El directorio de Codelco decidió desistirse del recurso de amparo económico que había interpuesto contra la Contraloría General de la República ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de la controversia por el proyecto de litio en el Salar de Ascotán.

La decisión fue informada por la estatal a través de una declaración pública, luego de la publicación en el Diario Oficial, el pasado 9 de julio, de la Resolución N°14/2026 de la Contraloría, que modifica la Resolución N°36, sobre normas de exención del trámite de toma de razón.

“En consideración a la publicación en el Diario Oficial del 9 de julio de 2026 de la Resolución 14/2026 de la Contraloría General de la República (...) el directorio de Codelco ha tomado la decisión de desistirse del recurso de amparo económico interpuesto por Codelco con fecha 18 de junio ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago”, señaló la cuprífera en el comunicado.

La acción judicial había sido presentada el 18 de junio por Codelco, presidida por Bernardo Fontaine, en contra de la Contraloría, luego de que el organismo revisara el procedimiento asociado al otorgamiento de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) a Minera Ascotán SpA, empresa coligada de la estatal.

Según publicó La Tercera, la estatal impugnó un oficio emitido el 22 de abril por la Contraloría, a partir del cual el ente fiscalizador revisó la legalidad de los requisitos y condiciones para el CEOL de Minera Ascotán, proceso a cargo del Ministerio de Minería.

En esa oportunidad, Codelco sostuvo que la exigencia de someter ese tipo de actuaciones a toma de razón era “completamente inédita” y ajena a su carácter empresarial, argumentando que la Corporación actúa bajo reglas de derecho privado en el desarrollo de sus actividades económicas.

Nueva resolución de Contraloría

La Resolución N°14/2026 de la Contraloría establece modalidades especiales de control respecto de los actos de empresas del Estado, o públicas, productoras de cobre o de sus subproductos. En particular, dispone que determinados acuerdos de directorio quedarán afectos a un control de reemplazo, entre ellos la constitución, participación, modificación, retiro y extinción de personas jurídicas.

La norma también considera dentro de ese control la adquisición de acciones u otros títulos de participación en sociedades, así como la autorización de aumentos o disminuciones de la participación del Estado, sus organismos o empresas, en el capital o en el directorio de las sociedades donde tengan presencia.

En esos casos, las empresas deberán remitir a Contraloría, en un plazo de 10 días hábiles desde la adopción del acuerdo respectivo, copia del acta y sus antecedentes fundantes. El organismo podrá revisar la documentación con el objetivo de cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas y la regularidad de sus operaciones.

En el desistimiento, la cuprífera precisó que “la Contraloría ha modificado su criterio en el sentido de no exigir a Codelco que emita actos administrativos sobre decisiones corporativas relativas a sociedades en las que tiene participación y los someta a toma de razón”, cambiando así, las bases que motivaron el inicio del proceso.

Codelco reafirma colaboración con Contraloría

Tras desistirse de la acción judicial, Codelco afirmó que mantiene su respeto por las atribuciones del órgano fiscalizador y que continuará colaborando en los procesos de fiscalización dentro de su competencia.

“Codelco reafirma su pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría y continuará colaborando en todos los procesos de fiscalización que realice en el ámbito de su competencia”, indicó la estatal.

La empresa agregó que esta decisión se enmarca en su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el cumplimiento del marco normativo vigente.