“Ojalá que sigan tan contentos”, expresó con tono mordaz y amenazante la diputada Pamela Jiles (PDG) al expresar su molestia por la decisión del oficialismo, con la venía del gobierno, de desechar una indicación presentada por ella y otros legisladores de su partido que complementaba el proyecto que crea agravantes para los delitos contra integrantes de la comunidad educativa.

El episodio registrado el miércoles en la tarde, ocurrió horas antes de que el Partido de la Gente desahuciuara el acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aprobar la idea de legislar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. A ojos de los legisladores del PDG, el jefe económico no había cumplido con la palabra de enviar una propuesta paralela que efectivamente devolviera el IVA por compras de medicamentos y pañales.

En el caso del incidente protagonizado por Jiles, su molestia apuntaba a una iniciativa que estaba en manos de la Comisión de Constitución, de la que ella es integrante. Esta norma es uno de los pilares de la agenda contra la violencia escolar, junto al proyecto de Escuelas Protegidas que ya fue aprobado por la Cámara.

Lo paradojal es que la alianza gubernamental le había hecho un gesto semanas atrás a Jiles al acceder a fusionar la iniciativa original de La Moneda con una moción parlamentaria presentada por la legisladora del PDG con su bancada.

Sin embargo, en la discusión dentro de la Comisión de Constitución el Ejecutivo presentó una indicación nueva, que a juicio del oficialismo recogía la propuesta del PDG, por lo tanto era innecesario apoyar ese texto alternativo.

Ello fue remarcado por la diputada Constanza Hube (UDI), en la sesión.

La furia

Las explicaciones no fueron suficientes para la parlamentaria opositora.

“Yo quiero replicar lo que acaba de decir la diputada Hube. A mí me parece que siempre en política y en la vida es bueno ser claro. Aquí lo que se ha hecho tiene un nombre tan feo, ¿ya? Que no lo voy a decir. Lo que aquí se ha hecho está clarísimo. Y es la excusa de que se tomó una parte... Aquí lo que se ha hecho es eliminar el proyecto que presentó el PDG", arremetió Jiles.

“Esta historia comenzó, les recuerdo a todos, cuando los diputados del oficialismo se negaron a refundir un proyecto. Hubo que hacer una larga tratativa para que se allanaran a refundirlo, y el resultado es que, amparados por el ministro de Justicia (Fernando Rabat), han venido aquí a votar el proyecto del PDG, que era un aporte para una política de seguridad con la que el PDG ha querido colaborar”, remarcó.

“Eso es lo que está ocurriendo aquí, y todo lo que viene después de eso son maniobras para tratar de votar el resto del proyecto, cosa que además es absurda desde el punto de vista legislativo. O sea, además son torpes, porque ya, al no contener el artículo 1° del proyecto nuestro, del PDG, ya nada tiene sentido. Entonces, ni siquiera se esfuercen tanto, porque ya lograron su objetivo. Logró, señor ministro, su objetivo por su intermedio", dijo la legisladora

“Esto es botar el proyecto con el que el PDG intentó colaborar con una política pública del gobierno. Eso es lo que le pasa a los partidos, a las fuerzas políticas, a las fuerzas ciudadanas, que intentan colaborar con una política pública mal hecha del gobierno”, concluyó la parlamentaria.

El diputado Luis Sánchez (republicano) intentó poner paños fríos, valorando el aporte del PDG, pero reiterando la postura del gobierno de que la propuesta de Jiles había sido subsumida por la nueva indicación de La Moneda.

Por ejemplo, una de las diferencias es que la propuesta del PDG buscaba castigar a personas externas como apoderados que agredieran o amenazaran a personal docente, mientras que la enmienda final del Ejecutivo usaba un concepto más amplio como comunidad educativa.

Tampoco prosperó una mención en particular contra las amenazas, lo que a juicio del oficialismo también era redundante ya que ese delito ya está contenido en el Código Penal.

Pese a ello, la molestia quedó instalada.

Si bien en el PDG descartaron que ese conflicto en particular haya incidido en el rechazo posterior a la propuesta de Hacienda para el megarreforma, en el oficialismo quedaron preocupados por la influencia que puede ejercer Jiles cuando estas iniciativas gubernamentales tengan que votarse en la sala.

En el Congreso, de hecho, aún está fresco el recuerdo del rol que jugó la diputada opositora en 2023 cuando se rechazó la reforma tributaria del entonces Presidente Gabriel Boric y su ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En todo caso, independiente del conflicto puntual por el tema de violencia escolar y el fallido acuerdo en la megarreforma, las votaciones del PDG ya comienzan a mostrar su vocación más opositora que alineada con el gobierno. Por ejemplo, rechazaron algunos artículos del pasado proyecto de combustibles, mayoritariamente votaron en contra de la idea de legislar de Escuelas Protegidas y tampoco acompañaron al ministro José García en su iniciativa para subir el quórum en torno a textos inadmisibles.