No hay versiones encontradas. A quien se le pregunte en La Moneda si a Máximo Pavez le acomoda ser el nuevo vocero de facto del gobierno, la respuesta es afirmativa. Y, al ser consultado al respecto, él tampoco lo esconde. “Solamente manifiesto mi gratitud con el Presidente por la responsabilidad que me entrega y espero poder retribuir esa confianza con un buen trabajo”, dice el subsecretario del Interior.

El militante de la UDI aborda su nuevo rol, la etapa que busca instalar el Ejecutivo tras el cambio de gabinete y los cuestionamientos que han enfrentado las propuestas en migraciones y seguridad.

“La promesa de campaña fue ordenar la casa y que cambiaría la mano. Y eso está sucediendo en todos los planos”, asegura.

El Ministerio del Interior no solo está a cargo de la coordinación política, sino que ahora toma también la dimensión comunicacional, que ha sido uno de los temas más erráticos del gobierno. ¿Cómo lo ve usted?

Sí, se ha ido notando el cambio de mano comunicacional desde el punto de vista de que los mensajes llegan de manera directa, sin distracciones o sin ruidos políticos. Nos parece que llegan de forma institucional y eso es lo importante.

Todos estos ajustes decantan en más poder del ministro Claudio Alvarado, ¿así debió ser siempre?

La verdad es que en el Ministerio del Interior siempre hemos estado conscientes del rol que la ley le asigna. Después de la creación del Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior es el coordinador e impulsor político de toda la gestión del gobierno. Es razonable entender que ese rol de coordinación política también incluya el rol de coordinación comunicacional.

¿Diría que el ministro Alvarado es el gran contrapeso al ministro Jorge Quiroz? El ministro de Hacienda se ha posicionado como una figura importante del gabinete.

Mire, yo soy profesor de derecho constitucional y la teoría de los pesos y contrapesos en un régimen presidencial se evalúa considerando el Ejecutivo como un todo y como un equipo. Por lo tanto, yo tomo distancia de aquellos análisis que buscan confrontar o que buscan analizar los pesos específicos del ministerio porque estamos en un régimen presidencial.

Pero eso es en la teoría. Más allá del ministro Quiroz, también hubo algunos cortocircuitos con el Segundo Piso.

Hubo una polémica que me pareció desproporcionada a la realidad. El Segundo Piso asesora al Presidente de la República. Y el Ministerio del Interior lo que hace es asesorar al Presidente de la República en la marcha global del gobierno como un jefe de gabinete. Personalmente, nunca he advertido una polémica que haya entorpecido la marcha del gobierno.

El Presidente en la Cuenta Pública hizo una especie de autocrítica respecto del gobierno de emergencia: si bien llegan con ese diagnóstico, aseguró que no se puede quedar en eso. ¿Qué implica esta nueva etapa?

La Cuenta Pública del Presidente Kast da cuenta de manera muy clara de su doctrina de gobierno. Y la doctrina del Presidente Kast es una donde el elemento principal es que sin orden no hay libertad (...). Esta mirada institucional significa mirar a las personas de frente y decir que hay decisiones difíciles, que no hay soluciones inmediatas.

Uno de los grandes pendientes respecto de las expectativas que tenía la ciudadanía de este gobierno son las expulsiones de migrantes irregulares. ¿Cómo se va a cumplir esa meta?

El Presidente, en todos los ámbitos del gobierno, ha puesto metas altas. Esas metas altas van desde crecer al 4%, desde recuperar por lo menos 300 mil empleos. ¿Y cuál es la meta en materia de expulsiones? Yo quisiera precisarle la pregunta. Nosotros tenemos una meta de reordenamiento migratorio. Esa es la meta que tiene el Presidente de la República. Y un componente de ello son las expulsiones forzosas. Pero eso no es lo principal, no es solo eso lo relevante. Lo primero es frenar el ingreso de personas por pasos no habilitados, que eso se está cumpliendo de manera muy nítida. Segundo, hacer cumplir la ley. Eso significa concretar un número de expulsiones que existen decretadas en Chile más o menos del orden de 45 mil.

Ya, pero la promesa de campaña fue distinta...

La promesa de campaña fue ordenar la casa y que cambiara la mano. Y eso está sucediendo en todos los planos, con cifras concretas desde el punto de vista de la fiscalización, del aumento de vuelos de expulsión, pero no hay 300 mil personas con órdenes de expulsión, sino que nosotros tenemos que hacernos cargo de alrededor de 40 mil.

Hubo un enredo respecto de una iniciativa que esbozó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien planteó que se extenderá la detención de migrantes irregulares hasta por 180 días. El senador Arturo Squella confirmó que se prepara esta reforma constitucional para retener hasta por 180 días. ¿Qué es lo que se va a hacer?

Hay que entender lo siguiente: hoy, el ingreso ilegal al país no es un delito, es una falta administrativa. La ley de migración establece una facultad para hacer efectiva la orden de expulsión, que es privar (de libertad) a una persona para poder expulsarla. Es muy importante entender que eso no es una pena (...). La Constitución dice que el lapso de 48 horas (de detención) no se aplica para materializar procesos de expulsión administrativa, sino que la ley fija el plazo máximo en cinco días corridos. Por lo tanto, nosotros necesitamos, para materializar las expulsiones, ampliar ese plazo de “retención”, que tiene un objeto específico, que es avanzar en los trámites migratorios para que pueda esa persona ser recibida en el país al cual va a ser expulsada. Esa es la razón. Y muchas veces sucede que las personas, por estar indocumentadas, por no tener los documentos de identidad, la conversación consular exige más de cinco días. Si usted no lo ha expulsado, a los cinco días tiene que dejarlo libre.

¿Está definido ya que serán 180 días?

El plazo va a ser anunciado por el Presidente de la República.

¿Se tienen que construir centros de retención o está la capacidad carcelaria, por ejemplo, para poder tener un apartado para ello?

La PDI trabaja a toda capacidad para cumplir la ley y hoy hay determinados centros -por ejemplo, el que está en San Francisco- donde cada vez que hay un vuelo de expulsión, las personas son llevadas y conducidas a ese lugar, cumpliendo el respeto a los derechos humanos.

Hace algunos días, Frank Sauerbaum, director de Migraciones, señaló no estar enterado.

La posición del Ejecutivo es la que le acabo de señalar. Nosotros necesitamos ampliar el plazo.

Le pregunto por la sutileza de que uno da la versión y otro dice que no estaba enterado.

La versión la marcan el Presidente de la República y el ministro del Interior. Y ahí hay pleno acuerdo.

¿No debieron llegar al gobierno más preparados en este tema? Considerando la expectativa de la ciudadanía.

Estamos completamente preparados y coordinados.

¿Cuándo ingresa el Registro Único de Vándalos?

El Presidente cumplió con anunciar un proyecto muy importante y, por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de poder discutir algunas ideas esenciales. Aunque el proyecto está listo, esta semana no era su momento, sino que era el momento de lucir otras iniciativas del gobierno. Muchas veces se critica que los gobiernos por sumar muchos elementos a la agenda, impiden que determinadas iniciativas tengan el lucimiento que corresponde.

¿Pero cuándo se ingresará?

El proyecto va a ser ingresado muy pronto.