A menos de 250 días del término del mandato del Presidente Gabriel Boric, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entregó un balance de la gestión del Comité de Ministros durante esta administración, órgano que preside la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y que representa la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según cifras del organismo, entre el 11 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2025, el comité ha revisado 38 proyectos por un total de US$24.057 millones, de los cuales aprobó 29, con una inversión asociada de US$18.266 millones. Este último monto casi duplica lo aprobado durante todo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, aunque con un menor número de iniciativas. Así, entre el 11 de marzo de 2018 y el 10 de marzo de 2022 se aprobaron 34 proyectos por US$9.731 millones. A su vez, durante la administración anterior se revisaron 37 iniciativas por US$11.869 millones.

El Comité de Ministros revisa en última instancia las resoluciones ambientales de proyectos que han sido objeto de reclamaciones, y tiene la facultad de aprobarlos, rechazarlos o exigir modificaciones. De ahí su carácter clave en la actual institucionalidad ambiental vigente. Además de la ministra del Medio Ambiente, está integrado por los ministros de Salud, Ximena Aguilera; Economía, Nicolás Grau; Agricultura, Esteban Valenzuela; Energía, Diego Pardow; y Minería, Aurora Williams.

La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó a Pulso el trabajo realizado: “Hemos reducido de forma importante los plazos de revisión de proyectos en el Comité de Ministros. Hasta la fecha ya se han analizado 38 proyectos en lo que va de la actual administración, lo que sobrepasa la totalidad de lo revisado por la administración pasada entre marzo de 2018 y marzo de 2022. Lo más importante de esto es que ya no existen proyectos que se encuentran esperando durante años para una revisión del comité, y esa fue una de las medidas que hemos tomado con la finalidad de entregar mayor certeza. Una reclamación no puede ni debe esperar 2 mil días y, por eso, al día de hoy, todos los proyectos que esperan para ser revisados fueron reclamados, a más tardar, en junio de 2024”.

Durán añadió que este cambio se debe tanto a medidas administrativas, como a la voluntad política del gobierno: “Es una definición que tomamos como administración, y para eso hemos agilizado la tramitación interna, pero por sobre todo, ha existido la voluntad política de los ministros y ministras del comité presidido por la ministra Maisa Rojas, de zanjar proyectos, por el bien de todas las partes involucradas, y que no queden esperando un turno hasta por 5 años”.

El Comité de Ministros revisa recursos de reclamación contra las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos que ingresan al SEIA, como contra Estudios de Impacto Ambiental, además de reclamaciones derivadas de procesos de revisión especial de RCA, conforme al artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, y solicitudes de invalidación contra decisiones del propio comité.

Una vez ingresado un recurso, la secretaría del comité —que depende del Departamento de Reclamaciones de la División Jurídica del SEA— evalúa su admisibilidad, solicita antecedentes a las direcciones regionales y organismos competentes, y elabora el análisis técnico y jurídico antes de agendar la sesión en la que se vota el caso. Las actas y resoluciones son públicas y están disponibles en el sitio web del SEA y en los expedientes de cada proyecto.

Sobre el impacto de esta agilización, Durán insistió en que “no puede existir una brecha de hasta cinco años entre una reclamación y su revisión en el comité. Nos pusimos como meta acortar al máximo estos plazos con el fin de dar certezas y eso no es solo para el inversionista, sino que para todas las partes. Tenemos una buena evaluación de esta reducción de plazos, pero creemos que podemos avanzar aún más”.

Entre las grandes iniciativas que han sido aprobadas por el Comité de Ministros durante la actual administración se encuentran el proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American (US$3.000 millones); la Línea 7 del Metro de Santiago (US$2.528 millones), y la concesión Américo Vespucio Oriente II, tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes (US$714,2 millones).

En tanto, ha rechazado seis proyectos, por un monto total cercano a los US$3.250 millones. El más relevante es Dominga, con una inversión estimada de US$2.500 millones. Le siguen Andes LNG (US$650 millones), la Planta WTE Araucanía (US$80 millones), la Línea de Alta Tensión 1x220 kV Tubul-Lagunillas (US$15,4 millones) y el Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable (US$5 millones). En el caso de la línea, la planta y el centro de manejo ambiental, las iniciativas ya contaban con un rechazo previo, y la actual administración confirmó esa decisión.

Críticas a la instancia

Pese al positivo balance que hacen desde el gobierno, la figura del Comité de Ministros es uno de los factores clave que está entrampando la reforma al SEIA que se encuentra actualmente en el Congreso, en la Comisión de Hacienda del Senado. De hecho, mayoritariamente en el mundo político existe la noción de que debe dejar de ser parte de la institucionalidad ambiental, pero la propuesta del gobierno para su reemplazo no ha convencido a la oposición.

Pulso consultó al respecto a un grupo de abogados especialistas en derecho ambiental, tanto en lo relativo a su funcionamiento como a su permanencia.

Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA, sostuvo: “Creo que ha sido constante el Comité de Ministros en aprobar proyectos a pesar de sus impactos ambientales, en línea con un sistema de evaluación ambiental que está mal calibrado, siendo mucho más favorable a la aprobación de proyectos que a la protección ambiental que debiera cautelar”.

Por su parte, el exsubsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, Felipe Riesco, señaló “que el sistema institucional en materia de calificación ambiental está agotado, independiente del gobierno que lo gestione. Desde 2013 en adelante, con excepciones, los plazos vienen aumentando sostenidamente por diversos factores. Es necesario reformar el SEIA en serio. Dotarlo de autonomía legal, con un gobierno colegiado que permita darle independencia del gobierno de turno, quitarle las competencias a los servicios sectoriales en materia de evaluación y concentrarlas en el SEA, y eliminar el Comité de Ministros. Y reformar también los tribunales ambientales. El deterioro institucional ambiental ha sido muy grande, en línea con el deterioro institucional del país”.