El próximo seis de abril podría transformarse en el “día D” para la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Esa jornada, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, está convocado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para entregar su versión por la polémica salida de la prefecta general (r), Consuelo Peña.

Lo que diga, reconocen entre los parlamentarios del oficialismo, incidirá directamente en el tono que adopten como sector respecto a las primeras semanas de Steinert. Y es que aunque el pasado lunes la secretaria de Estado desestimó haber incidido en el llamado a retiro de Peña y aseguró que fue una decisión de la PDI, lo cierto es que algunas versiones apuntan a que su salida ocurrió tras una solicitud expresa de Steinert, debido a diferencias mientras ejercía como fiscal.

En ese contexto, el testimonio que entregue el jefe de la policía civil será clave: si respalda la versión de la ministra, intentarán dar por cerrado el tema y si reconoce las presiones, no solo deja en una incómoda posición a Steinert, sino que también al gobierno que salió a descartar cualquier tipo de irregularidad.

El segundo escenario es el que más preocupa al oficialismo, pues reconocen dejaría con poco crédito a la exfiscal, sobre todo considerando que se trata de una de las carteras clave del Ejecutivo en el marco del “gobierno de emergencia”, donde -recalcan- su máxima autoridad no puede estar bajo ningún tipo de cuestionamiento que no permita sacar adelante la agenda.

Por lo mismo, en las últimas horas se han incrementado las críticas del sector en contra de la ministra.

“Es muy importante lo que diga el director de la PDI. El director de la PDI está citado a la Cámara de Diputados la próxima semana y por lo tanto es muy relevante lo que diga él, porque si él confirma que es una decisión que le correspondió a la institución, ahí me parece que queda bastante cerrada la situación”, dijo el senador Andrés Longton (RN), en entrevista con Radio Pauta.

Y advirtió: “Si el director de la PDI dice que hubo una instrucción por parte de la ministra u otra persona para sacar a esta funcionaria de inteligencia, claramente se genera una dificultad, desde el punto de vista que se dio una instrucción que no correspondía en razón a sus atribuciones. Y ahí el Presidente deberá tomar una decisión”.

En esa línea, recalcó que “claramente puede ser considerada (su remoción) si ejerció una facultad que no le corresponde”.

Al respecto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), dijo a La Tercera que “en la línea de la sinceridad adoptada por el gobierno, quien haya pedido el retiro de la encargada de inteligencia de la PDI, debería dar las explicaciones donde corresponda. No es razonable que la ministra siga contestando y hablando sobre el tema cuando hay una agenda de seguridad, que la ciudadanía espera se cumpla”.

En la UDI también miran con inquietud la controversia. “Es una situación objetivamente complicada, que no debió escalar hasta el Presidente. Ahora, lo procedente es esperar la declaración del director de la PDI y, según su contenido, adoptar alguna determinación”, dijo el subjefe de bancada, Marco Antonio Sulantay.

Su par del gremialismo, el diputado Mario Olavarría, en tanto, afirmó que “la situación de la ministra se complica si es que en la sesión en la Cámara queda claro que de alguna forma tuvo que ver en la salida de la encargada de inteligencia de la PDI. Eso sería muy grave, porque sería una interferencia directa en otros órganos institucionales muy importantes, llevando dos semanas recién en el cargo”.

Entre los socialcristianos el tema también lo miran con preocupación. “Este es un tema que se debe investigar a fondo, sin ningún tipo de presiones ni defensas anticipadas (...). Estamos hablando de una autoridad que es de exclusiva confianza del Presidente de la República. Por lo tanto, será él quien finalmente deba tomar una decisión política”, dijo el diputado Roberto Arroyo.

En ese sentido, reconoció que “será muy importante entonces el informe que entregue la PDI al respecto. En temas de seguridad no hay espacio para dudas ni conflictos de interés”.

El diputado de RN, Andrés Celis, por su parte, afirmó que si “finalmente se concluye que dicha solicitud respecto a esta alta autoridad de investigaciones decía relación con un hecho que no tiene nada que ver con las competencias, atribuciones de la ministra de Seguridad, aquí tengo absolutamente claro cuál debiese ser la decisión que debe tomar el Presidente de la República”.

Además, agregó que “si las conclusiones del director de investigaciones van en esa línea, tampoco lo exculpa a este mismo de no haber informado de aquella decisión al mismo Presidente”.

En el oficialismo preocupa que la titular de Seguridad tenga que estar respondiendo por la polémica y no desplegando su agenda en el marco del “gobierno de emergencia”. Sin ir más lejos, recalcan las mismas fuentes, este lunes Steinert tuvo que volver a referirse al tema.

“La relación con la Policía de Investigaciones está perfecta, seguimos trabajando juntos. Hemos tenido procedimientos de relevancia (...). No se ha debilitado por nada”, aseguró la ministra.