El 8 de junio de 2018, Enjoy celebraba tras adjudicarse la concesión del casino de Viña del Mar por 15 años, con una oferta que superó en más de 18% a la de su principal rival de entonces, el consorcio sudafricano-chileno Sun Dreams. Propuso pagarle 831.123 UF cada año a la municipalidad de la Ciudad Jardín. Hoy eso significa casi $34 mil millones de ingreso directo a la entidad edilicia que lidera Macarena Ripamonti.

Un dinero que está puesto en duda luego de que esta semana una nueva licitación, que debió adelantarse siete años por la renuncia de su operador, quedara desierta: es decir, sin ningún interesado en gestionar este casino, el más antiguo del país que ha permanecido en funcionamiento ininterumpidamente desde su creación en 1930.

Es que los últimos años en la historia del casino de Viña ha estado salpicada de golpes, que hacen ver muy lejano ese día de 2018, cuando la familia Martínez, su controlador de la época, festejaba su triunfo.

Porque entremedio debió soportar el estallido social y, sobre todo, la pandemia de covid-19, que lo mantuvo cerrado ocho meses en 2020 y funcionando a media máquina por otro año más, lo que provocó que su empresa concesionaria enfrentara dos reorganizaciones judiciales para no quebrar y debido a ello, tuviera que cambiar de dueños y devolver la concesión.

En un entorno todavía incierto, el futuro del casino de Viña está en manos de un gobierno cuyas prioridades han estado en otro lado, pero que está obligado a actuar, porque hay plazos que se agotan. Y la ciudad de Viña del Mar tiene considerado esos recursos en su presupuesto municipal.

Historia de un descenso

Cuando Enjoy ganó su última concesión en 2018, el complejo de Viña del Mar era uno de los que más ventas y visitas tenía en el país. Pero cuando empezó a operar esa licencia, en julio de 2021, con más de un año de pandemia encima, la situación se había estropeado.

Y no dejó de decaer después de la crisis sanitaria. Su principal carga, la elevada oferta económica de 831 mil UF anuales con la cual su anterior controlador había ganado la concesión, fue una cifra que, indexada a inflación, se hizo cada vez mayor -con años de subidas de precios como el 2021, de 7,2% y 2022, 12,8%- y que iba en la dirección contraria de una industria que empeoraba, con un descenso en visitas y ventas que el rubro vincula a la proliferación de la ilegalidad: los casinos físicos y las apuestas online. Además, su competencia trabaja en mejores condiciones: el casino Monticello Dreams, más cercano a Santiago y más grande, paga sólo 25.655 UF ($1.048 millones al 16 de agosto de 2026) al año al municipio de San Francisco de Mostazal.

En su memoria 2024, Enjoy resaltaba que en 2018 el pago al municipio representaba el 39,3% de sus ingresos y seis años después, ya era el 55,2% de sus ingresos. “Son ofertas no sostenibles ni para Enjoy ni para ningún otro operador”, decía en su reporte.

La crítica situación financiera, que involucraba a todos sus casinos del país, llevó a Enjoy a sufrir dos reorganizaciones judiciales para evitar la quiebra y mantener el giro. La segunda, suscrita en agosto de 2024, obligó a la compañía a deshacerse de sus establecimientos en Rinconada de los Andes, Antofagasta, Chiloé, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas y Viña del Mar, que pasaron a ser controladas por una nueva sociedad llamada Casinos de Chile.

Casino del Mar S.A. es la sociedad que opera el casino-hotel de Viña, que es controlada en un 99% por Casinos de Chile, una sociedad cuyo 95,2% es de Inversiones Asterix, cuyo dueño final en un 100% es Francisco Ignacio Álamos Rojas, presidente ejecutivo y fundador de la compañía de seguros de crédito Avla. El restante 4,8% de Casinos de Chile lo conservó Enjoy, lo mismo que un 1% de Casino del Mar.

Tras la segunda reestructuración de pasivos de Enjoy, Casino del Mar ha mostrado un continuo descenso en sus ingresos: si en 2023 registró $50.918 millones, en 2024 cayó a $48.613 millones y en 2025, a $45.848 millones. Y en UF, como está denominada la oferta de pago al municipio, la baja se observa más profunda: 1.383.730 UF en 2023, 1.265.331 UF en 2024 y 1.122.493 UF en 2025.

El panorama financiero llevó a Enjoy, titular de la concesión que duraba hasta 2033, a tomar la decisión de devolverla.

El 18 de agosto del año pasado, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego -integrado por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein, la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, y el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca- autorizó adelantar el fin de la concesión, aunque dándose una holgura de tres años, hasta septiembre del 2028.

Por ello, la renuncia no desliga al operador de inmediato, el que deberá “seguir operando con todas las obligaciones económicas, legales y reglamentarias que correspondan”, según señaló la resolución de agosto del 2025.

“Entre estas obligaciones se encuentran el pago de la oferta económica a la municipalidad respectiva; el pago del IVA y del impuesto por entradas, los que van a fondos generales de la nación; así como también el impuesto específico al juego, que va en directo beneficio de la municipalidad y del gobierno regional”, agregó el documento.

Así, si en el segundo semestre del 2028 ya debe existir un nuevo operador licitado y listo para tomar la posta, debe ser elegido al menos con un año de anticipación, para garantizar que tenga el tiempo, recursos y contratos para preparar su aterrizaje.

Primer intento fallido

Y con ese fin se llevó a cabo la licitación del pasado martes, donde además de Viña del Mar, se concursaba por la gestión de los casinos de Iquique, Coquimbo y Pucón. Sólo hubo ofertas únicas por estas dos últimas plazas, de sociedades que no operan casinos: por Coquimbo presentó oferta la administradora general de fondos Alza, de los empresarios financieros Álvaro Alliende y Fernando Zavala, y por Pucón, una firma encabezada por el exgerente de Tesorería de Enjoy Andrés Raggio.

Ni Viña ni Iquique tuvieron postores.

Las razones que explicaron el desinterés de los actuales operadores de casinos eran coincidentes: un aporte obligatorio al municipio demasiado alto y condiciones adicionales establecidas en las bases técnicas muy onerosas, que reducían fuertemente la rentabilidad del negocio.

El complejo de Viña tiene una superficie de 34 mil metros cuadrados, que incluye un casino con 1.309 máquinas tragamonedas y 64 mesas de juego, y un hotel de 60 habitaciones, que añade un centro de convenciones, siete restaurantes y un night club.

Las bases obligaban a un pago mínimo anual a la municipalidad sustantivamente inferior al actual: 394 mil UF (casi $16.100 millones), pero con un sólo pago anticipado en enero de cada año.

Pero a eso se agregaba un requerimiento de infraestructura del entorno: un proyecto de “mejoramiento integral” de la Avenida Perú (la costanera de Viña) con un costo máximo de 120 mil UF ($4.900 millones) que incluyera reposición de veredas y calzadas, cambio de luminarias, mejoramiento de la ciclovía y el mobiliario urbano.

Asimismo, se exigía mantener al 100% de los trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento cuando se declaró la renuncia de Enjoy: 589 personas a agosto del 2025.

Y por último, se planteaba la obligación de que las dependencias del casino continuaran funcionando en su actual ubicación, puesto que ambos edificios, el del casino y el del hotel, son propiedades municipales. Este requisito fue solicitado al menos en dos oportunidades por la alcaldesa Ripamonti.

Cómo se saca adelante

Dado el fracaso de esta semana, la Superintendencia de Casinos de Juego deberá organizar un nuevo proceso de licitación. En su reporte del martes, el propio órgano regulador admitió que se deberá iniciar pronto.

Pero hay un problema institucional: desde febrero que la entidad está acéfala, puesto que ese mes concluyó el plazo máximo de mandato que podía ocupar Vivien Villagrán. Y en el Consejo de Alta Dirección Pública ni siquiera aparece como iniciado el concurso público para llenar ese puesto. La reciente licitación fue encabezada por el superintendente interino, Eduardo Cáceres.

La decisión en todo caso debe provenir del gobierno. Pues debe ser el Consejo Resolutivo el que deba revisar las condiciones especiales que se incluyan en las bases. Y este consejo es encabezado ahora, por recién nombrado subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona.

Y entre esas condiciones especiales que tendrá que revisar están justamente las que criticaron los incumbentes para no participar del proceso: la oferta económica mínima garantizada, la infraestructura turística de la comuna y la dotación del casino.

Para este nuevo proceso, el consejo tiene 120 días de plazo, durante el cual deberá darle audiencia al alcalde de la comuna involucrada para conocer sus exigencias.

Consultada la alcaldesa Ripamonti, sólo envió una respuesta por escrito, donde emplazó a Vallebona: “Creemos que se abre una nueva oportunidad para este proceso de licitación, ya que existe un nuevo subsecretario de Hacienda”. Y añadió: “Él tiene la oportunidad de hacer las cosas bien y esperamos que en este proceso, demuestre su capacidad y la experiencia para liderar la licitación del Casino de Viña del Mar, el cual sostiene económicamente a la ciudad desde hace 95 años”.

Al consultar por las pretensiones económicas de Ripamonti en un segundo proceso, desde la municipalidad contestaron que ellas ya están expuestas en la licitación, sin abrirse a algún cambio en el monto mínimo o en las demás condiciones.

Incumbentes piden cambios

No está claro cuánto puede pesar en la decisión del Consejo Resolutivo la opinión de los actores que hoy detentan concesiones de casinos en el país. Pero al menos son quienes presumiblemente podrían expresar mayor interés en el futuro del casino de Viña.

Sin embargo, su eventual participación en un segundo proceso licitatorio dependería de varios cambios en las bases.

Para reevaluar su interés, Dreams, como era de suponerse, piensa que debe revisarse la estructura de la oferta económica anual, que en vez de pagarse en enero de una vez, se pueda saldar en 12 cuotas al mes vencido.

Los requisitos de mejoría del entorno y laborales, dijo la compañía controlada por Claudio Fischer, deben ser compatibles “con la viabilidad económica, la realidad actual del mercado y operacional del proyecto”. Y pide también que se considere un plazo de puesta en marcha, “certeza sobre cuándo y en qué condiciones se entrega el inmueble, y la posibilidad de realizar una visita técnica previa”.

En tanto, Marina del Sol cree en la posibilidad de cambiar la ley y plantea que en vez de un aporte único garantizado igual cada año en UF, “el ganador sea quien oferte pagar a la municipalidad el porcetaje mayor de sus ingresos brutos, además de los impuestos normales que pagan hoy todos los casinos”.

Esto, explicó, permitiría bajar el riesgo de un valor fijo por 15 años, “en una industria cuyos ingresos y visitas van a la baja”. E incluso va más allá y estima que no debiesen existir requisitos especiales adicionales, y asegurar que el operador que renunció a su concesión, Enjoy, transparente el valor de venta de sus activos y no pueda participar del concurso ni ninguna empresa o persona vinculada a ella. “Si no se dan estos requisitos, es imposible competir”, aseguró.