El triunfo de La Moneda en el Congreso luego del avance del megaproyecto, con el despacho de casi todas las normas de la iniciativa en su tercer trámite constitucional, activó rápidamente la carta de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos de sus aspectos claves.

La fórmula había sido anunciada semanas atrás por el bloque opositor, luego de reuniones de coordinación con los asesores técnicos, que apostó por presentar requerimientos en materias tributarias y medioambientales.

Esto, dado que el grueso de las propuestas del Ejecutivo logró ser aprobado. Entre ellas destaca el “corazón” de la reforma: la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% al 23%, además de la eliminación de la reintegración del 35%, la exención de IVA a viviendas nuevas y las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para ingresar a la gratuidad.

También aquella que faculta a empresas privadas para exigir una indemnización económica al Estado si un tribunal revoca una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Además, las modificaciones a la franquicia tributaria del Sence, que permitirán a las empresas descontar del impuesto a la renta hasta un 0,7% de su planilla anual de remuneraciones por concepto de capacitación.

Los tres requerimientos

En concreto, el intento de frenar la megarreforma será mediante tres requerimientos. El primero apunta a que se declaren inconstitucionales los preceptos referidos a la invariabilidad de disposiciones tributarias por 10, 15 o 20 años, “por ser contrarios con el carácter de Chile como una república democrática, proclamado en el artículo 4° de la Carta Fundamental".

En el texto se señala que en la norma existe un vicio de constitucionalidad “por cuanto vulnera el principio mayoritario y de alternancia en el poder, que constituyen la democracia. Acreditaremos que un precepto legal que establece la tasa de un tributo corporativo que resulta invariable por diez, quince o veinte años resulta incompatible con la democracia”.

Y se reclama que la ley está pretendiendo una medida legislativa que no podrá ser alterada por futuras legislaciones. “Lo inalterable no serán tan sólo los contratos que se celebren al amparo de la norma, sino la norma legal misma”, remarca.

El requerimiento es presentado por los senadores de oposición y designa como abogados patrocinantes a Jorge Correa Sutil, Roberto Carrasco Venegas y al exministro de Justicia, Jaime Gajardo Falcón.

El segundo escrito, también presentado por senadores opositores, busca impugnar aquellos artículos que instauran un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), por “contravenir sustantivamente la Carta Fundamental”, afirman.

Se cuestiona que las indicaciones impugnadas instauran un régimen “en cuya virtud la anulación judicial de una RCA —esto es, la constatación jurisdiccional de que el acto administrativo fue dictado con infracción a la ley— se erige en el hecho generador de un derecho del titular del proyecto a obtener del Fisco la indemnización de los gastos directos, efectivos y no recuperables en que hubiere incurrido, sin que sea necesario acreditar falta de servicio, ante un tribunal arbitral cuya competencia se limita a fijar el monto, y con exclusión expresa de la acción de repetición del Estado contra el funcionario responsable".

Además, se señala que dichas indicaciones son contrarias a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y que contraviene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al régimen constitucional de responsabilidad del Estado y del funcionario.

“No se advierte fundamento lógico ni razonable alguno para que un titular de proyecto sujeto a evaluación ambiental, cuya RCA es anulada por errores del Servicio de Evaluación Ambiental o por sus propios errores (dada la amplitud de la norma, que señala “entre otras” las causales de anulación), goce de un estatuto reparatorio privilegiado", destaca.

Los abogados patrocinantes para esta impugnación son Melissa Mallega Acevedo y Leslie Sánchez Lobos.

El tercer requerimiento es presentado por los diputados de oposición también refiere al “estatuto de invariabilidad tributaria”.

En la presentación se apunta que “considerar la invariabilidad tributaria como una medida constitucional, implica decidir lo mismo respecto de cualquier legislación que se autodeclare invariable en el futuro” y que es "un fraude a las potestades constitucionales, una vulneración del esquema de fuentes y una severa afectación a la democracia".

Los abogados patrocinantes son Domingo Lovera Parmo, Diego Pardo Álvarez, Leslie Sánchez Lobos, Aurora Rozas Moreno, Claudio Troncoso Repetto y Juan Carlos Cayo.

Una vez conocido el resultado en la Cámara, y al anunciar la concurrencia al TC, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, puso presión a los magistrados del órgano.

“Decirle a las ministras y ministros del Tribunal Constitucional, que en sus manos está el destino de nuestra democracia”, dijo.