La aprobación en la Cámara de Diputados de los tres vetos supresivos presentados por el Presidente José Antonio Kast a la megarreforma generó ácidas críticas de parlamentarios opositores.

Los vetos buscan eliminar tres disposiciones incorporadas durante la tramitación legislativa, relacionadas con la prohibición del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y la limitación a 30 días de los plazos de pago a las pequeñas y medianas empresas. Las observaciones del Ejecutivo ahora deberán ser revisadas por el Senado.

Tras la votación, parlamentarios de oposición cuestionaron duramente la decisión de la Cámara y apuntaron a los eventuales efectos que tendría la eliminación de las tres normas sobre personas endeudadas, familias y pequeñas empresas.

La diputada Sofía González (PC) sostuvo que los vetos evidencian, a su juicio, el propósito que estaría detrás de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

“Estos tres vetos demuestran cuál es el alma de esta megarreforma, que es la defensa de los más ricos en desmedro de quienes menos tienen”, afirmó.

La parlamentaria puso especial énfasis en las tres materias eliminadas. Según explicó, una de ellas buscaba terminar con el cobro de intereses sobre intereses; otra permitía eliminar determinados antecedentes financieros después de cinco años, y la tercera buscaba establecer un plazo máximo de 30 días para los pagos a las pymes por parte del Estado.

González calificó como “una vergüenza” que se eliminara, mediante los vetos presidenciales, una discusión que había sido incorporada durante el proceso legislativo.

El diputado Raúl Leiva (PS) centró sus críticas en las disposiciones sobre el olvido financiero y el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. Respecto de la primera materia, advirtió que su relevancia estaría vinculada con la próxima entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales.

“El tema de la ley de protección de datos personales entra en vigencia en diciembre, y está en cuestión si entra en diciembre o no. Por eso era tan importante mantener una norma del olvido financiero para proteger a todos aquellos chilenos y chilenas que querían reemprender”, señaló.

Leiva también cuestionó que el Ejecutivo haya eliminado la norma que establecía un plazo máximo de 30 días para los pagos a las pymes. El parlamentario vinculó ambas decisiones con las prioridades económicas que atribuye al Ejecutivo.

“Parece que lo importante son las grandes empresas, las compañías multinacionales y no los emprendedores de nuestro país”, afirmó.

A su juicio, el Ejecutivo podría haber optado por observaciones destinadas a modificar los artículos en lugar de eliminarlos.

“Podría haber sido un veto aditivo, un veto que modificara las iniciativas, pero estamos acostumbrados a que el gobierno no quiera escuchar, solo imponer”, sostuvo.

En una línea similar, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) acusó al gobierno de beneficiar a las instituciones financieras y a los sectores de mayores ingresos.

“Con la aprobación de estos vetos presidenciales, los grandes beneficiados son los bancos y los sectores de mayores ingresos, mientras las familias endeudadas, las Pymes y la clase media siguen esperando respuestas”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó a las bancadas oficialistas por respaldar las observaciones y aseguró que con ello se eliminaron herramientas que, a su juicio, podían favorecer a personas endeudadas y a las pequeñas empresas.

“Los trabajadores de Chile merecen vivir mejor y estas tres herramientas que se habían aprobado, ideas de la oposición, hoy día el gobierno viene y las aplasta”, afirmó.

El diputado Jorge Brito (FA), en tanto, amplió sus críticas al conjunto de la megarreforma y sostuvo que los vetos forman parte de un proyecto que, según su evaluación, perjudica a regiones y municipios y beneficia a los sectores de mayores ingresos.

“El Presidente Kast vetó el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes. Así cierra una megarreforma que deja fuera a regiones, golpea a municipios y rebaja impuestos a las grandes fortunas. Un capítulo negro. En 2030 tocará arreglarlo”, señaló.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) también cuestionó la eliminación de las disposiciones vinculadas al endeudamiento.

“Uno de cada cuatro chilenos son deudores morosos, principalmente para acceder a vivienda, salud, educación o comprar en el retail. El derecho al olvido financiero o la prohibición del interés sobre interés, únicas medidas que mejoraban su situación, son vetados por el Presidente Kast sin ninguna alternativa al problema”, esbozó.

Oficialismo defiende los vetos

Desde el oficialismo, en cambio, los parlamentarios que respaldaron las observaciones presidenciales sostuvieron que las disposiciones eliminadas podían producir efectos contrarios a los buscados por sus impulsores.

El diputado Luis Pardo (RN) afirmó que las tres normas provenían de mociones parlamentarias que, según sostuvo, presentaban problemas de constitucionalidad y no tenían relación con la idea matriz del proyecto.

“Las tres observaciones nacen de mociones parlamentarias que son inconstitucionales, de hecho, fueron declaradas inadmisibles y que no tienen relación tampoco con la idea matriz del proyecto”, planteó.

Pardo defendió particularmente la eliminación de la norma sobre anatocismo. Según explicó, el ordenamiento chileno ya contempla disposiciones que regulan el cobro de intereses y establecen restricciones a determinados intereses sobre moras y límites a las tasas.

“La prohibición del olvido financiero también es una norma que busca un efecto más bien de impacto público pero que está contenida hoy día. Hoy día no se puede utilizar la información financiera después de cinco años, eliminar la norma que permite ciertas excepciones que son negociadas y acordadas por las propias pymes, perjudica a aquellas pymes que están haciendo uso justamente de aquellas excepciones”, detalló.