméstico. Uno de sus usos ha sido el suministro de agua potable para la ciudad de Antofagasta y los pueblos de Sierra Gorda y Baquedano.

Por otra parte, el litigio busca que se establezca que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en el Silala.

Además, se plantea que tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre el río Silala, de intercambiar datos e información y de realizar, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental. Según la postura nacional, Bolivia ha incumplido esas obligaciones.

Antecedentes

La disputa comenzó en 1904, cuando Chile y Bolivia delimitaron sus territorios definitivos a través del mapa del Tratado de Paz y Amistad que ambas partes firmaron.

En el acuerdo, que buscó terminar con el estado de guerra existente entre los países luego de la Guerra del Pacífico en 1879, Chile y Bolivia aprobaron un mapa que establecía sus límites internacionales. En dicho mapa, el río Silala es representado como un curso de agua que cruza el límite entre ambos países, entre el cerro Silala y el cerro Inacaliri.

Durante los siguientes 100 años, según señala la defensa chilena, Bolivia reconoció el carácter internacional del sistema hídrico del Silala.

Sin embargo, la primera controversia que abriría la disputa fue el 5 de mayo de 1996, cuando una serie de diarios bolivianos plantearon que cualquier uso de las aguas del Silala por parte de nuestro país debía tener una compensación económica para Bolivia, denunciando que esas aguas eran desviadas artificialmente por empresarios chilenos.

Desde la Cancillería chilena sostienen que Bolivia cambió su postura de forma oficial en 1999 -mientras era presidido por el dictador Hugo Bánzer Suárez-, apelando a que el agua del río en cuestión se ubicaba exclusivamente y de forma natural en terreno boliviano, mientras que llegaba a Chile desviada de forma artificial.

A partir del 2000, se llevaron a cabo reuniones y trabajos en terreno entre Bolivia y Chile en torno a los recursos hídricos compartidos. Ya en 2004, ambos países crearon un grupo de trabajo por el Silala y en 2006 este tema se incluyó en la agenda bilateral.

El 4 de abril del 2009, los gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales anunciaron un preacuerdo respecto del uso de las aguas del río en cuestión. En respuesta a la insistencia de Bolivia respecto de ser los propietarios del 100% del río, Chile se comprometió a pagar por el uso del 50% del recurso hídrico proveniente del Silala de forma retroactiva.

El 23 de marzo del 2016, Morales anunció que demandarían a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el uso de agua del río que traspasa ambos países.

Frente a este último incidente, el Estado chileno resolvió acudir a la CIJ y presentó su demanda el 6 de junio del 2016, dando inicio al caso.

El equipo defensor de Chile

La agente es la abogada y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien ha sido asesora del Estado de Chile en la disputa marítima presentada por Perú ante la CIJ de La Haya. Y la co-agente es la abogada y exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia. Ambas han trabajado en la demanda boliviana por la obligación de negociar una salida soberana al mar.

Participan también el embajador de Chile en los Países Bajos, Hernán Salinas; la coordinadora ejecutiva del Caso Silala, Johanna Klein Kranenberg; y los abogados expertos en Derecho Internacional Laurence Boisson de Chazournes, Samuel Wordsworth, Mara Tignino, Mariana Durney, Andrés Jana Linetzky, Claudio Troncoso Repetto y Luis Winter Igualt. Además, los defensores especialistas en recursos hídricos transfronterizos Stephen McCaffrey y Alan Boyle.

Por otro lado, son acompañados de tres expertos en hidrología: Howard Wheater, ingeniero hidrólogo; Denis Peach, geólogo; y José Francisco Muñoz Pardo, ingeniero civil.

¿Cómo y cuándo serán los alegatos?

Debido a la pandemia por Covid-19, los alegatos se realizarán de forma híbrida, es decir, con algunos de los jueces de la Corte presentes en la sala y otros no.

Los aforos permitirán a solo ocho personas de cada delegación presentes físicamente en la Sala de la Corte, más dos de cada delegación en la galería y cinco por delegación en dos salas de trabajo, dispuestas por la Corte. El resto del equipo chileno estará reunido en el hotel Movenpick, en La Haya.

Los abogados de Chile alegarán presencialmente, excepto uno de ellos que estará online. Asimismo, los especialistas en hidrología Howard Wheater y Denis Peach, también estarán presencialmente durante su interrogatorio.

Calendario

Viernes 1 de abril, de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. - Apertura de los alegatos. Primera ronda de alegatos de Chile

Lunes 4 de abril, de 9 a.m. a 12:00 p.m. - Primera ronda de alegatos orales, incluyendo la contrademanda de Bolivia

Martes 5 de abril, de 9 a.m. a 11 a.m. - Primera ronda de alegatos orales, incluyendo la contrademanda de Bolivia

Miércoles 6 de abril, de 10 a.m. a 12 p.m. - Observaciones de Chile a la contrademanda de Bolivia

Jueves 7 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m. - Interrogatorio de los expertos presentados por Chile

Viernes 8 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m. - Interrogatorio de los expertos presentados por Bolivia

Lunes 11 de abril, de 9 a.m. a 11 a.m. - Segunda ronda de alegatos de Chile

Miércoles 13 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m. - Segunda ronda de alegatos de Bolivia, incluyendo la contrademanda

Jueves 14 de abril, de 9 a.m. a 10 a.m. - Respuesta de Chile a la contrademanda de Bolivia

*El horario señalado fue adaptado a Chile, porque el original es el de Países Bajos. El 1 de abril habrá 5 horas de diferencia con Países Bajos, y a partir del 3 de abril, serán 6 horas.

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