¿Una Constitución que se transforme en letra muerta? La alerta que se instaló en la Comisión de Normas Transitorias

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Los convencionales de la instancia que está diseñando la transición constitucional se están viendo enfrentados a un dilema propio de cualquier cambio de este tipo: muchos de los derechos y artículos del borrador necesitan de una ley para que tengan una aplicación práctica. Esto requerirá sí o sí de la voluntad del Congreso para dictar esa nueva legislación. Si eso no pasa, los preceptos serán texto en blanco. Por lo mismo, los constituyentes están analizando las opciones para achicar al máximo esta opción y amarrar lo que más puedan al Poder Legislativo.




La Comisión de Normas Transitorias lleva días discutiendo cómo será el proceso de transición constitucional en caso que, en el plebiscito de septiembre, gane la opción Apruebo. En medio de ese debate, los convencionales se han enfrentado a la complejidad que significa pensar un régimen transitorio para este borrador que modifica casi todo el ordenamiento jurídico vigente, trasforma varias instituciones actuales y crea nuevos órganos.

Por eso, a medida que la discusión avanza, los constituyentes se han dado cuenta de que el principal problema será todo el entramado de leyes que se tienen que dictar para darles una bajada práctica y concreta a los derechos y preceptos constitucionales que quedaron plasmados en el borrador.

El primero en instalar este tema fue el contralor Jorge Bermúdez. En su presentación del miércoles, el jefe de la Contraloría comentó un asunto que quedó dando vueltas entre los convencionales. “Después de un año de vigencia de la nueva Constitución, lo que ya no se implementó la ciudadanía empieza a pensar que eso ya nunca más fue norma real y que quedó simplemente en el papel. Se pierde totalmente la expectativa de que eso vaya a ocurrir y, por lo tanto, eso genera mucha frustración en la ciudadanía”, afirmó Bermúdez.

Sus palabras abrieron un nudo de difícil resolución que hoy se volvió a discutir con el ministro Giorgio Jackson (Segpres), quien fue a exponer a la instancia. Los convencionales necesitan que el Congreso legisle a tiempo las leyes. Sin esas leyes que crean los nuevos sistemas -como el de Justicia, el de Educación o el de Salud- esta institucionalidad no puede existir. De hecho, el nuevo mecanismo de acción de tutela de derechos fundamentales, que es la vía para reclamar la vulneración de una garantía constitucional, tampoco podrá existir si no se dicta la ley respectiva.

El mismo contralor expuso que el Congreso tiene sus propios proyectos de ley e incluso existen las iniciativas del Ejecutivo que son parte de su programa de gobierno. Eso se suma al hecho de que el Congreso está fragmentado y ningún sector controla alguna de las cámaras. ¿Qué alternativa existe ante esa abultada carga legislativa? Una opción es que la Convención, a través de normas transitorias, le imponga plazos al Poder Legislativo para tramitar una ley.

Por ejemplo, existe una norma transitoria, aprobada en general, que plantea que el Parlamento -en un plazo de dos años- debe dictar la ley que crea el Consejo para la Justicia, un órgano clave del futuro Sistema Nacional de Justicia. Sin embargo, el problema es que esos plazos no tienen ningún castigo en caso de que no se cumplan.

Esto mismo fue alertado por la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. “No existe una sanción aparejada al no cumplimiento de los plazos por parte del legislador. En consecuencia, si esos plazos no se cumplen, no hay un efecto de cara al Parlamento, pero sí podría haber un efecto interpretativo que posteriormente redunde o signifique la consideración de que ha caducado la posibilidad de dictar estas normas, lo que sería muy grave, porque implicaría que los preceptos constitucionales respectivos no podrían cumplirse”, aseguró.

Artículos que se transforman en letra muerta no son una novedad en la tradición constitucional chilena. Un ejemplo específico es lo que pasó con la intención de crear tribunales contenciosos administrativos. Esto se quiso hacer en la Constitución de 1925 y se incluyó una norma sobre esto, pero la ley que los debía implementar nunca se dictó. Luego, la Carta Magna de 1980, en su texto original, buscó el mismo propósito, pero la ley tampoco se dictó y esta referencia luego desapareció en el texto constitucional de 1989. Después, en 1990, el gobierno del expresidente Patricio Aylwin envió el proyecto de ley al Congreso, pero tampoco se tramitó. Eso nos lleva a la Convención, que por tercera vez intentará crear, en la Constitución, tribunales administrativos.

“Si la gente ve que no pasa nada tendrá que volver a las calles”

Este escenario, comentan los convencionales, implica un acto de confianza entre la Convención y el Congreso. Una confianza de que los parlamentarios harán su trabajo para que la Constitución tenga efectos concretos y reales en las personas. Sin embargo, el ánimo general de los constituyentes es de desconfianza hacia el Poder Legislativo. Todo eso fue expuesto por los convencionales ante el ministro Jackson.

La convencional Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) fue enfática en decir que los cambios de la nueva Constitución no pueden esperar 10 o 15 años para entrar en vigencia. “¿De quién depende que esto no sea letra muerta? Es de ustedes. Nosotros les podemos dar tiempos y ustedes pueden no cumplir, y me refiero al gobierno y al Parlamento. Puede que no cumplan y ahí tendrá que salir la gente a las calles a decirles que cumplan, porque esto es un contrato social entre quienes no vamos a estar más en el poder y entre quienes sí van a estar en el poder. Si la gente ve que no pasa nada, tendrá que volver a las calles”, comentó Vallejos.

Por su parte, el convencional Tomás Laibe (Colectivo Socialista) interpeló al ministro expresando la necesidad de contar con mayores recursos para el costeo y gradualidad que van a tener las iniciativas que la propuesta de nueva Carta Magna busca implementar: “¿Qué materias de la nueva Constitución pueden ser implementadas rápidamente que vayan alineadas un poco con lo que estaba pensando el gobierno en relación al traspaso de competencias o al fortalecimiento de los gobiernos locales? En el documento se señala correctamente que hay que esperar la dictación de la ley para implementar las asambleas regionales y todo lo que está en Forma de Estado, pero ¿qué materias efectivamente el gobierno ya está pensando en implementar”, expresó.

Por otro lado, la convencional Adriana Ampuero también se refirió al punto: “Nosotros fuimos electos para hacer realidad los derechos sociales. La gente no nos mandó acá para modificar instituciones solamente, nos mandó acá también para hablar de educación, para hablar de salud, para hablar de pensiones, y en ese contexto me encantaría saber qué están pensando, porque tampoco lo vi con tanta claridad en el informe. ¿Cuáles son sus urgencias en materias de derechos sociales? ¿Cuál es el compromiso del gobierno para que hagamos el tránsito en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda?”.

En representación del pueblo mapuche, el convencional Adolfo Millabur criticó que dentro de la presentación de la Segpres se señalara que se “recomienda establecer una norma transitoria, suspendiendo la entrada en vigencia de los derechos mientras no se dicte una ley”.

“No podemos, con una trampa de norma transitoria, suspender el derecho que la Constitución nueva les ha garantizado a los pueblos indígenas. Eso sería una mala forma de poder abordar la urgencia, porque yo creo que dentro de los principios que ustedes también plantean, cosa que coincido como la gradualidad, la responsabilidad fiscal y todo eso, no es posible también perder el sentido de urgencia de lo que tiene que ver la implementación de la Constitución”, aseveró Millabur.

El convencional, además, añadió que “no puede ser que porque irroga gasto fiscal se haga una postergación del ejercicio de la ejecución del derecho. En esa parte, ministro, le tengo que decir que esa recomendación, por lo menos en los escaños, no la recogemos”.

El ministro Jackson recogió las interpelaciones y dijo que una fórmula para evitar esta situación es que algunas potestades de carácter administrativo se puedan delegar en el Ejecutivo, para así evitar el Congreso. Esto lo dijo haciendo alusión a la propuesta de Bermúdez de crear un nuevo decreto con fuerza de ley adecuatorio.

“Lo que nosotros estamos planteando no es que el Ejecutivo reemplace en aquellas cosas fundamentales que requieren una nueva ley al rol del Legislativo, sino que tenga que presentar los proyectos en algún plazo que se determine por una comisión que pueda encontrar los plazos razonables para que esta Constitución sea implementable. Pero al mismo tiempo sea un contrapeso en el sentido de que si no se logra legislar en cierto plazo, para que esto no se transforme en letra muerta, el Congreso Nacional tenga de alguna manera un incentivo a llegar a acuerdos”, agregó el titular de la Segpres.

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